Categoría: Política

La Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, que preside la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (PRI), presentó el Atlas de Trabajo Infantil, en coordinación con la asociación Save the Children, el cual tiene como objetivo localizar los factores de esta problemática y servir como fundamento para la creación de leyes y el diseño de políticas públicas a favor de la infancia.

En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que se conmemora el 12 de junio, la legisladora expuso que este Atlas señala que el trabajo infantil se origina por diversos factores, realidades y contextos, los cuales están vinculados a la inseguridad y a la falta de oportunidades, así como a la migración.

Apuntó que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el año 2019 se registraron 3.3 millones de niñas, niños y adolescentes que realizan trabajo infantil, quienes en su mayoría comienzan a laborar entre los seis y ochos años.

De este total, indicó Herrera Anzaldo, el 26 por ciento no recibe percepción económica alguna y 95 por ciento de los adolescentes trabajan en el sector informal, mientras que más del 56 por ciento de las niñas y niños lo hacen con un familiar o desempeñando ocupaciones no permitidas y peligrosas.

Detalló que la mayor concentración del trabajo infantil se realiza en los sectores agropecuario, de servicios y comercio, y las entidades con mayor prevalencia son Chiapas, Oaxaca y Michoacán.

Por su parte, la diputada García Segura Marisol (Morena) afirmó que para erradicar el trabajo infantil se debe apostar por una reforma social y dotar de oportunidades a las personas que les permitan abatir todas las condiciones de rezago social.

Sugirió adoptar a nivel federal el programa implementado en la Ciudad de México “Mi beca para empezar”, que es un apoyo a la economía familiar que reciben las y los estudiantes de escuelas públicas de nivel básico, y que coadyuva a frenar el trabajo infantil y las condiciones de vulnerabilidad.

A su vez, Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, diputada del PAN, afirmó que el trabajo infantil viene acompañado de muchos delitos e ilegalidad, por eso el 95 por ciento de los niños y niñas que trabaja en el país lo hace de manera informal. Consideró que, si se resuelve este problema, se logrará que este sector haga lo que corresponde: estudiar, aprender, jugar, divertirse y recibir amor.

En tanto, la diputada Olga Zulema Adams Pereyra (MC) consideró que, como legisladoras y legisladores, se tiene la obligación de garantizar que ninguna niña, niño y adolescente tenga que dejar la escuela por la necesidad de trabajar; de ahí que se deben fomentar políticas públicas para que la infancia llegue segura a las escuelas, pues la educación es lo único que nos puede ayudar a cambiar a México, por lo que es fundamental realizar todos los esfuerzos para que la educación sea gratuita, universal y de calidad.

Omar Nacib Estefan Fuentes, director General de Previsión Social de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social /STPS), dijo que esta publicación es importante porque expone la realidad del trabajo infantil en México. “Se requiere de la participación de todos los miembros de la sociedad para poder erradicar este mal, porque en México tenemos una tasa de 7.1 por ciento de menores en ocupaciones no permitidas”.

Mónica Valdez González, del Seminario de Investigación en Juventud de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dijo que en el Siglo XIX no se reconocía el trabajo infantil como hoy, ya que era normal que a los 15 años hubiera embarazos y matrimonios, así como inserciones a los mercados laborales. Destacó la importancia de definir a qué se le va a llamar trabajo infantil, “a lavar los platos todas las tardes en la casa, a cuidar a mis hermanas y hermanos, a mis abuelos. O como lo marca la ley, tenemos actividades riesgosas y peligrosas para la salud”.

Presentación del Atlas

Nancy Ramírez Hernández, directora de Incidencia Política y Temas Globales de Save the Children, explicó que este Atlas se presenta en el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil. “Agradezco a las diputadas por estar dispuestas a que se generen insumos para avanzar en la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes”.

Comentó que el estudio se hizo con la finalidad de llamar la atención y sensibilizar a la sociedad acerca de los diversos factores contextuales que representan riesgos para que las niñas y niños trabajen.

