Categoría: Política

Con la finalidad de obtener transparencia respecto a la utilización de los recursos públicos y potenciarlos, mediante firma de acuerdos entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), estados y municipios y se apliquen en obras de infraestructura, el diputado federal, Reginaldo Sandoval Flores, presentó punto de acuerdo mediante el cual exhorta al titular de la SHCP informe al Congreso de la Unión el monto de reintegros, mencionados en el artículo 7° de la Ley de Ingresos de la Federación 2023 y su destino.

Lo anterior, argumentó el legislador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), debido a que en el Primer Informe Trimestral de 2023 que la dependencia entrega a esta soberanía, no se dio reporte alguno, incumpliendo la obligación derivada del artículo Décimo Segundo Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación 2023.

Igualmente, el también Presidente de la Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados, hizo otro exhorto al encargado de la SHCP para que emita, cuanto antes, las disposiciones necesarias para llevar a cabo los acuerdos de coparticipación contemplados en el Artículo Décimo Segundo Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación 2023 (PEF 2023).

Al respecto, el legislador petista, indicó que, al día de hoy, la SHCP no ha revelado los lineamientos o mecanismos por los que, los recursos habrán de emplearse para la firma de convenios con los gobiernos de las entidades federativas, municipios y/o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.

“Si bien, del Presupuesto de Egresos de la Federación 2023 se ha destinado una considerable cantidad de dinero para la construcción de proyectos estratégicos en zonas, históricamente olvidadas, es fundamental reconocer que el déficit de inversión en este rubro se ha mantenido, por lo que es de suma trascendencia buscar mecanismos que permitan incrementarla y garantizar el ejercicio de derechos humanos de los habitantes del país”, concluyó.

El diputado Miguel Ángel Torres Rosales (PRD) presentó una iniciativa para reformar la Ley de Asociaciones Ganaderas, a efecto de que los estatutos de estas asociaciones incluyan su patrimonio, las normas relativas a la integración, facultades y funcionamiento de sus órganos, así como los derechos y obligaciones de sus asociados.

Asimismo, un sistema democrático de elección de sus dirigentes que especifique la duración de los cargos, las incompatibilidades para su desempeño y establezca como requisitos para la participación en la elección la presentación del registro de fierro, marca y/o tatuaje ante las autoridades municipales y una identificación oficial con fotografía del asociado.

En la exposición de motivos señala que constantemente en los estatutos de las asociaciones se establecen las formas de elección de sus dirigentes, pero estas no son obligadas a una elección democrática, que prepondere los derechos de las y los asociados; se trata solamente de cumplir con la norma, dejando grandes lagunas y campos de actuación para los dirigentes que derivan en malas prácticas.

Por ejemplo, añade, en elección de dirigentes de asociaciones donde se solicita la credencial de asociado sin que esta haya sido otorgada aún, a sabiendas de que la persona lo es, dando solamente la tarjeta a quienes seguramente votarán por la o el dirigente encumbrado.

Otra práctica es solicitar la tarjeta de asociado para poder participar como candidato a los órganos de dirección, siendo que la misma asociación no ha entregado dicho documento, lo que vulnera los derechos de la o el asociado.

Por ello, la iniciativa que adiciona un último párrafo y tres fracciones al artículo 8 de la Ley de Asociaciones Ganaderas, enviada a la Comisión de Ganadería, propone la elección democrática de los dirigentes de las organizaciones ganaderas.

Ello, a través de mecanismos que permitan garantizar los derechos del asociado a participar de las elecciones, con medidas mínimas para su participación, lo que garantizará que existan mecanismos dispuestos y especificados en los estatutos, subraya.

La propuesta hace una clara división entre la organización ganadera y las asociaciones, ya que estas, en lo particular, deberán observar las reformas propuestas para su gobierno interior y dejarlo previsto en los estatutos.

Detalla que el 56 por ciento de la superficie del país se dedica a la ganadería extensiva y produce el 82.1 por ciento de los alimentos de origen animal que se consumen en el país, lo que ubica a México en el séptimo lugar a nivel mundial en la producción de proteína animal.

Argumenta que la actividad ganadera se ha ido perfeccionando y actualizando de acuerdo a las exigencias de la globalización y los acuerdos, incluyendo los firmados en materia ambiental, donde actualmente la actividad representa el diez por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero y el 68 por ciento de las emisiones del sector agropecuario.

Torres Rosales expone que en 2022 se criaron 608 millones de aves, 36 millones de bovinos, 18.9 millones de porcinos, 8.8 millones de caprinos, 8.8 millones de ovinos, 2.2 millones de colmenas, con un volumen de producción pecuaria de 24.1 millones de toneladas.

