Categoría: Política

Durante la reunión de la Tercera Comisión de la Permanente se discutió y aprobó un punto de acuerdo, presentado por la diputada federal Margarita García García, por el que se exhorta a las dependencias de los tres niveles de gobierno de los tres poderes de la Unión, que hagan del conocimiento público quienes hayan terminado con el outsourcing o subcontratación en el servicio de limpieza.

En su exposición de motivos, la legisladora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), consideró que, la eliminación de este modelo de las dependencias gubernamentales, se da un paso más hacia adelante en el respeto de los derechos laborales de las y los trabajadores de nuestro país.

“Es necesario erradicar estas malas prácticas neoliberales que mermaron los derechos de la clase obrera durante tantos años, precarizaron sus salarios y les impidieron el acceso a prestaciones de ley y seguridad social, vulnerando su calidad de vida y la de sus familias, por lo que es indispensable realizar el diagnóstico en estas dependencias para regularizar al personal subcontratado”, sostuvo la congresista por el estado de Oaxaca.

Recordó que, una muestra de que este proceso se puede llevar a cabo está en la Cámara de Diputados ya que, desde la LXIV Legislatura, el personal de limpieza ya está contratado de manera directa y se quitaron a las empresas que los subcontrataba y que, en la actualidad, están registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, se duplicaron sus sueldos y tienen mayor estabilidad laboral.

“Es primordial vigilar que se respete la reforma, impulsada por el Partido del Trabajo, que beneficia a los trabajadores, al pasarlos de un entorno en que los intermediarios se quedaban con una buena parte de sus sueldos y llevarlos a un esquema de formalidad y respeto”, concluyó.

La diputada María del Carmen Pinete Vargas (PVEM) impulsa una iniciativa para sancionar quienes que no cumplan con su obligación de votar en elecciones, consultas populares y procesos de revocación de mandato.

El documento, enviado a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen, y a la Comisión de Reforma Política-Electoral para opinión, adiciona un párrafo a la fracción III del artículo 36 de la Constitución Política.

El texto de la adición dice: “La infracción a lo dispuesto en la presente fracción sin causa justificada se sancionará con la suspensión por un año de los efectos de la credencial para votar como medio de identificación personal o multa equivalente a diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización”.

En su régimen transitorio, la propuesta sugiere que, dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto, el Congreso de la Unión deberá hacer las adecuaciones necesarias a la legislación secundaria correspondiente a la justificación que en derecho se defina para la omisión del sufragio.

Apunta que el ejercicio del voto en las elecciones, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato, además de ser un derecho, es también una obligación de las y los ciudadanos del país, según lo establece el artículo 36 fracción III de la Carta Magna.

“A pesar de que desde hace años se han emprendido diferentes campañas de concientización por parte de las autoridades electorales federales y locales, los partidos políticos y las organizaciones no gubernamentales sobre la importancia de la participación ciudadana en los procesos electorales, aún falta mucho por hacer para elevar el porcentaje de electores que acuden a las urnas a cumplir con su obligación de votar”, añade.

La iniciativa de la diputada Pinete Vargas precisa que, si bien en la democracia un solo voto de diferencia es suficiente para ganar una elección, los datos en los comicios de 2022 y de 2023 muestran la renuencia de más de la mitad de las y los ciudadanos convocados a las urnas para ejercer lo que se considera en la Constitución como un derecho de la ciudadanía.

Menciona que en la actualidad se tienen contabilizados 27 países en los que, además de considerarse el voto como obligatorio, se cuenta con sanciones aparejadas a su inobservancia.

La diputada del PVEM destaca que el fortalecimiento continuo del régimen democrático en México, de la rendición de cuentas y de los mecanismos para dotar de mayor legitimidad a quienes resultan electos por el voto popular como gobernantes o representantes, transita sin duda alguna, por combatir el abstencionismo y elevar los niveles de participación ciudadana en las elecciones que se celebran para renovar los poderes.

Por ello, afirma que en sistemas democráticos modernos, en donde la legitimación en el acceso al poder es un asunto fundamental para la gobernanza, bien cabría reflexionar sobre la posibilidad de contar con un mecanismo para hacer realmente efectivo el cumplimiento de la obligación señalada en la Ley Fundamental de votar en las elecciones, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato, estableciendo consecuencias de carácter jurídico para aquellos que por desidia, desinterés o desconocimiento no acuden a las urnas cuando son convocados a ellas.

A través de una reforma de ley, la diputada Angélica Ivonne Cisneros Luján, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, busca modificar la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en materia de derecho humano a la lactancia materna.

