Categoría: Política

La diputada Mariana Erandi Nassar Piñeyro (PRI) impulsa iniciativa para que la Secretaría de Salud, en su carácter de autoridad sanitaria, y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, como coordinador del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada, promuevan la instalación de salas de despedida en los hospitales que brinden atención materno-infantil.

El documento, enviado a la Comisión de Salud, propone que, en los casos de muerte fetal o perinatal, así como cuando el personal de salud informe a las madres y padres que a su hijo o hija le queda poco tiempo de vida, puedan despedirse en compañía de su familia, rendir un homenaje privado, abrazar, tocar, vestirlo, tomar fotografías, videos, hacer videollamadas o cualquier otro medio de registro electrónico, y de esa forma puedan despedirse con el ritual que cada uno elija.

La iniciativa, que adiciona una fracción XIV Bis al artículo 9 de la Ley de Asistencia Social, destaca la necesidad de brindar atención a las mamás y papás que pierden a un bebé en el periodo fetal o perinatal, y en apego al principio rector del Sistema Nacional de Salud, incrementar la infraestructura hospitalaria con un enfoque de derechos humanos.

Hace mención al denominado “Código Mariposa”, protocolo de atención médica respetuosa y digna para favorecer la recuperación emocional de las mujeres que viven la muerte de sus hijos o hijas; una de sus medidas es el acondicionamiento en los hospitales, públicos y privados, de espacios donde la mamá y el papá que han perdido un hijo o hija, así como sus familias, puedan despedirse del bebé con los rituales que cada uno decida y de acuerdo a sus creencias personales.

La diputada Nassar Piñeyro relata que, en el país, se han hecho esfuerzos para la instalación de salas de despedida en hospitales públicos, como es el caso del Hospital Materno-Infantil “San Martín de las Flores”, de Tlaquepaque, Jalisco, inaugurada en octubre del 2022, que se convirtió en la primera unidad obstétrica pública en su tipo en todo México en contar con un espacio digno para el duelo de las familias.

Argumenta que la ampliación de la infraestructura hospitalaria debería realizarse con un enfoque de derechos, que responda a las necesidades de la población y que permita el desarrollo pleno de la protección de la salud en el país.

La Ley de Asistencia Social define a la asistencia social como el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, indefensión desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva.

Entre los sujetos de asistencia social reconocidos se encuentran las mujeres en estado de gestación o lactancia, y se contempla como un servicio básico de salud en materia de asistencia social, entre otros, el apoyo a mujeres en períodos de gestación o lactancia, con especial atención a las adolescentes en situación de vulnerabilidad.

La diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortés, integrante del Grupo Parlamentario de Morrena, suscribió una iniciativa para establecer desde la legislación vigente el salario igualitario sin ningún tipo de discriminación.

Expresó que uno de los problemas que enfrenta el país en materia laboral, es la desigualdad y la falta de oportunidades de trabajo, discriminación en razón de sexo, género, raza, edad, preferencia sexual, color de piel, condición física y discapacidad.

Comentó que acceder a un empleo formal o mejor remunerado y con seguridad social que permita crecer profesionalmente, es cada vez más difícil, aunado a la existencia de empresas o instituciones con numerosos casos de discriminación, dando un trato desfavorable y a veces de inferioridad o de desprecio.

Informó que, de acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, en la última década la mayoría de las denuncias realizadas han sido por discriminación laboral, mientras que el registro de quejas que se ha recibido desde 2012 hasta el cierre 2022 muestran que se registraron 3 mil 915 reportes de centros laborales donde más actos ocurren de discriminación, lo cual equivale al 49.3 por ciento del total de las denuncias.

Para las mujeres, la falta de equidad en el salario se debe a la desvalorización de su trabajo, las características del puesto laboral y la segregación ocupacional.

Por su parte, los jóvenes, al buscar empleo, encuentran pocas alternativas, en malas condiciones laborales, y con salarios bajos.

Mientras que los adultos mayores tienen también desventajas al conseguir empleo, ya que las nuevas tecnologías y las altas tasas de desempleo han intensificado la competencia para los puestos, ocasionado que sean escasas las oportunidades de trabajo para ellos.

Asimismo, continuó la diputada, las personas con discapacidad, además de enfrentarse a los desafíos propios de sus particularidades, se les impide participar plenamente en la sociedad como sujetos económicamente activos, por lo que son más susceptibles a no tener empleo, a trabajar en condiciones de desprotección y recibir menores ingresos.

