Categoría: Política

Con la finalidad de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) priorice programas de estudio referentes a la educación sexual integral y reproductiva, la diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), Shirley Vázquez Romero, presentó iniciativa que reforma el artículo 26 de la Ley General de Educación.

La legisladora por el estado de Sonora argumentó la importancia de su propuesto, toda vez que, una de las máximas preocupaciones para el Estado mexicano son el creciente número de embarazos en menores de edad, situación que ocasiona que, la mayor parte de las y los involucrados, dejen de realizar sus actividades cotidianas.

“El embarazo y la maternidad precoz tienen graves efectos negativos en las y los adolescentes, ya que los expone a condiciones sumamente adversas, mismas que dificultan su desarrollo y estabilidad”, señaló.

Con la modificación, aseveró la también integrante de la comisión de Educación de la Cámara de Diputados, la SEP priorizará planes que impliquen y promuevan el ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación familiar, la maternidad y paternidad responsable, la prevención de los embarazos adolescentes y de las infecciones de transmisión sexual.

“Ser madre o padre adolescente agravan las vulnerabilidades relacionadas con la falta de preparación para esta nueva responsabilidad; los menores que nacen de estos embarazos tempranos corren el riesgo de morir en el parto y sufrir desnutrición. Por ello, es preciso brindar las herramientas legales necesarias para evitar que los jóvenes vean afectada su salud, sus proyectos de vida, relaciones sociales y oportunidades de desarrollo”, concluyó.

La diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz (PVEM), mediante una iniciativa, plantea reformar el artículo 53 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a fin de establecer que en las terminales de origen y destino de pasajeros se cuente con un espacio acondicionado higiénico, equipado y digno que sea utilizado como lactario o sala de lactancia.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Comunicaciones y Transportes para dictamen, y la de Igualdad de Género para opinión, señala que el lactario o sala de lactancia es un espacio de uso exclusivo para la extracción de la leche materna y amamantamiento el cual deberá ser privado y exclusivo para ese fin.

Asimismo, debe contar con elementos mínimos tales como: mesas, sillas o sillones con abrazaderas, dispensadores de papel toalla y de jabón líquido, depósitos con tapa para desechos, entre otros elementos, que brinden bienestar y comodidad a las usuarias para la extracción y amamantamiento.

También, para la conservación de la leche materna cuando sea utilizada por las madres trabajadoras de las terminales, por lo que también se deberá contar con un refrigerador.

El documento indica que la instalación de esta sala de lactancia no representa un costo elevado, ya que no necesariamente se requiere de un espacio nuevo, sino que puede acondicionarse alguno ya existente para que las mujeres en periodo de lactancia puedan extraer su leche o amamantar durante la espera, y estos espacios podrán ser utilizados por las madres que laboran en estos lugares.

Las prácticas óptimas de alimentación de lactantes se sitúan entre las intervenciones con mayor efectividad para mejorar la salud y asegurar un desarrollo adecuado de los hijos e hijas. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud ha señalado que las prácticas inadecuadas de lactancia materna, especialmente durante los primeros seis meses de vida, provocan 1.4 millones de muertes y el 10 por ciento de la carga de enfermedades entre las niñas y niños menores de 5 años.

La diputada Fernández Cruz expone que al día de hoy ya se han instalado algunas salas de lactancia en diversos aeropuertos del país como el Internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de México, el Aeropuerto de Monterrey, el Mérida y el de Toluca; sin embargo, aún falta mucho por hacer.

Manifiesta que la instalación de lactarios en los centros de trabajo ha favorecido la lactancia materna exclusiva en los primeros seis meses de vida de los menores y ha evitado que las mujeres se vean obligadas a hacer una pausa en su carrera.

Indica que se tiene un compromiso como legisladoras y legisladores para que nuestro país cuente con un marco jurídico que fomente la lactancia materna exclusiva en los primeros seis meses de vida a, al menos, a un 50 por ciento antes del 2025 y que fortalezca el derecho de la niñez a una nutrición adecuada.

La diputada Catalina Díaz Vilchis, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, suscribió una iniciativa de reforma para que infancias y jóvenes con discapacidad puedan gozar plenamente del derecho de acceso a espacios públicos.

Díaz Vilchis presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la propuesta de reforma al artículo 4 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de detallar el término de accesibilidad en beneficio del sector.

Se trata de ampliar en este ordenamiento legal la definición de dicho concepto en virtud de que no es del todo clara, y de que puede aprovecharse mejor en beneficio de jóvenes en condición de vulnerabilidad.