Asimismo, en aportar orientaciones para políticas públicas, estrategias y acciones que ayuden a modificar esas situaciones y condiciones inadecuadas en las que siguen creciendo millones de niñas, niños y adolescentes, así como los factores que los orillan a incorporarse prematuramente a las filas del trabajo.

Invitó a las y los legisladores a que conozcan, exploren y analicen este Atlas con una mirada enfocada en lograr acciones y soluciones integrales al trabajo infantil, tener en cuenta siempre los contextos de cada uno de los estados con medidas acordes a las realidades que viven las niñas y niños en la diversidad y heterogeneidad de nuestro país.

Recomendaciones

Miguel Ramírez Sandi, coordinador de Incidencia Política en Protección a la Niñez de Save the Children, llamó al Poder Legislativo a incluir los conceptos de trabajo infantil y actividades formativas en el marco jurídico, legislar en materia de inspección laboral en el sector informal e incluir la obligación expresa de dar de alta a las y los adolescentes trabajadores, en edad permitida, en la seguridad social. “Necesitamos atención de los niveles federal, estatal y municipal, sólo así se podrá eliminar el trabajo infantil”.

Recomendó fortalecer las inspecciones laborales enfocadas en la detección y canalización de casos que necesiten apoyo y atención de las procuradurías de protección a la infancia, promover campañas de difusión sobre los mecanismos de denuncia pública, garantizar la creación de trabajos dignos e implementar planes educativos que brinden primeras experiencias laborales.

También es importante, agregó, fortalecer los componentes de alimentación y horario extendido en los centros educativos, avanzar hacia la consolidación de un sistema nacional de cuidados, invertir en educación y capacitación continua para personas adultas de hogares con bajos niveles de escolaridad.

Finalmente, garantizar que las secretarías ejecutivas estatales y municipales del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) cuenten con recursos financieros, humanos y técnicos necesarios, así como fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional entre procuradurías y las áreas de inspección laboral.

El coordinador de la Bancada Naranja, Jorge Álvarez Máynez, se reunió con la comunidad jalisciense residente en el extranjero, la Asociación de Jaliscienses en Acción (AJUA), ex braceros, junto a congresistas, senadores estatales, asambleístas y alcaldes del Sur de California, para refrendar el compromiso de Movimiento Ciudadano con la comunidad y fortalecer la colaboración con Jalisco y desde el Congreso de la Unión.

Álvarez Máynez sostuvo esta agenda de trabajo para acompañar, en las instalaciones de la Oficina del Estado de Jalisco en Los Ángeles, California, el cambio de presidencia de la AJUA, y respaldar el esfuerzo que encabezará Yanett Navarro, quien suplirá al liderazgo de Vicente Ortiz, para mantener la cercanía de la comunidad jalisciense en ambos países.

También se reunió con Dreamers, encabezados por Sergio Infanzón, enlace Nacional de la Coalición de Migrantes Mexicanos, y con Linda Sánchez, miembro del Caucus Hispano en la Cámara de Representantes e integrante de uno de los Comités más importantes “Ways and Means”, que implementa programas de seguridad social, seguros de desempleo, entre otros apoyos.

En reunión con las y los representantes de la comunidad jalisciense en California, que asciende a más de 2 millones de personas, el coordinador Álvarez Máynez recibió el reconocimiento del consejo de la comunidad en Pico Rivera, California, por su aportación legislativa a favor de la comunidad mexicana residente en el exterior. Causas que defiende junto a la ex gobernadora Amalia García y la representante migrante Elvia Yolanda Martínez, quienes también asistieron en representación de la Bancada Naranja.

Además del diálogo con Guadalupe Gómez, de la Federación de Zacatecanos en el sur de California, para entender las necesidades y preocupaciones que tienen para apoyar a sus familias y comunidades, asistió a la reunión con la estructura binacional de Movimiento Ciudadano, encargada de impulsar la representación y los derechos migrantes.