Cisneros Luján señaló que el objetivo es fortalecer el vínculo entre la madre y los hijos, salvaguardar la salud de ambos y promover la alimentación exclusiva con leche materna durante los primeros seis meses de vida y complementaria hasta avanzado el segundo año.

“El propósito es armonizar la legislación laboral y de seguridad social con los estándares nacionales e internacionales en materia de protección a la maternidad y promoción de la lactancia materna como una medida de salud pública”, apuntó la presidenta de la Comisión de Seguridad Social.

La legisladora federal refirió que es a través de la modificación al artículo 170, fracción IV de la Ley Federal del Trabajo, que “se busca que las madres trabajadoras puedan tomar reposos adicionales de hasta dos años durante el período de lactancia. Para acceder a estos reposos después de los primeros seis meses, deben presentar una constancia médica que certifique que continúan amamantando a su hijo o hija”.

Además, expresó que con la modificación al artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la cual es reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, “que a petición de la mujer asegurada y con la autorización previa por escrito del médico del instituto correspondiente, se pueden transferir hasta dos semanas del período de descanso antes del parto para después del mismo”.

“Que las mujeres puedan trasladar hasta dos semanas de descanso previo al parto para después del mismo, a solicitud expresa y con autorización médica, para fomentar la relación madre e hijo y promover la lactancia materna”, indicó.

En conclusión, la propuesta busca que las mujeres puedan cambiar hasta dos semanas de descanso previo al parto para después del mismo, a solicitud expresa y con autorización médica, con el fin de fomentar la relación madre e hijo y promover la lactancia materna.

El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del grupo parlamentario de Morena y la diputada Julieta Kristal Vences Valencia, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género e integrante de la misma bancada, presentaron una iniciativa a fin de combatir la violencia institucional en contra de las mujeres.

Los legisladores de la bancada guinda plantearon considerar como una falta administrativa grave la violencia institucional, con lo que buscan promover que las autoridades actúen conforme a derecho para enfrentar la situación que viven las mujeres en México.

Para ello proponen integrar el artículo 58 bis a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y un segundo párrafo al artículo 20 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en dicha materia.

La violencia institucional, explicaron, se refiere a los actos u omisiones de las y los servidores públicos que discriminan, obstaculizan o impiden el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y del disfrute de políticas públicas en su beneficio.

“La violencia contra las mujeres es una de las principales problemáticas que aqueja a la sociedad mexicana”, lamentaron.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021, publicada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 7 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia al menos una vez a lo largo de su vida.

Aunado a ello, en los últimos siete años se ha incrementado en un 137 por ciento el número de feminicidios y se han registrado más de 350 mil llamadas al 911 para denunciar violencia familiar.

A pesar de lo anteriormente expuesto, las cifras de impunidad son muy altas: Datos del Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y Estatal 2022 del INEGI arrojó que en el país sólo el 8.3 por ciento de los casos relacionados con violencia de género son judicializados, lo que tiene que ver con el desempeño de las procuradurías y fiscalías, pues la probabilidad de que se denuncie y esclarezca un delito es apenas del 1.3 por ciento.

“Estos datos se encuentran estrechamente relacionados con la violencia institucional, ya que la percepción y falta de acceso a la justicia para las mujeres están conectadas con la obstaculización o dilación generadas por parte de las personas servidoras públicas”, señalan Mier y Vences en su iniciativa.

En el mismo tenor, manifestaron la importancia de señalar que la inacción por parte de las autoridades vulnera el derecho de las víctimas a la reparación integral del daño que incluye medidas de restitución y compensación.

“Se considera fundamental reformar el marco jurídico mexicano con la finalidad de robustecer las normas que regulan el actuar de las personas servidoras públicas que desempeñan actividades en materia de procuración de justicia, y que por actos u omisiones laceran el derecho de acceso a la justicia de las mujeres”, destacaron.

“En los últimos años, el aumento de casos de violencia filio-parental en México han ido en aumento, lamentablemente se trata de un fenómeno poco estudiado, debido a que no está tan visibilizado como otros actos de la violencia intrafamiliar, lo que impide que se tomen las medidas pertinentes para prevenir y sancionar dichas conductas”, alertó el diputado Brígido Ramiro Moreno Hernández.

El parlamentario por Coahuila explicó que la violencia filio-parental es aquella a través de la cual un hijo exhibe conductas de maltrato contra sus progenitores y se da generalmente cuando se trata de adultos mayores imposibilitados para ser independientes, ya sea por su avanzada edad, porque padecen alguna enfermedad crónica o viven con alguna discapacidad.