En ese sentido expresó que deberá entenderse por accesibilidad a las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones.

Comentó que en estos entornos deberán incluirse los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales.

Subrayó que esta Ley General es de suma importancia ya que establece como bien jurídico tutelado y protegido a la niñez y adolescencia y debe cumplir con un entorno físico de movilidad.

Recordó que este marco legal también reconoce a las y los jóvenes como titulares de derechos, en los cuales el Estado debe de garantizar el goce de los mismos.

Puntualizó que se define a todas aquellas personas menores de 12 años como niños o niñas; mientras que las personas menores a los 18 años de edad, pero mayores de 12 años como adolescentes.

La diputada federal, Ana Laura Bernal Camarena, presentó iniciativa que reforma el párrafo segundo del artículo 420 del Código Penal Federal, en materia de prohibición de comercialización de vida silvestre a través de plataformas digitales, toda vez que cualquier persona tiene acceso a ello e incluso menores de edad pueden adquirir de manera igual especies en peligro de extinción, por lo que es indispensable aumentar las penas al respecto.

En ese sentido, la legisladora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), reveló que el comercio ilegal de vida silvestre es un negocio muy lucrativo, no nada más en México, sino en el mundo y la falta de regulación de esta situación, en específico, ha creado una laguna jurídica en el Código Penal Federal, por lo que son necesarias las penalizaciones ante la impunidad que persiste.

La congresista por el estado de Sonora recalcó que, es deber de la ciudadanía conservar la flora y fauna y del Estado garantizarlo. Agregó que, si bien los ilícitos mencionados no son recientes, su lamentable incremento es una llamada para que el gobierno detenga este mal que perjudica y vulnera la naturaleza de nuestra nación.

Lamentó que el tráfico ilegal de estas especies está normalizado en el país, lo que deja ver el gran problema que existe, incluidos los métodos que utilizan los traficantes. Subrayó que el motivo por el que se perpetúan estos delitos es por la aplicación laxa de las leyes y que, por muchos años, no ha habido la voluntad de otras administraciones para combatir esta grave problemática.

“Se debe conservar y proteger a la flora y fauna contra las actividades ilícitas realizadas por el ser humano. La principal causa de estos delitos es por la alta demanda en el mercado negro, por lo que se debe erradicar cualquier acceso a estos crímenes y salvaguardar la vida silvestre de México”, concluyó.

La diputada Erika de los Ángeles Díaz Villalón (PAN) impulsa una iniciativa con la finalidad de garantizar que las víctimas de cualquier tipo de violencia tengan derecho a recibir atención médica y psicológica, y con previa valoración, se les brinde información sobre el estado de salud y físico que guarden.

La propuesta, turnada a la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, busca reformar la fracción V del artículo 52 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Actualmente, este precepto señala que las víctimas de cualquier tipo de violencia tendrán derecho a recibir información médica y psicológica, pero, de acuerdo con la diputada, no es lo mismo “recibir información médica” que “recibir atención médica”.

En su exposición de motivos, Díaz Villalón destaca que la reforma tiene el objeto de evitar indebidas interpretaciones en perjuicio de las mujeres víctimas de violencia, pues entre más claras sean las leyes, mejores estarán protegidas y menos excusas enfrentarán para recibir un servicio de esta naturaleza.

Su iniciativa revela que, de acuerdo con cifras en materia de percepción de seguridad recabadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se aprecia la urgencia de una adecuación y perfeccionamiento del marco jurídico para la protección de las mujeres.

De ahí la necesidad de empezar a generar formas y acciones para educar, capacitar y concientizar a los servidores públicos, en este caso, de los municipios y de las demarcaciones de la ciudad de México, para que cuenten con los conocimientos y elementos que los encaminen a materializar los logros que persiguen las tratados, leyes, normas y políticas públicas que buscan la protección de las mujeres frente a la violencia.

La legisladora argumentó que se toma como base, en primer término, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (‘Convención de Belém do Pará’), aprobada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos el 9 de junio de 1994, y cuyo decreto fue aprobado en México el 12 de diciembre de 1996 y publicado en el Diario Oficial de la Federación.

En éste se reconoce el respeto irrestricto a los derechos humanos y se afirma que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales que la limita total o parcialmente en el reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos y libertades.

Agregó que en el artículo 1° de la Convención Interamericana se describe la violencia contra la mujer como cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.