A la agenda de trabajo que incluyó la inauguración de la primera fiesta cultural “México en el Corazón”, que anteriormente solo se realizaba en Jalisco, asistieron el coordinador de la Bancada en el Senado, Clemente Castañeda y el representante Salvador Caro, junto a Pilar Lozano, ex representante migrante y que ha permitido ampliar los lazos de coordinación con las y los connacionales.

El diputado Marco Antonio Natale Gutiérrez (PVEM) promueve una iniciativa para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) también tenga la función de realizar programas de capacitación que impulsen un mejor funcionamiento de las empresas y organismos turísticos y la reactivación económica de los estados y municipios.

El documento, que reforma la fracción XV y adiciona una nueva fracción XVI al artículo 44 de la Ley General de Turismo, precisa que para dicho objetivo el Fonatur se coordinará con la Secretaría de Economía y representantes de los pueblos que representen un potencial turístico, para brindarles las herramientas tecnológicas e informáticas.

En la exposición de motivos señala que la finalidad es que se reactive y renueve el sector turismo en el país y seguir visibilizando su riqueza turística y cultural.

Reconoce que en México la industria turística es una importante fuente de ingresos que equivale al 8.4 por ciento del Producto Interno Bruto y genera 2.5 millones de empleos directos y más de 5 millones de empleos indirectos.

Indica que los llamados “Pueblos Mágicos” son muy importantes para el sector turístico, pues se trata de localidades que tienen atributos simbólicos, leyendas, historia, hechos trascendentes, cotidianidad; en fin, magia que emana de cada una de sus manifestaciones socioculturales y que significan hoy día una gran oportunidad para atraer visitantes tanto nacionales como extranjeros.

México tiene actualmente 132 “Pueblos Mágicos”, 10 de ellos en el estado de Puebla: Atlixco, Chignahuapan, Cholula, Cuetzalan, Huauchinango, Pahuatlán, Tetela de Ocampo, Tlatlauquitepec, Xicotepec y Zacatlán de las Manzanas.

Refiere que es necesario tener estrategias que ayuden a reactivar al turismo y deben estar enfocadas en lo local, para que el crecimiento económico esté presente en todas las regiones del país que pueden aprovechar sus ventajas turísticas y cuenten con un potencial de desarrollo.

La iniciativa, enviada a la Comisión de Turismo, subraya que el turismo debe ser considerado como una importante fuente de ingresos para las familias mexicanas que se dedican a esta actividad.

Destaca que nuestro país es el principal destino turístico para viajeros de Estados Unidos y Europa, por lo que es importante que se sigan generando todos los recursos, a fin de que cada estado pueda tener oportunidades para seguir captando turismo y, con ello, ingresos para miles de familias.

El diputado Lázaro Cuauhtémoc Jiménez Aquino, del PRI, busca poner fin al cobro de comisiones a clientes y usuarios de bancos por consulta digital del estado de cuenta y por mantener una cantidad inferior al saldo promedio mensual mínimo requerido por la institución financiera.

Mediante una iniciativa por la que se adicionan los incisos d y e al artículo 4 Bis de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, señala que las entidades financieras tienen prohibido cobrar comisiones a clientes o usuarios por dichos conceptos, además de los ya previstos.

Además, plantea que los casos en que el saldo mensual mínimo requerido por la institución financiera no se mantenga durante seis meses consecutivos, la institución de crédito podrá cerrar la cuenta respectiva, previa notificación, de conformidad con la normativa emitida por el Banco de México.

Destaca que el objetivo de la reforma es propiciar el sano desarrollo del sistema financiero, proteger los intereses de los usuarios y fomentar la inclusión financiera tomando en cuenta los beneficios de las cuentas básicas para el público general, ofrecidas por las instituciones de crédito.

Considera conveniente modificar las condiciones preestablecidas para las referidas cuentas básicas, con el propósito de flexibilizar su operación para el público y, a su vez, promover la incorporación de nuevas personas usuarias.