Abundó que actualmente no existe una disposición jurídica específica que permita, en primer término, reconocerla como una modalidad propia y autónoma de violencia y, en segundo lugar, que permita disponer acciones concretas para poder hacerle frente.

Ante ello, el integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) propone reformar el Código Penal Federal, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, para incorporar en la legislación nacional esta figura e imponer sanciones a quien ejerza este tipo de violencia.

“Comete el delito de violencia filio-parental quien ejerza toda forma de violencia física, psicológica y/o económica reiterada en contra de sus padres y/o madres o ascendientes directos en línea recta y se le impondrá de uno a seis años de prisión y perderá los derechos de herencia y donación por parte la víctima. Asimismo, se le sujetará a tratamiento psicológico especializado”, detalló.

Finalmente, Moreno Hernández comentó que las modificaciones a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, tienen carácter preventivo, debido a que plantea que cuando se encuentren involucrados menores de edad en este tipo de violencia, se privilegiarán las medidas dirigidas a la protección, que le permitan reintegrarse eficazmente a la familia y a la sociedad, teniendo como último recurso las medidas punitivas de internamiento y semi-internamiento previstas en la Ley.

La diputada María José Sánchez Escobedo (PRI) promueve reformas para que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) impulse la infraestructura deportiva que permita el acceso y libre desplazamiento de las personas con discapacidad en las instalaciones públicas destinadas a la práctica de actividades físicas, deportivas o recreativas.

Asimismo, para establecer que el Programa Nacional de Deporte Paralímpico y su presupuesto que elabore la Conade en conjunto con las asociaciones deportivas nacionales de deporte adaptado, deberá ser planificado de acuerdo con los principios de eficiencia, eficacia, económica, transparencia y honradez.

La iniciativa, que reformar el artículo 24 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, fue turnada a las comisiones de Atención a Grupos Vulnerables para dictamen y a la de Deporte para opinión.

En la exposición de motivos, la diputada Sánchez Escobedo señala que su propuesta tiene por objeto adecuar y ampliar las acciones que la Conade realiza para promover y garantizar el derecho de las personas con discapacidad al deporte.

Argumenta que estas adecuaciones normativas no sólo dotarán de mayor margen de acción a la Conade, sino que permitirá planear y generar mecanismos que reduzcan y eliminen las brechas de desigualdad que existen en el deporte en materia de inclusión. Además, se logrará un presupuesto bien estructurado que detecte posibles desviaciones.

Explica que los deportistas en situación de discapacidad están expuestos a diferentes obstáculos de integración en relación a los centros deportivos construidos, así como los servicios que se otorgan dentro de ellos, ya que generalmente no cuentan con una infraestructura completamente adaptada, y tampoco se cuenta con el equipamiento necesario para la libre accesibilidad.

En este sentido, la legisladora refiere que la Conade debe generar mecanismos que transformen los hábitos y eleven la eficiencia y la eficacia en las acciones institucionales para impulsar la inclusión de las personas con discapacidad en el deporte, toda vez que las acciones implementadas en favor de la cultura física no están vinculadas entre sí, lo cual no permite que se consoliden.

Subraya que es de vital importancia que se planifique un presupuesto de forma eficiente, eficaz, económico, con transparencia y honradez, y que este sea garante de los derechos fundamentales de los deportistas mexicanos.

Concluye que la construcción de un marco jurídico amplío que permita el fomento de una cultura física sólida a nivel nacional, desde los ámbitos de promoción hasta los altos niveles competitivos, requieren del esfuerzo permanente del Gobierno Federal, entidades federativas, ayuntamientos, asociaciones deportivas nacionales, instituciones académicas y los tres niveles educativos.

Los binomios caninos de la Dirección General de Resguardo y Seguridad de la Cámara de Diputados participaron con una exhibición de adiestramiento en la jornada canina y felina organizada por el diputado Julio César Moreno Rivera (Morena), en la Plaza Adolfo López Mateos, de la Alcaldía Venustiano Carranza.

La colaboración en este evento de atención integral a animales de compañía, tuvo como objetivo coadyuvar en la concientización del trato a las mascotas en el ámbito social y familiar, así como la responsabilidad que se debe tener hacia ellos y las consecuencias penales que conlleva su maltrato.

Al respecto, el diputado Moreno Rivera aseguró que “hoy se vive una nueva época en donde se ha legislado en contra del maltrato animal” y a favor de su penalización, pues explicó, antes sólo eran consideradas faltas administrativas, incluso había gente que los tenía en espacios inadecuados como azoteas y en situaciones hirientes.

“Recuerden que en el Código Penal los actos de maltrato o crueldad animal, sin causar la muerte, puede ser sancionado de 6 meses a 2 años de prisión”, expuso.