Díaz Villalón señala que el Estado mexicano, pero sobre todo las autoridades y las personas servidoras públicas, tienen la ineludible obligación de observar los postulados y principios que se encuentran en cada uno de los artículos de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

En este sentido, expuso que todas las autoridades del Estado mexicano, en los ámbitos de su competencia, están obligadas a adoptar todas las medidas adecuadas para eliminar la desigualdad, la discriminación y erradicar cualquier forma de violencia contra las mujeres y niñas, y garantizarles una vida libre de violencia.

Por ello, una adecuada armonización legislativa de los principios y derechos consagrados en los tratados internacionales sobre derechos humanos de las mujeres, es responder a la obligación de proteger y garantizarles el pleno ejercicio de sus derechos humanos, puntualiza la diputada.

La diputada Julieta Andrea Ramírez Padilla, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, propuso una modificación al Código Penal Federal, con el objetivo de ampliar la protección legal de integrantes de grupos vulnerables a diversas situaciones de “ventaja” en el contexto de violencia familiar.

“El ánimo es contribuir a cerrar las brechas de desigualdad legislativa que sufren las personas adultas mayores y las mujeres, así como las niñas, niños y adolescentes, en materia de acceso a la justicia”, afirmó.

La iniciativa busca reformar la fracción V, del artículo 316 del Código Penal Federal, y extender la protección legal en las siguientes situaciones: Cuando el agresor es una persona superior en fuerza física y la víctima es una mujer, cuando el agresor es una persona superior en fuerza física y la víctima es una persona menor de dieciocho años y cuando el agresor es una persona superior en fuerza física y la víctima es una persona adulta mayor.

Ramírez Padilla señaló que el Código Penal Federal, así como los códigos penales de las entidades federativas, definen lo que se debe entender por “ventaja”, formulando diversas hipótesis o casos en que se considera existe ventaja. Sin embargo, “la legislación no previene la que se produce contra adultos mayores ni tampoco a la que se causa a la mujer ni otros grupos vulnerables”.

“Es así como, en la premisa de actualizar específicamente la ventaja prevista por la fracción quinta del anterior precepto, se propone adecuar su contenido, para ampliar la tutela y el bien jurídico protegido a favor de las diversas variables a que me refiero”, dijo.

Por lo anterior, indicó que considera importante aportar más elementos normativos en nuestra cultura punitiva y garantizar mejores condiciones de legalidad y afectividad en materia de justicia penal que proteja también a los adultos mayores ante agresiones físicas, buscando con ello inhibir la conducta para salvaguardar la integridad de las personas adultas mayores.

“Esta iniciativa se suma a las iniciativas de la Cuarta Transformación, quienes hemos buscado desmantelar las estructuras del viejo régimen de corrupción e impunidad, implementado políticas públicas sociales destinadas a empoderar a diversos grupos de población más vulnerable”, concluyó la legisladora.

Las delegaciones parlamentarias de México y República Dominicana acordaron fortalecer el intercambio y las relaciones entre los congresos de ambas naciones, con el fin de impulsar, desde el espacio legislativo, las acciones necesarias para el desarrollo económico, político y social en Latinoamérica y el Caribe.

En la Declaración Conjunta de 21 puntos de la Primera Reunión Interparlamentaria República Dominicana-México, leída por la senadora dominicana Faride Virginia Raful Soriano, las legisladoras y legisladores de las dos naciones compartieron la convicción de que el Poder Legislativo es la institución central de la democracia representativa y un elemento fundamental en el equilibrio y la división de poderes, desde donde se impulsa el desarrollo en beneficio de sus pueblos y la Unidad Caribeña.

Asimismo, se congratularon por los 135 años del establecimiento de relaciones bilaterales entre México y República Dominicana, por lo que instaron a sus respectivos gobiernos a fortalecer los vínculos que los unen.

Reafirmaron su compromiso de trabajar, desde la esfera legislativa, para contribuir a las soluciones dirigidas a la mitigación de los efectos del cambio climático, así como apoyar las políticas nacionales y las acciones de sus gobiernos en los foros multilaterales.

Por lo que respecta al cuidado del medio ambiente, cambio climático y los desastres naturales, las delegaciones parlamentarias celebraron la fluida colaboración que existe entre los dos países y la que tiene lugar en la Agenda 2030 del desarrollo sostenible para América Latina y el Caribe.

Sobre el arribo de sargazo a playas del caribe mexicano, la delegación de México agradeció la disposición del gobierno de la República Dominicana para compartir las experiencias impulsadas por autoridades locales, la iniciativa privada y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para su control, limpieza de playas, investigación y transformación sustentable del alga.