El documento, turnado a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Diputados, indica que consultar los movimientos de una cuenta bancaria debe ser considerado un derecho básico de toda persona por el simple hecho de confiar y depositar su dinero en una institución bancaria.

Subraya que mantener un saldo mínimo promedio constituye una limitante por las erogaciones que realizan los usuarios y obstaculiza el libre manejo de sus propios recursos depositados en una cuenta bancaria, pues los obliga a mantener una cantidad de dinero establecida de manera unilateral por las instituciones de crédito, lo cual se traduce en mantener recursos “inmóviles” en la citada cuenta básica y, con ello, se impide la libre disposición del dinero.

Puntualiza que actualmente diversas instituciones de la banca múltiple imponen cierto tipo de penalización pecuniaria para los casos en que el usuario mantenga una cantidad de dinero inferior al saldo promedio mensual mínimo requerido.

Después de la aprobación de las reformas a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), para que la o el derechohabiente que tenga un crédito pueda elegir la modalidad de pago en pesos o en la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es necesario establecer los mecanismos para apoyar a los deudores.

Lo anterior lo expresó la diputada Lilia Aguilar Gil, presidenta de la Comisión de Vivienda, que recordó que las modificaciones a este marco normativo se dieron ante la preocupación de miles de trabajadoras y trabajadores, a quienes se les otorgaron créditos impagables.

“La gente vio como en el transcurso de los años su deuda se duplicó y en ocasiones se triplicó o hasta cuadruplicó, a pesar de pagar puntualmente mes con mes ésta no disminuía; por el contrario, cada vez era mayor”, detalló.

La integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) informó que en las próximas semanas se anunciarán los apoyos para que las y los derechohabientes puedan solucionar sus problemas ante el Fovissste y así puedan terminar de pagar sus créditos.

Informó que en breve iniciará la primera etapa, la cual contempla atender a 300 mil acreditados que actualmente reportan algún tipo de problema, quienes inicialmente deberán cumplir una serie de requisitos para acceder a estos beneficios. “Para ello, se cuenta con un presupuesto de 5 mil millones de pesos”.

Recordó que en esta situación se encuentran miles de cotizantes en todo el país. “Sólo en la frontera norte de México hay un registro de 98 mil créditos otorgados, de los cuales 50 mil reportan algún tipo de problemática”.

Finalmente, la legisladora por Chihuahua refrendó el compromiso del Partido del Trabajo a favor del pueblo de México. “Le devolvimos al Fovissste su naturaleza social, porque en sexenios pasados la convirtieron en una institución agiotista, alejada de los ideales que la crearon, como es el respeto al derecho humano a la vivienda y el trabajo”.

Ante la complejidad que significa el combate al delito de trata de personas, por sus múltiples aristas, la diputada de Morena, Nelly Minerva Carrasco Godínez ha propuesto una iniciativa con la que busca que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) coadyuve a este esfuerzo emprendido por las distintas instituciones de orden federal, para erradicar esta preocupante problemática social.

“Resulta importante que se incorpore la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que se identifiquen y se denuncien los delitos vinculados con recursos de procedencia ilícita asociados contra la trata de personas”, señaló.

En consecuencia, la legisladora apuntó que la SHCP debe incorporarse a la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas, para apoyar a las tareas que realiza este órgano contra el delito de trata de personas.

Para ello, su proyecto reforma el artículo 85 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

Al respecto, la legisladora definió que la tarea principal de la Secretaría de Hacienda será la de investigar los recursos asociados con este delito, pues recordó, las principales tareas de la comisión intersecretarial, es la coordinación, definición e implementación de una política de Estado para la erradicación de este delito.

Además, impulsar en todo el país la vinculación interinstitucional, así como la inspección, vigilancia, de los programas, acciones y tareas de combate, que deriven en una evaluación, rendición de cuentas y transparencia.

