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La diputada federal, Blanca Alcalá Ruiz afirmó que la bancada del Grupo Parlamentario del PRI votará en contra del Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2023, porque es centralista, donde se beneficiará a pocos; es reduccionista, porque la prioridad son las obras del gobierno, así como discrecional y no es estratégico, que busque resolver los problemas de largo plazo.

Al intervenir en la reanudación de la Séptima Reunión Ordinaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, indicó que este presupuesto le queda a deber a la Legislatura de la Paridad, maneja una reasignación mínima que representa el 0.007 por ciento del gasto total de 8 billones, donde el 70 por ciento son recursos que se le quitaron al INE

Tras evidenciar que el proyecto de egresos no toma en cuenta a las 112 personas que participaron en parlamento abierto, propuso reducir los gastos de operación de programas sociales, que, aunque han aumentado los beneficiarios, no debería reflejarse en los gastos fijos, para mejor encausarlos a cubrir otras necesidades de los mexicanos.

Lamentó que se vuelva a dar prioridad al Tren Maya, a pesar de los subejercicios, y con esto tener otra vez pocas obras para todo el país, como lo refleja el programa carretero que no tiene ninguna distribución significativa.

En su oportunidad, el diputado Francisco Yunes Zorrilla aseguró que este presupuesto no congrega las demandas y anhelos de superación de todas las regiones y sectores del país. No es palanca para generar desarrollo regional, subrayó, ni trata de generar mejores condiciones de vida, que se logran a través de mejores instituciones de educación, acceso a las garantías de salud, e infraestructura, sobre todo en carreteras rurales, hoy canceladas.

Argumentó que la reasignación de recursos solo pretende quitar dinero a los órganos autónomos, sin comprometer ni un peso para carreteras, campo, educación y salud. Enfatizó que con ese paquete económico no se va a resolver el problema de pobreza y de desarrollo en el país.

En su intervención, el legislador Miguel Sámano Peralta estableció que es un presupuesto altamente vulnerable ante el dinamismo del entorno económico, alejado de la realidad y de las proyecciones de los organismos especializados.

A su vez, la diputada federal Montserrat Arcos Velázquez acusó que, en el proyecto fiscal del siguiente año, las mujeres fueron olvidadas y violentadas presupuestalmente. Criticó que el incremento en el presupuesto que presenta el Anexo 13, es para programas completamente clientelares, como Sembrando Vida, en lugar de destinar recursos para disminuir la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres.

Por su parte, el legislador Pedro Armentia aseguró que, si en México hubiera gobernabilidad, no habría tantos recortes a temas fundamentales. “Se tiene en abandono el campo, la pesca, a nuestros hermanos indígenas, cero apoyos a infraestructura indígena, a carreteras, y a los sectores productivos”, criticó.

En ese sentido, Ismael Hernández Deras y Jaime Bueno Zertuche coincidieron que es un presupuesto autoritario que no atiende los temas de fondo. Precisaron que el problema de la deuda contraída es que no se manifiesta en un crecimiento para el país y solo se complica la situación para futuras generaciones.

En el cierre de participaciones de diputados priistas, Adriana Campos advirtió que los incrementos a las transferencias para los municipios son un engaño que no se puede tolerar, ya que no ayuda a quienes llevan el contacto directo con la ciudadanía. Lamentó que, para el programa para promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, se propongan 327 millones de pesos, cuando 44 de cada 100 mexicanas ha experimentado algún tipo de intimidación, y en el cual los feminicidios se han incrementado.

La educación en lo que va del sexenio no ha sido una auténtica prioridad, las cifras no mienten y el 2023 no será la excepción, afirmó Marcos Aguilar Vega, vocero nacional de Acción Nacional.

Andrés Manuel López Obrador ha dejado de manifiesto en el Presupuesto de Egresos que su interés primordial es el Tren Maya y la presencia del Ejercito en todos los rubros, incluso pretende la compra de una aerolínea comercial que opere la propia SEDENA. El presupuesto a las Fuerzas Armadas es histórico pese a los pobres resultados en materia de seguridad.

De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos, el gasto educativo ascenderá a 910,692.1 millones de pesos, lo que representa un incremento de 4.8 por ciento, en términos reales con respecto al presupuesto aprobado el año previo, pero inferior al asignado antes de la pandemia.

Por ejemplo, el recurso asignado a educación básica es similar al aprobado hace 7 años, lo que significa que, en términos reales, se invertirá menos en educación.

Conforme al Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), nuestro país tiene una crisis educativa en la que se estima que niñas, niños y jóvenes perdieron aprendizajes equivalentes a dos años de escolaridad, y por lo menos 628 mil personas entre 6 y 17 años interrumpieron sus estudios.

A pesar de esta situación, el presupuesto de la SEP es 2% menor en términos reales al monto aprobado en 2019, previo a la pandemia.

Por si esto no fuera poco, el gobierno de AMLO eliminó en el 2019 el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), desapareciendo en México las pruebas estandarizadas —iguales para todos los alumnos y todas las escuelas— sobre los avances o retrocesos educativos.

Es trascendental evitar que las brechas de la desigualdad educativa se amplíen y para lograrlo es indispensable considerar que el presupuesto asignado a la SEP asegure recursos para evaluar los conocimientos de los estudiantes, así como para garantizar las condiciones necesarias para el aprendizaje. El problema es que AMLO y la 4T están más ocupados de obras faraónicas y en la sucesión presidencial, concluyó el vocero nacional.

El coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, impulsa una iniciativa para exentar la aplicación del Impuesto al Valor Agregado a la enajenación de prótesis y órtesis, así como a sus materiales y componentes, en beneficio de las personas con discapacidad.

La propuesta del senador busca que las personas que necesitan estos dispositivos se vean beneficiadas con la disminución del costo actual de estos dispositivos, especialmente los sectores con menor disponibilidad de recursos económicos que padecen alguna discapacidad, deficiencia física y limitación funcional.

La exención del impuesto a las ayudas técnicas de prótesis y órtesis favorece el acceso a este tipo de apoyos a la movilidad e inclusión y permite, gracias al ahorro en su costo, que se impulse la incorporación de las personas con discapacidad a su entorno, subrayó.

En México, detalló el legislador, cerca de un millón de personas viven sin alguna extremidad y cada año hay 100 mil nuevos casos; dos tercios se presentan en las personas mayores de 60 años. Las principales causas que originan las amputaciones son traumatismo, cáncer, diabetes y enfermedades vasculares, dijo.

El legislador señaló que la posibilidad de pagar de manera individual las ayudas técnicas son muy reducidas, debido al costo elevado de las mismas, principalmente porque la situación económica y laboral de quienes las necesitan se encuentra en los niveles inferiores de la pirámide social.

Las tecnologías auxiliares para personas con discapacidad dan pie a su integración y desarrollo laboral, afirmó Monreal Ávila, lo cual genera mayores ingresos públicos y por el otro posibilita la reducción del gasto público a través del ahorro en atención formal de la salud y políticas de integración social.

Además, agregó, les permitirá tener un índice de mayor productividad y desarrollo de sus capacidades y talentos. Sin embargo, denunció, el costo elevado de los productos de ayudas técnicas repercute en el gasto medio de la renta familiar, por lo que las posibilidades de financiar su compra son menores.

Para que los derechos humanos de estas personas sean respetados, asentó, se les debe de facilitar el acceso a las ayudas para la movilidad y dispositivos y tecnologías de apoyo.

“Sin acceso a prótesis u órtesis, las personas que las necesitan suelen quedar excluidas, aisladas y encerradas en la pobreza, lo que incrementa la carga de morbilidad y discapacidad”, señaló.