Las delegaciones parlamentarias de México y República Dominicana reconocieron la conveniencia de promover un tratado internacional entre los países del Caribe, Francia, Estados Unidos y Holanda, para desarrollar una estrategia integral de erradicación, prevención y aprovechamiento productivo del sargazo.

También coincidieron en elevar el tema ante la ONU para buscar acuerdos que permita su atención con un enfoque integral y global en el marco de la COP28; asimismo, convocarán a los centros de investigación y universidades sobre el aprovechamiento del sargazo.

Por otra parte, coincidieron en hacer un balance del impacto del COVID-19 para los países latinoamericanos y caribeños; de compartir las mejores prácticas en materia laboral, sanitaria y mercado laboral, así como en materia educativa y transporte.

En materia de salud pública, ambas delegaciones subrayaron la importancia de llevar a cabo acciones conjuntas en el plano bilateral y regional para mejorar las prestaciones de servicios de salud en beneficio de las personas, así como fortalecer la cooperación ante futuras pandemias.

En el plano económico, enfatizaron la necesidad de crear un mejor ambiente para las inversiones, por lo que acordaron trabajar conjuntamente para apoyar la negociación de un acuerdo bilateral para la protección de inversiones y, posteriormente, un acuerdo amplio para el impulso del comercio bilateral.

Los parlamentarios mexicanos y dominicanos coincidieron en mejorar los canales de cooperación existentes en materia petrolera, energías renovables y fuentes alternativas, tema en el que México reconoce que las naciones insulares del Caribe han resentido el encarecimiento global de los hidrocarburos.

Destacaron la importancia de aumentar la frecuencia de vuelos de México y Santo Domingo, así como las comunicaciones marítimas y aéreas que contribuyan a vigorizar el comercio y la actividad turística y cultural entre las dos naciones. También se pronunciaron a favor de ampliar el espectro de intercambios culturales, educativos y deportivos.

Respecto a la migración, las delegaciones parlamentarias destacaron que, para abordar este fenómeno de manera responsable, es esencial potenciar la cooperación bilateral y multilateral para impulsar el desarrollo inclusivo donde se protejan los derechos de las personas migrantes y se atiendas las causas estructurales de la migración.

Reconocieron la importancia de generar espacios para la realización de actividades culturales y exposiciones que utilicen los recintos parlamentarios, entendiendo que pueden ser un factor para inhibir la inseguridad. La delegación mexicana consideró que el Fondo de Cultura Económica puede ampliar la oferta de libros para el pueblo dominicano.

Por otro lado, hicieron un respetuoso llamado a las naciones del mundo a privilegiar el principio de solución pacífica de las controversias y a ceñirse a la carta de las Naciones Unidas.

Destacaron que es necesario avanzar en la unidad e integración de Latinoamérica y el Caribe, así como procurar la consolidación de los vínculos de solidaridad y cooperación a través de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CLAC).

Las delegaciones parlamentarias plantearon la posibilidad de firmar un acuerdo de información y servicios parlamentarios, con el fin contribuir entre ambos congresos el cumplimiento de los principios de Parlamento Abierto para fortalecer la capacidad legislativa.

Finalmente, anunciaron que la Segunda Reunión Interparlamentaria entre ambos congresos se realizará en México en 2024.

La delegación mexicana en esta Primera Reunión Interparlamentaria estuvo conformada por las y los diputados Marcela Guerra Castillo, Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; Jazmín Jaimes Albarrán (PRI), Presidenta del Grupo de Amistad México-República Dominicana; Dionicia Vázquez García (PT), Vicepresidenta del Grupo de Amistad México-República; Pedro Peñaloza Pérez, Vicepresidente del Grupo de Amistad México-República Dominicana; así como los diputados Pablo Gil Delgado Ventura (MC), Paulina Aguado Romero (PAN), Fátima Almendra Cruz Peláez (PVEM) y Mauricio Prieto Gómez (PRD).

Por la Cámara de Senadores asistieron la senadora Beatriz Elena Paredes Rangel (PRI), Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe; el senador César Arnulfo Cravioto Romero (Morena), Secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe; y las senadoras Gabriela Benavides Cobos (PVEM), Marcela Mora (PES), Alejandra del Carmen León Gastélum (MC) y el senador Alejandro Rojas Díaz Durán (Morena).