Además, el valor de la producción pecuaria del país, que ronda los 532 mil millones de pesos, coloca a México como el sexto productor mundial de carne de ave, de bovino, de huevo, así como el noveno productor de miel y el onceavo productor de ganadería primaria.

Como parte de la capacitación continua que lleva a cabo el área de Protección Civil de la Cámara de Diputados a las y los trabajadores del Palacio Legislativo, se realizó el curso “Inducción al combate de incendios”, durante el cual se hizo una demostración de las acciones a implementar ante una emergencia de esta índole.

El evento se dividió en cinco módulos, en los cuales se dio a conocer la forma más óptima de transportar y usar las mangueras contra incendios, incluyendo su almacenamiento, conexiones, presión y riesgos por un mal manejo, así como el modo en que debe ser evacuada una persona desmayada.

Durante el ejercicio, los participantes aprendieron de manera teórica y práctica el manejo de esta situación al momento de localizar el incendio; se les capacitó para poder usar los extintores, desde el retiro del seguro hasta la forma de accionarlo.

Participaron personal de instituciones de las zonas aledañas a la Cámara de Diputados, como el Palacio de Justicia Federal, Hospital Balbuena, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) y la Alcaldía Venustiano Carranza, a fin de desarrollar una ayuda mutua que permita adquirir e intercambiar información y capacitación en materia de protección civil.

Isaac Valencia Fornaguera, director de Protección Civil de la Cámara de Diputados, informó que estas actividades continuarán con la capacitación en primeros auxilios, búsqueda y rescate, y evacuaciones.

Detalló que el personal de la Dirección de Protección Civil explicará los procedimientos y, después, con este conocimiento se realizarán prácticas de campo, con el objetivo de que éste sea asimilado.

Añadió que con estos cursos teórico-prácticos se busca incentivar entre los y las trabajadoras brigadistas una mayor especialización, así como despertar el interés de los demás empleados del Recinto Legislativo de San Lázaro a sumarse al equipo de Protección Civil.

La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del PRI, impulsa una iniciativa que reforma los artículos 12, 16 y 73 de la Ley General de Educación, con el propósito de combatir el acoso escolar (bullying).

La propuesta, enviada a la Comisión de Educación para su análisis, señala que en la prestación de los servicios educativos se impulsará el desarrollo humano integral para combatir el bullying en la educación, especialmente la que se ejerce contra menores de edad, y fortalecer, a través de estrategias y acciones, la detección temprana del acoso escolar.

Además, establece que, si hubiera omisión de los hechos que la ley señale como delito en agravio de los educandos, la Secretaría de Educación Pública (SEP) deberá sancionar a quienes teniendo conocimiento no den parte a las autoridades correspondientes

El documento argumenta que la importancia de esta reforma es evitar el acoso escolar, el cual es un comportamiento prolongado de abuso y maltrato que ejerce una alumna o un alumno, o bien un grupo de alumnas o alumnos sobre otro u otros en las escuelas, con el propósito de intimidar o controlar, mediante contacto físico o manipulación psicológica.

Expone que, de acuerdo con un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el país 18 millones 782 mil alumnos de primaria y secundaria son víctimas de “bullying”.

Mientras que, conforme con reportes del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, en lo que va de este año el acoso escolar se ha incrementado, pues los casos crecieron 347 por ciento en el periodo enero-febrero de 2023, en comparación con el mismo lapso de 2022 a nivel nacional.

En tanto, según un informe de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MejorEdu), el 69.5 por ciento del personal docente ha mencionado que en sus grupos hay intimidación o abuso verbal entre estudiantes, y 58.7 por ciento reporta agresiones físicas entre el alumnado.

El Informe Nacional sobre Violencia de Género en la Educación Básica en México reporta que el 90 por ciento de la población escolar ha sufrido humillaciones e insultos, 24 por ciento de los estudiantes de primaria y secundaria han sido objeto de burlas, 32 por ciento han enfrentado agresión física, 39 por ciento agresión verbal, 13 por ciento psicológicas, 10 por ciento violencia sexual y 5 por ciento violencia por internet.

La diputada Aguirre Maldonado ejemplifica este fenómeno con lo compartido mediante las redes sociales, donde dos niñas de la secundaria peleaban en un terreno baldío cercano al centro de enseñanza y una golpea a la otra con una roca, mientras que los compañeros graban la escena con celular e incitan el trágico encuentro.

Ante este panorama, subraya que de aprobarse estas adecuaciones normativas se atendería un tema que afecta a gran parte de la población estudiantil del país y que crece de manera alarmante.

La diputada Itzel Josefina Balderas Hernández (PAN) propuso una iniciativa para reformar el artículo 120 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con el objetivo de fortalecer la crianza respetuosa entre las familias y comunidades.

La modificación establece que corresponde a la Federación, a través del Sistema Nacional DIF, celebrar convenios de colaboración con los sistemas de entidades y municipios, así como con organizaciones e instituciones de los sectores público, privado y social.