Carrasco Godínez apuntó que en el delito de trata, las mujeres y niñas son los sectores más vulnerables, pues suman un 72 por ciento de las víctimas, y de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, “en el país aumentaron en un 92 por ciento, al pasar de 415 registrados en 2015 a 799 en 2022”.

Mientras que la oficina de las Nacional Unidas contra la Droga y el Delito, estimó que los beneficios anuales por la trata de personas alcanzan los 2 billones de dólares.

Todo este contexto, comentó la legisladora hace imperante mejorar la cooperación interinstitucional que permita que las diversas instancias especializadas cuenten con todo el apoyo para acabar con este delito.

El diputado federal, Ignacio Mier Velazco, expresó en entrevista que los conversatorios que inician la siguiente semana en San Lázaro, sobre el análisis de la reforma al Poder Judicial devuelven al pueblo de México el derecho a la información sobre una cuestión de la que han sido privados las y los mexicanos por anteriores administraciones.

Argumentó que, en el pasado, el pueblo no se enteraba de lo que hacían sus gobernantes, y estos, olvidaron que es el pueblo el que manda.

Por ello, señaló que lo que se quiere hacer es, “antes de preguntarles a las y los mexicanos, si ellos consideran que se debe de modificar la forma en la que se eligen a los ministros; antes de eso queremos explicarles, que sepan cómo se eligen los ministros, cuántos se eligen, qué es la Suprema Corte de Justicia”.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados comentó que el 70 por ciento de los mexicanos desconoce sobre el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, elemento que no solo acota su opinión, sino que restringe su derecho a la información.

Ante ello, señaló, “que la gente debe saber que la Suprema Corte de Justicia, los ministros, son los jefes de todos los magistrados y de todos los jueces”, para que el panorama sobre la impartición de justicia en el país no esté limitada, y se comprenda a cabalidad en verdadero engranaje de este órgano superior.

Mier Velazco recordó que de los tres poderes de los que se compone el Estado Mexicano, solo el Judicial no ha tenido una revisión sobre la forma en que se designan a los titulares del máximo órgano de justicia en México.

Finalmente, comentó que el propósito de estos espacios, es que durante los próximos 5 meses la población se entere de la propuesta y del funcionamiento del Poder Judicial, para que puedan con todas estas herramientas, opinar durante la consulta.

El diputado Ignacio Loyola Vera (PAN) presentó una iniciativa para expedir la Ley de Regulación Ética de la Inteligencia Artificial y la Robótica, cuyo objeto es regular y normar el uso de estas tecnologías con fines gubernamentales, económicos, comerciales, administrativos, comunicacionales y financieros, con apego a la ética y al derecho.

La propuesta, enviada a la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, con opinión de la de Presupuesto y Cuenta Pública, busca establecer lineamientos de políticas públicas en México para la regulación ética del uso de la Inteligencia Artificial (IA) y la Robótica dentro del territorio nacional.

La iniciativa, signada también por las diputadas y los diputados del PAN, plantea fomentar la creación de Normas Oficiales Mexicanas, basadas en principios éticos, para el buen uso de la IA y la Robótica en beneficio de la sociedad mexicana, siempre respetando los derechos humanos, la paridad entre los géneros, sin discriminación alguna por raza, origen étnico, religión, clase social o posición económica.

Crea el Consejo Mexicano de Ética para la Inteligencia Artificial y la Robótica como organismo público descentralizado, al servicio de los mexicanos; además, la Red Nacional de Estadística de Uso y Monitoreo de la Inteligencia Artificial y la Robótica y vincula a los organismos autónomos con la regulación de su uso en territorio nacional, y estipula que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía será el centro generador de información sobre el uso de la IA en el país.

En su exposición de motivos señala que es necesario comenzar a normar esta materia, pues en la actualidad las leyes no abordan a profundidad la regulación de la IA, concepto que gana terreno en todo el mundo, ante lo cual el reto es crear un marco legal y ético para su desarrollo, implementación y utilización.