Con el objetivo de asegurar la accesibilidad de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones, al transporte público aéreo, la diputada Norma Angélica Aceves García (PRI) impulsa una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad.

Propone modificar la fracción II del artículo 19 para “asegurar” que en la concesión del servicio de transporte público aéreo, terrestre o marítimo, las unidades e instalaciones garanticen a las personas con discapacidad la accesibilidad para el desplazamiento y los servicios, incluyendo especificaciones técnicas y antropométricas, apoyos técnicos o humanos y personal capacitado.

Plantea adicionar el artículo 19 Bis a fin de establecer que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes obligue a concesionarios o permisionarios del transporte público aéreo a “garantizar el acceso a la comunicación y a la información en formatos accesibles, correspondiente a todas las etapas del transporte público aéreo”.

Además, “implementar los ajustes razonables tecnológicos, digitales y de infraestructura necesarios para garantizar el pleno ascenso, acceso, tránsito y descenso a las personas con discapacidad en las unidades aéreas, aeropuertos y demás pertenecientes al transporte púbico aéreo”. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para dictamen.

La diputada Aceves García destacó la necesidad de aplicar medidas de carácter obligatorio para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad en materia de transporte aéreo, en virtud de que el Estado mexicano no las ha satisfecho.

Es una realidad que no todos los servicios del sistema aéreo mexicano son accesibles para todas las personas, hecho que señala una clara contradicción del Estado mexicano hacia el artículo 9 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el cual entró en vigor desde el 2008 y que signó el Estado mexicano, donde se comprometió a adoptar las medidas pertinentes para garantizar esta condición de accesibilidad; no obstante, aún falta avanzar en la materia.

Refirió como ejemplo lo expuesto en la Observación del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el pasado 24 de abril de 2023 en el Aeropuerto Internacional “Heriberto Jara Corona”, en Veracruz, donde la atleta paraolímpica estadounidense Kayla Woputz tuvo que descender de un avión arrastrándose escalón por escalón hasta que logró alcanzar su silla de ruedas al final de la escalera.

El hecho demuestra que esta terminal aérea se vio rebasada por la demanda de pasajeros y evidenció la falta de accesibilidad ofrecida por el inmueble hacia las personas con discapacidad, precisó.

Subrayó que en materia legislativa se han implementado diversas medidas de nivelación; sin embargo, éstas han quedado rebasadas por la falta de obligatoriedad implícita en la ley.

En noviembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Circular Obligatoria en la materia que contempla homologar los criterios de orden operativo, administrativo y de infraestructura en la prestación de servicio al público de transporte aéreo para las personas con discapacidad, a fin de garantizar su accesibilidad.

Sin embargo, a 10 años de su publicación aún hay varios rubros que no han sido atendidos por parte del Estado mexicano, como es la difusión de la información y las comunicaciones en formatos accesibles y la infraestructura accesible para esta población.

Por ello, se requiere esta reforma  para que en colaboración con los concesionarios y permisionarios, se logre el acceso a la información y las comunicaciones en formatos sencillos e implementar los ajustes razonables tecnológicos y digitales, así como de infraestructura necesarios que permitan el pleno acceso a las personas con discapacidad a los servicios del sistema aéreo nacional, con el propósito de contribuir a eliminar las barreras que limitan la inclusión en espacios y medios de transporte.

La Comisión de Zonas Metropolitanas, que preside la diputada María Elena Limón García (MC), se reunió con el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA) con la finalidad de dar a conocer la importancia y promover la producción de alimentos para autoconsumo.

Limón García afirmó que en ocasiones se da por sentado en las grandes ciudades el abasto continuo de alimentos para la población; sin embargo, uno de los desafíos planteado en diversos paneles científicos es la alerta sobre el abasto que no pudiera garantizarse plenamente en el futuro.

Estamos viviendo tiempos difíciles, subrayó, con una guerra en estos momentos que pone en evidente peligro el abastecimiento de alimento para los ciudadanos de todo el planeta, además del impacto de factores como el cambio climático que producen torrenciales lluvias, así como las constantes y cada vez más profundas sequías, que pueden afectar la cantidad y, sobre todo, la calidad de los alimentos.

Con base en ello, aseguró que en las zonas metropolitanas habita la mayoría de mexicanas y mexicanos, por lo que es importante tomar en perspectiva un fenómeno que pudiera alcanzarnos en mayor o menor medida.