La finalidad de dichos convenios es otorgar herramientas de apoyo para fortalecer una crianza respetuosa entre las familias y comunidades, a través de materiales digitales, talleres permanentes y capacitación al personal en la materia.

Observa que en el país seis de cada 10 niñas y niños son criados con una disciplina violenta, lo que genera que su desarrollo físico, cognitivo y social se limite, además de que se normalizan los patrones de violencia.

El documento, que se analiza en la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, expone que cuando el infante crece en ambientes violentos desarrolla menos conexiones neuronales.

“Las experiencias que tiene un niño durante la primera infancia son decisivas para la arquitectura de su cerebro, por lo que exponerlos a situaciones de violencia afecta la estructura de sus conexiones neuronales”, señala.

Menciona que, con el fin de reconocer la importancia de la educación basada en el amor, en enero de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma al artículo 47 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para prevenir, atender, sancionar y prohibir el castigo corporal humillante; asimismo, varios estados implementaron programas al respecto.

También, agrega, el DIF contribuye en la construcción de un nuevo estilo de crianza basada en el amor y el respeto, implementa talleres y otorga materiales informativos para madres, padres, cuidadores y servidores públicos.

Ejemplo de ello, añade, Guanajuato contribuye al desarrollo de competencias y habilidades parentales para mejorar las interacciones entre mamá, papá, hijas e hijos. Por su parte, Morelos implementó talleres sobre crianza positiva en jardines de niños y primarias públicas para aplicar estrategias que ayuden a la interacción entre la familia.

Añade que la ley faculta al DIF a establecer mecanismos que protejan a la niñez y adolescencia; sin embargo, no existe una obligación concreta para que el programa en materia de crianza positiva sea permanente.

Por lo anterior, destaca la importancia de incorporar en las atribuciones del Sistema Nacional DIF las acciones de promoción y fomento de una crianza positiva.

El vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), Benjamín Robles Montoya, expresó su reconocimiento a las labores docentes y sociales de las maestras y los maestros de nuestra nación, de las que casi no se hablan y, sin embargo, son dignas de exaltarse y elogiarse, ya que, gracias a su esfuerzo y dedicación, aportan en la transformación de México.

Por ello, señaló el legislador por el estado de Oaxaca, es que, con la Cuarta Transformación (4T) en la Presidencia y la mayoría en el Congreso de la Unión, se puso fin a las reformas de Peña Nieto, mismas que no garantizaban actualización y capacitación permanente de las y los docentes, pero sí los sometía a un mecanismo de evaluación punitiva y se impulsó una visión más humanista que reivindica su trascendental tarea.

“Tan no fue una reforma educativa que el gobierno jamás asumió su responsabilidad por la falta de capacitación a las y los maestros, las deficiencias y atrasos de los programas de estudio, la carencia de condiciones mínimas de infraestructura en muchos lugares del país, todo lo cual es responsabilidad del Estado, pero fue más fácil culpar al magisterio. Estamos reencaminando la educación nacional que el neoliberalismo destruyó”, sostuvo

El congresista destacó que, con el aumento salarial a este gremio, anunciado por nuestro Presidente, Andrés Manuel López Obrador, en el marco de la conmemoración del Día del Maestro, se demuestra, una vez más, la relevancia que tiene para nuestro gobierno la labor docente en México.

“La voz de las y los maestros será escuchada y en la Cuarta Transformación se seguirá luchando por mejorar sus condiciones de trabajo y fortalecer la educación a nivel nacional. Por lo pronto, la iniciativa en cuanto a la re-adscripción orgánica de la Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública, para que sea trasladada al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, no debe pasar”, concluyó.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos corroboró que los cambios realizados recientemente al marco jurídico que regula la actividad minera, incorporaron elementos que garantizan los derechos humanos de las comunidades, especialmente sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, reiteradamente violados por legislaciones promulgadas hace más de 30 años, indicó la Diputada Adriana Bustamante Castellanos, Coordinadora Temática de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Grupo Parlamentario de Morena.

La legisladora federal se congratuló por el aval que el organismo de defensa de los derechos humanos del Estado Mexicano, otorgó a las reformas a la Ley Minera, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de concesiones para minería y agua, publicadas el pasado 8 de mayo en el Diario Oficial de la Federación.

Bustamante Castellanos, añadio que las reformas aprobadas contribuyen al cumplimiento de las obligaciones previstas en los artículos 6° y 15° del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), instrumento ratificado por nuestro país, así como con jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

¨Celebro esta coincidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con el trabajo legislativo desarrollado por Morena y sus aliados; asi como con la postura de organizaciones civiles, porque sin duda se suma a la lucha para defender las reformas y adiciones referidas, que se contraponen con intereses económicos nacionales e internacionales en detrimento del medioambiente, y los derechos y prerrogativas de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes¨ concluyó la diputada.