Lamentó los recientes casos de crueldad animal en contra mascotas, como en el del perrito que fue aventado a un cazo con aceite hirviendo, por lo que invitó a la población a denunciar hechos de maltrato animal.

Resaltó que cuando estuvo al frente de esta alcaldía se construyó una clínica veterinaria propia de la demarcación, ubicada en la Calle de Artilleros, en donde se brinda atención médica y servicios de esterilización, y se cuenta, incluso, con un crematorio de mascotas.

Alejandro Román Silvestre Rojo, director operativo de seguridad de la Cámara de Diputados, agradeció la invitación para participar en esta actividad que vincula y fomenta las actividades sociales y recreativas entre familias dueñas de mascotas, vecinos y sus representantes.

Explicó que la Cámara de Diputados cuenta con un Grupo Especial de Neutralización de Riesgos, que a través de binomios caninos realizan la labor de rastreo de sustancias explosivas, así como tareas de prevención de riesgos.

Posteriormente, presentó a los perros Jacko, Thor y Starky, quienes realizaron ejercicios de obediencia básica. Asimismo, expuso la importancia de los derechos de los animales, su cuidado y protección. Además, invitó a la ciudadanía a no tener a los perritos en la azotea, “eso es criminal y no se vale, ellos son nuestros aliados y amigos”.

El encargado de la Unidad Canina de la Cámara de Diputados, Sergio Cruz Cruz, dijo que los binomios caninos tienen la función de identificar bultos o maletas sospechosas que pudieran ser un artefacto explosivo. Detalló que los binomios caninos son entrenados mediante la obediencia con premios.

Conminó a la ciudadanía estar conscientes de que para tener un perro se debe tener espacio, tiempo para cuidarlo y que éstos sean esterilizados.

Añadió que las mascotas entienden lo que tú quieres de ellos. “No saben qué es lo bueno y lo malo, se los debemos explicar. Morder las suelas es sinónimo de amor a sus amos”. Agregó que tener una adecuada educación permitirá que las mascotas sean un amigo y no un conflicto en casa.

En el evento se otorgaron de manera gratuita servicios de esterilización y vacunación de mascotas.

La diputada Cecilia Anunciación Patrón Laviada (PAN) plantea adicionar el artículo 4o de la Constitución Política para que el Estado otorgue un apoyo económico a niñas, niños y adolescentes en estado de orfandad, con el fin de “garantizar y dar cumplimiento a su desarrollo sano e integral, salvaguardando el interés superior de la niñez”.

El documento, enviado a la Comisión de Puntos Constitucionales, señala la importancia de otorgar un apoyo económico para menores de edad que por la pérdida de ambos padres se encuentren en estado de orfandad, para reforzar el desarrollo sano e integral de las niñas, niños y adolescentes de México.

Se plantea en los transitorios de la iniciativa que el Estado otorgue mensualmente el equivalente a una Unidad de Medida y Actualización (UMA), aproximadamente 2 mil 900 pesos, a niñas, niños y adolescentes en estado de orfandad, siempre y cuando el menor se encuentre estudiando y acreditando sus ciclos escolares.

Dichos recursos serían otorgados por autoridades federales y locales, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 4º de la Constitución. Además, el beneficiario para niñas, niños y adolescentes será aquel familiar que ostente su patria potestad. En caso de no contar con un familiar, se creará un fideicomiso y los recursos se entregarán cuando el menor cumpla 18 años.

La propuesta destaca que este apoyo estaría condicionado a la continuidad de los estudios de la niña, niño o adolescente, que estén acreditando sus ciclos escolares, y que los recursos se destinen para la alimentación y las necesidades del menor de edad.

De igual forma, considera que las autoridades visiten frecuentemente al menor con la finalidad de verificar que se encuentre en situaciones óptimas y para asegurar que los recursos entregados se utilicen en su beneficio.

De acuerdo con el Inegi, hay más de un millón 600 mil niños, niñas y jóvenes menores de edad que viven sin sus padres en México. Además, es uno de los países con mayor número de infantes que han perdido a alguno de sus padres, con poco más de 131,325 mil, que equivalen al 16.65 por ciento del total de los contabilizados en el mundo.

La Asociación Parlamentaria de Mujeres Demócratas estima que sólo se dieron en adopción 50 infantes entre 2016 y 2021 de los más de 30 mil que hay en posibilidad de ser adoptados.

Al problema de la orfandad y la adopción se suma un sistema gubernamental lento, burocrático y hasta poco empático con los menores; también la ayuda escasa para niños, niñas y jóvenes para que tengan una nueva familia y/o estancia, añade la propuesta de la diputada Patrón Laviada.