Al exponer el tema “La importancia de la agricultura periurbana en las zonas metropolitanas del país”, el ingeniero Jesús Guzmán Flores, investigador “A” del CEDRSSA, expuso la diferencia de la agricultura urbana y periurbana de la agricultura rural, ya que ésta última se hace en unidad permanentes y convencionales de arar la tierra en superficies pequeñas o grandes, de un solo cultivo y con sistemas de riego más avanzados.

En cambio, la agricultura urbana y periurbana se hace en unidades pequeñas, en jardines particulares, azoteas o macetas, está en constante movimiento, incluso, ni siquiera hay suelo en donde se desarrolla; no obstante, ambas presentan actualmente grandes desafíos como la falta de políticas públicas para su promoción y apoyo, escasez de producción de semillas, cambio climático y falta de interés de la población urbana en la agricultura.

Sin embargo, agregó, este sistema ofrece grandes ventajas como la disponibilidad de alimentos y acceso a los mismos para el autoconsumo familiar, contribuye a una sana producción de alimentos y mejor nutrición, mejora el medio ambiente y coadyuva a tener ingresos, así como una educación nutricional y, sobre todo, tener una mejor calidad de vida.

Intervención de diputadas y diputados

El diputado Jorge Alberto Barrera Toledo (Morena) destacó la importancia de contar con experiencias para llevarlas a una política pública para que se inserten de manera sistematizada en los esfuerzos institucionales entre ayuntamientos y escuelas, con el fin de formar actividades que “generen la narrativa de que es posible utilizar los espacios urbanos y periurbanos para el cultivo de diferentes alimentos”.

Comentó que, en su distrito, en Cuernavaca, Morelos, se llevan a cabo talleres de huertos urbanos, con un temario diverso que implica desde el trato a la tierra; “ha sido satisfactorio porque al dar a conocer y ampliar estas prácticas, se realizan cada vez con mayor intensidad con la utilización de terrenos baldíos, espacios públicos, camellones, parques y escuelas”.

En tanto, la diputada María Guadalupe Román Ávila (Morena) resaltó que una gran parte de la población vive al día y no cuentan con suficientes recursos económicos para cubrir sus necesidades primarias; por ello, dijo, es fundamental legislar e impulsar temas que den certeza de la seguridad alimentaria y a la agricultura urbana y periurbana.

Sostuvo que es indispensable contar con proyectos y políticas para implementar la agricultura urbana y periurbana en las zonas metropolitanas. Planteó realizar un parlamento abierto con la posibilidad de incorporar en la Ley General de Desarrollo Urbano y Asentamientos Humanos que los lotes baldíos y las zonas correspondientes al derecho de vía de jurisdicción federal, sean utilizados para la producción de alimentos en las ciudades.

El diputado Javier Huerta Jurado (Morena) destacó la importancia de que todas las escuelas, de los tres niveles educativos, destinen un espacio para la producción agropecuaria. También consideró que “hace falta una política de Estado para ordenar el crecimiento urbano” y preservar áreas completas de las zonas rurales para evitar que siga creciendo la zona metropolitana y conservar las tierras rurales destinadas a la producción agropecuaria.

De esta forma, continuó, se ayudaría a garantizar la alimentación en zonas cercanas a las metrópolis, a la captación de agua y proteger las tierras productivas de “esa vorágine que la industrialización y la urbanización han generado en las grandes ciudades”.

En el marco de la celebración del vigésimo aniversario de la Escuela del Partido del Trabajo, en Ensenada y la graduación de 400 estudiantes de oficios, se llevó a cabo una exposición de trabajos que se realizaron en los diferentes talleres que se impartieron, durante el periodo escolar 2023-1.

Al participar en la ceremonia, el diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), Armando Reyes Ledesma, felicitó a los alumnos que terminaron exitosamente sus estudios, mismos que les permitirán integrarse a la vida laboral y generar ingresos que beneficien su economía y las de sus familias.

En ese sentido, el legislador petista reiteró la relevancia de estas acciones que promueve el PT, toda vez que se le otorgan conocimientos e instrumentos a las personas que más lo requieren y, con ello, impulsar su bienestar y calidad de vida.

Cabe mencionar que, entre los talleres ofrecidos en el ciclo recién concluido están chocolatería, repostería, bisutería, belleza, maquillaje, cocina mexicana, pintura en cerámica, entre otros; igualmente, se impartieron cursos de música, guitarra, ballet, barbería, corte y confección, inglés, francés, yoga, artes marciales, enfermería y asesorías para terminar la educación primaria, secundaria y preparatoria.