La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del PRI, impulsa una iniciativa que reforma los artículos 12, 16 y 73 de la Ley General de Educación, con el propósito de combatir el acoso escolar (bullying).

La propuesta, enviada a la Comisión de Educación para su análisis, señala que en la prestación de los servicios educativos se impulsará el desarrollo humano integral para combatir el bullying en la educación, especialmente la que se ejerce contra menores de edad, y fortalecer, a través de estrategias y acciones, la detección temprana del acoso escolar.

Además, establece que, si hubiera omisión de los hechos que la ley señale como delito en agravio de los educandos, la Secretaría de Educación Pública (SEP) deberá sancionar a quienes teniendo conocimiento no den parte a las autoridades correspondientes

El documento argumenta que la importancia de esta reforma es evitar el acoso escolar, el cual es un comportamiento prolongado de abuso y maltrato que ejerce una alumna o un alumno, o bien un grupo de alumnas o alumnos sobre otro u otros en las escuelas, con el propósito de intimidar o controlar, mediante contacto físico o manipulación psicológica.

Expone que, de acuerdo con un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el país 18 millones 782 mil alumnos de primaria y secundaria son víctimas de “bullying”.

Mientras que, conforme con reportes del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, en lo que va de este año el acoso escolar se ha incrementado, pues los casos crecieron 347 por ciento en el periodo enero-febrero de 2023, en comparación con el mismo lapso de 2022 a nivel nacional.

En tanto, según un informe de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MejorEdu), el 69.5 por ciento del personal docente ha mencionado que en sus grupos hay intimidación o abuso verbal entre estudiantes, y 58.7 por ciento reporta agresiones físicas entre el alumnado.

El Informe Nacional sobre Violencia de Género en la Educación Básica en México reporta que el 90 por ciento de la población escolar ha sufrido humillaciones e insultos, 24 por ciento de los estudiantes de primaria y secundaria han sido objeto de burlas, 32 por ciento han enfrentado agresión física, 39 por ciento agresión verbal, 13 por ciento psicológicas, 10 por ciento violencia sexual y 5 por ciento violencia por internet.

La diputada Aguirre Maldonado ejemplifica este fenómeno con lo compartido mediante las redes sociales, donde dos niñas de la secundaria peleaban en un terreno baldío cercano al centro de enseñanza y una golpea a la otra con una roca, mientras que los compañeros graban la escena con celular e incitan el trágico encuentro.

Ante este panorama, subraya que de aprobarse estas adecuaciones normativas se atendería un tema que afecta a gran parte de la población estudiantil del país y que crece de manera alarmante.

El diputado Pedro Vázquez González (PT) propuso reformas para que las legislaciones que expidan las entidades federativas, en relación con la generación, manejo y disposición final de residuos sólidos urbanos, “prohíban la venta, distribución y uso de envases, embalajes y otros productos de plásticos de un solo uso elaborados con tereftalato de poliestireno (PET) y poliestireno expandido (unicel), que al desecharse se convierten en residuos”.

Los cambios a los artículos 7, 25 y 100 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, también señalan que en las Normas Oficiales Mexicanas que expida la Federación sobre los criterios de eficiencia ambiental y tecnológica que deben cumplir los materiales con los que se elaborarán los embalajes, éstos podrán ser “con otro tipo de material, siempre y cuando sea de pronta degradación y no sean perjudiciales para el medio ambiente y la salud de las personas”.

Además, que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales se coordinará con las entidades federativas para formular e instrumentar el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su dictamen, destaca que “lo más alarmante para la sociedad es la contaminación por envases y embalajes de un solo uso elaborados con tereftalato de poliestireno (PET), y poliestireno expandido (unicel)”.

México, afirma, se encuentra entre los países que más desechos de PET genera, debido al alto consumo de refrescos y de agua embotellada, ya que se estima que al año se producen alrededor de 200 botellas de PET por cada ciudadano.

Sostiene que el problema con el unicel es que tradicionalmente es fabricado de poliestireno, un material muy versátil, pero que, debido a sus compuestos químicos, “es imposible de biodegradar o descomponerse en el medio ambiente”.

Este material cuando es desechado, agrega, “la naturaleza sólo puede dividirlo en moléculas mínimas, las cuales se fragmentan en piezas más pequeñas hasta llegar a convertirse en micropartículas altamente toxicas que tardan hasta 1000 años en desaparecer”.

Por ello, precisa, es necesario reformar la ley en la materia para que las Normas Oficiales Mexicanas sean claras respecto a la restricción de los materiales que contaminan al medio ambiente y otorgar facultades expresas a las entidades federativas para que regulen la prohibición de venta, distribución o uso de esos envases y/o embalajes.