Menciona que México ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990; sin embargo, fue hasta 2011 que incorporó el principio del interés superior de la niñez en el artículo 4o. de la Constitución, por lo que es fundamental que a todos los menores se les garantice, proteja y se les haga cumplir este derecho a satisfacer sus necesidades.

La diputada del PAN considera que México debe comprometerse de manera decidida a que ninguna niña o niño se quede atrás; es por eso que las autoridades deben establecer un compromiso serio para garantizar el derecho de prioridad de las niñas y los niños.

“Desde esta perspectiva, hay una responsabilidad mayor, tanto jurídica como ética dentro de nuestra Cámara de Diputados, en donde se debe llevar a cabo una discusión a la altura de las circunstancias y necesidades impuestas por este contexto”, concluyó.

La diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega (Morena) presentó una iniciativa con el fin de evitar la estigmatización y la criminalización del trabajo sexual, así como garantizar la seguridad de las trabajadoras sexuales.

La legisladora plantea añadir una fracción IV Bis al artículo 7 de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia para “evitar la estigmatización del trabajo sexual, garantizar la seguridad de las personas que se dedican a ello y capacitar en este aspecto a los integrantes de las instituciones de seguridad pública”.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Seguridad Ciudadana, precisa que, en la prevención social de la violencia y la delincuencia en el ámbito social, se debe evitar la desacreditación de esta actividad laboral.

En la fundamentación del documento se explica que el objetivo es impedir que el trabajo sexual se criminalice o se advierta como una actividad ilícita y que con motivo de ello las personas que se dedican a este trabajo sean perseguidos o agredidos por otras personas o bien por las instituciones de seguridad pública.

“Se trata de cambiar una perspectiva de discriminación, odio y violencia hacia un grupo de personas, precisamente el abordarlos como infractores de la ley, aunque solo estén trabajando, lo que conlleva a su persecución y discriminación, con especial énfasis por parte de las policías”, establece el texto.

Ascencio Ortega agrega en su iniciativa que lo que se busca es reconocer la existencia del trabajo sexual y que el mismo no es una fuente de violencia, sino de una actividad para el sustento de muchas personas y familias.

Añade que el Estado debe proteger a las y los trabajadores sexuales y prevenir los delitos violentos e ilícitos que se cometen en contra de estas personas, particularmente por parte de integrantes de las policías; por ello es de suma importancia capacitar a los cuerpos de seguridad pública en esta materia.

Señala que, de acuerdo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la criminalización y la discriminación aún presentes hacia quienes ejercen el trabajo sexual, aunadas a la marginación y falta de acceso a la información, impiden su acceso a los beneficios de seguridad social que tienen otros trabajadores.

La propuesta de la diputada Ascencio Ortega puntualiza que desde el Congreso de la Unión se deben dar bases generales, con la finalidad de prevenir la violencia, lograr un tratamiento adecuado de las instituciones de seguridad pública hacia quienes ejercen el trabajo sexual.

La Comisión de Derechos Humanos que preside la diputada Nelly Minerva Carrasco Godínez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, anunció la realización de un foro en la Cámara de Diputados, para conmemorar el Día Mundial contra la Trata de Personas.

Expresó que en el marco de esta efeméride se realizarán diversas actividades para crear conciencia sobre este delito que trasgrede la vida y la dignidad de las personas, pues es necesario “tomar el micrófono para manifestar que la trata no es sinónimo de mercancía, ni de amos, ni de esclavos”.

Informó que, de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, cerca de 40 millones de personas son víctimas de trata; mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estima que el número de personas víctimas en México oscila entre 50 mil y 500 mil.

Comentó que a este panorama se agrava al observar la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, pues la incidencia delictiva en esta materia no es susceptible de medirse con precisión en tanto que no hay una víctima directa identificable.

Manifestó que no contar con un diagnóstico certero afecta especialmente a la infancia mexicana.

“Cuando hablamos de trata de personas, solemos pensar en adultos, muy pocas veces nos detenemos a pensar en nuestras infancias y adolescencias, ellas y ellos, también son víctimas de este delito”, declaró.

En ese marco, lamentó que este sector siga siendo invisible para las autoridades y la sociedad en general “porque aún percibimos de manera errónea que los derechos de las niñas y los niños empiezan una vez que cumplen la mayoría de edad”.

La diputada expresó que el foro se realizará el próximo lunes 31 de julio, a las 11 horas, en el auditorio Aurora Jiménez del Palacio Legislativo de San Lázaro, mismo que contará con la presencia de organizaciones civiles expertas en la materia.