Considera que la IA implica el uso de algoritmos y modelos matemáticos que procesan grandes cantidades de datos para tomar decisiones; realiza tareas que antes eran reservada a las personas, y su crecimiento “obliga a estar atentos para prevenir y analizar las posibles desventajas directas o indirectas que pueda generar su proliferación”.

La IA, precisa, presenta un acelerado y claro crecimiento en nuestro país sin regulación legal, dejando un vacío entre las leyes y su implementación.

Existe una preocupación internacional por la creación de normas y esquemas legales que proporcionen un marco regulatorio prudente y pertinente pues, considerando que es un sistema organizado para imitar la inteligencia humana y concentrar información, “su uso perverso no queda exento”, por lo que su posible utilización facciosa y manipulación constituyen un reto que se debe enfrentar.

La IA no es una moda, resalta; está en un proceso de evolución constante y no se debe perder de vista a los humanos como el centro del derecho, pues la máquina desplazará al hombre y no hay aún manera legal de detenerle. “Su desarrollo y uso en casi todos los sectores requiere urgentemente de un marco que establezca reglas claras”.

Estimó oportuno regularla desde ahora y no esperar que su utilización sea un comportamiento generalizado; “será demasiado tarde”.

La legislación propuesta consta de 19 artículos distribuidos en tres capítulos: I Disposiciones Generales, II Del Consejo Mexicano de Ética para la Inteligencia Artificial y la Robótica, y III De la Ética en el Desarrollo, Creación y Uso de la Inteligencia Artificial y la Robótica en los Estados Unidos Mexicanos, así como dos artículos Transitorios.

El diputado Juan Isaías Bertín Sandoval, de Morena, presentó una iniciativa que reforma el artículo 46 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 constitucional, para que ningún funcionario público pueda ser suspendido o cesado de su cargo sin que haya un acuerdo del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA).

La propuesta busca reformar la fracción V del artículo 46 de dicha legislación, a fin de establecer que el titular de la dependencia podrá suspender los efectos del nombramiento del trabajador hasta que el TFCA emita el acuerdo que determine la procedencia de la suspensión.

El documento, turnado a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, señala que se ha determinado que los trabajadores sólo podrán ser suspendidos o cesados por causa justificada.

Sin embargo, apunta, la Ley contiene un precepto que podría ser considerado contrario al ordenamiento constitucional y presentar antinomias en el mismo cuerpo normativo, ya que señala la posibilidad de que el titular de una dependencia pueda convenir con el sindicato correspondiente la suspensión de los efectos del nombramiento del trabajador que incurra en cualquiera de las causales de la fracción V del artículo 46.

“Esta situación deja en un escenario de indefensión al trabajador, ya que vulnera la garantía de seguridad en el trabajo y el derecho de audiencia que toda persona tiene ante una controversia laboral”, señala la iniciativa.

Explica que debe garantizarse una audiencia previa a la determinación de medidas como la suspensión del nombramiento del trabajador, a fin de dar certeza jurídica en la relación laboral.

El texto menciona que, de acuerdo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación /SCJN), al tenor del amparo en revisión 652/2014, “la discrecionalidad de la administración tiene límites infranqueables, siendo uno de ellos el respeto a los derechos humanos. Es importante que la actuación de la administración se encuentre regulada, y ésta no puede invocar el orden público para reducir discrecionalmente las garantías de los administrados. Por ejemplo, no puede la administración dictar actos administrativos sancionatorios sin otorgar a los sancionados la garantía del debido proceso…”.

Por lo anterior, resulta indispensable generar certeza jurídica para los trabajadores que son sometidos a un procedimiento disciplinario y/o de suspensión.

Esto, subraya, debido a que en varios casos se han presentado situaciones donde trabajadores al servicio del Estado han sido sometidos a procesos de separación y son suspendidos de sus funciones previo a que los tribunales dicten una sentencia, lo que les causa afectaciones personales y patrimoniales.