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El Gobierno Federal ha hecho un pago de 45 mil millones de pesos como adelanto mediante el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) a Iberdrola por la adquisición de 13 plantas de generación de energía, según ha informado el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O.

Durante la conferencia de prensa matutina de Andrés Manuel López Obrador, el titular de la SHCP explicó que con el pago de los 45 mil millones de pesos financiado por Fonadin alcanzará para cubrir el 51 por ciento del valor del capital en riesgo, no obstante, indicó que el costo final está sujeto a verificación.

“Aquí la operación la financia Fonadin, que es una aportación al capital de 45 mil millones de pesos para darle esa capacidad de financiar la compra. Esto es 45 mil millones para el 51 por ciento del valor del capital en riesgo, va a haber además de ese tipo de operaciones con capital de riesgo”, advirtió.

Detalló que el financiamiento soportado por los flujos mismos de la compra de 13 plantas a Iberdrola es de 66 mil 500 millones de pesos, y explicó que en la estructura de la transacción “Fonadin es el adquirente” y tendrá el control de la mayoría de los activos.

Asimismo, Rogelio Ramírez de la O reveló que “aún sin conocer los detalles” de la compra de las 13 plantas, “los bancos grandes han venido a ofrecer financiamiento“, además, aclaró que no se está recurriendo a deuda y se está adquiriendo un activo que produce flujo.

“Tenemos el dinero en la chequera, sacamos dinero de la chequera nuestra, no estamos recurriendo a deuda y estamos produciendo un activo que produce flujo, ahí es donde insistimos que el Fonadin está haciendo una operación de administración de sus activos, pasar de su chequera a activo productivo, por eso insistimos que no hay deuda”, insistió.

Finalmente el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O adelantó que la compra de 13 plantas de Iberdrola se pagarán en un lapso de 10 años con el flujo de ganancias de la producción de las mismas plantas.

Antes de que concluya su sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el 1 de septiembre del 2024, día en el que dará su último informe de Gobierno, presentará nuevamente su iniciativa de reforma constitucional para insistir en que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Luego de arremeter contra los ministros al asegurar que en su decisión actuaron “al estilo del Gobierno de Felipe Calderón y de su secretario de Seguridad Genaro García Luna“ el mandatario explicó que el próximo año estarán ya en funciones los nuevos legisladores de los cuales expresó su esperanza de que sean elegidos democráticamente y estén vinculados a la Cuarta Transformación.

“El 1 de septiembre del 2024 va a ser mi último informe antes de terminar mi mandato (…) va a entrar la nueva legislatura que espero con toda mi alma que se integren por voluntad del pueblo de manera democrática como una mayoría calificada de diputados y senadores vinculados a nuestra 4T”, apuntó.

Detalló que por ese motivo presentará hasta ese día su nueva iniciativa de reforma para fusionar la GN con la Sedena esperando a que se apruebe antes del último día de su gestión que será a finales de septiembre.

“Van a tener un mes y voy a pedir que se de prioridad, va a depender de que el pueblo decida votar no solo por un candidato de nuestro movimiento, candidata o candidato sino también que es muy importante por los legisladores, candidatos a diputados y senadores”, agregó.

El presidente recordó que para llevar a cabo una reforma constitucional se requieren dos terceras partes de los votos, es decir, una mayoría calificada, y destacó la importancia de las reformas constitucionales en la historia de México.

“En el caso de los diputados no son 251 votos, con eso se puede llevar una reforma a una ley secundaria o se puede aprobar una ley pero no se puede con la mayoría más uno aprobar una reforma constitucional, eso se tiene que conocer porque se desconocía o no se sabe lo suficiente”, concluyó.

Este martes 18 de abril, la Suprema Corte de Justicia de México limitó la participación de los militares en tareas de seguridad pública, al anular la transferencia de un cuerpo policial al Ejército dando un revés lastimoso a López Obrador.

El paso de la Guardia Nacional al ministerio de Defensa había sido aprobado por la mayoría oficialista en el Congreso en septiembre pasado. La decisión fue incluso rechazada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que la consideró un “retroceso” para una seguridad ciudadana basada en los derechos humanos.

Por ocho votos a favor y tres en contra, el máximo tribunal anuló la reforma legislativa que otorgó a la Secretaría de Defensa (Sedena) el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional, de 130 mil integrantes.

El fallo señala que la transferencia viola el artículo 21 de la Constitución, que ordena que la Guardia Nacional sea una institución de carácter civil adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública.

“La transferencia que por vía legal y de manera permanente se hace de estas facultades (a la Sedena) es una readscripción y técnicamente un fraude a la Constitución”, dijo el magistrado Javier Laynez durante la sesión.

La norma había sido demandada por legisladores opositores.

López Obrador ha defendido el traspaso del cuerpo policial, creado durante su gobierno, al señalar que las Fuerzas Armadas son menos permeables a la corrupción y gozan de popularidad entre la ciudadanía.

Este martes, el mandatario anticipó que una sentencia adversa podría llevar a que la Guardia termine dirigida por alguien “sin principios, sin profesionalismo, sin honestidad“, y denunció que “todavía hay mucha corrupción y clasismo” en el Poder Judicial.