Señaló que las personas integrantes de la comunidad de la diversidad se encuentran con las dificultades de que los trabajos a los que pueden acceder son con salarios precarios, ganando entre 2 mil y 6 mil pesos al mes, y para ser contratados deben practicarse exámenes de VIH, recibir cuestionamientos sobre su identidad y preferencia sexual.

En ese contexto, la diputada federal expresó que la propuesta busca modificar y adicionar el artículo 86 de la Ley Federal del Trabajo, respecto a las remuneraciones en ofertas laborales.

Se trata de puntualizar que “todas las ofertas laborales deberán señalar de manera expresa y precisa la remuneración asociada al cargo, puesto, y jornada, que se desee cubrir; y una vez obtenido, se deberá garantizar la igualdad de remuneraciones sin distinción de sexo, genero, raza, edad, orientación sexual, color de piel o discapacidad, por lo que, a trabajo igual debe corresponder salario igual”.

“El objetivo es garantizar y promover el principio de igualdad laboral y la no discriminación: con esto se busca generar un entorno equitativo con un salario igual, que sin duda favorece no sólo al empleado, pues los patrones y/o jefes serán también beneficiados de la mejor producción laboral”, dijo.

El diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), Jorge Armando “Fugio” Ortiz, hizo un llamado al gobierno federal para evitar la extinción del Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua (IMTA) y, por el contrario, fortalecerlo e incrementar sus recursos para el próximo ejercicio fiscal.

En conferencia de prensa que ofreció junto a trabajadores y representantes sindicales del IMTA, en la que externaron su preocupación por una iniciativa que propone que el instituto se incorpore a la Comisión Nacional del Agua, el legislador aseguró que, de concretarse su desaparición, se abriría la posibilidad de privatización del agua, ya que se otorgarían concesiones a empresarios, perjudicando a los sectores más vulnerables de la población.

Al respecto, señaló que, en la actualidad, el IMTA funge como un ente autónomo, con opinión científica calificada, que garantiza el uso sostenible del vital líquido y la protección del medio ambiente, por lo tanto, es imprescindible devolverle recursos que se le han quitado y otorgarle recursos suficientes.

Para ello, el congresista por Nayarit aseguró que se presentará una propuesta de reserva en la próxima discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación, para plantear que, de 210 millones que hoy se le asigna al instituto, se pase a 600 millones de pesos, que cubrirán los salarios y prestaciones de los trabajadores y garantizará el mantenimiento de las instalaciones, así como el mejoramiento de la tecnología.

“Como integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, ratifico el compromiso personal y partidario de respaldar las causas de la clase trabajadora. Somos el PT, el partido de los trabajadores, de la clase trabajadora y vamos a defender la fuente de empleo de los compañeros del IMTA y lucharemos por un presupuesto digno”, concluyó.

La diputada Juanita Guerra Mena, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, puso a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, una iniciativa de reforma para cancelar las líneas telefónicas que son utilizadas para realizar llamadas de extorsión.

El proyecto de decreto busca modificar la Ley de la Fiscalía General de la República y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para robustecer la lucha en esta materia.

En primera instancia, expresó la diputada, se propone reformar el marco legal que rige a la FGR para que esta instancia de procuración de justicia requiera obligatoriamente y de manera mensual a los concesionarios, la cancelación de estas líneas telefónicas y del propio teléfono.

Además, continuó, se propone una adición a la ley de telecomunicaciones a efecto de que se proceda de inmediato en dar efecto a dichas cancelaciones y a la inhabilitación permanente de los equipos o dispositivos terminales móviles.

La diputada informó que en 2021 nuestro país registró una cifra récord de 9 mil 407 víctimas de extorsión, lo que representó un incremento en esta materia del 12,3 por ciento respecto al año anterior, cuando la cifra se situó en 8 mil 380 afectados, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Comentó los extorsionadores eligen como víctimas por igual a estudiantes, amas de casa o empresarios, debido en mucho a la falta de un mecanismo que obligue a las autoridades a coordinarse con los concesionarios para lograr la inutilización remota de números IMEI, y números telefónicos asignados a chips de prepago.

Expresó que las cifras oficiales visibilizan una realidad que apunta a ser, al menos, cien veces más grave, pues muchos de los casos no se denuncian ante la autoridad, al tiempo que el crimen organizado diversifica sus mecanismos mientras las víctimas se enfrentan a laberintos burocráticos y promesas de justicia.

Puntualizó que, sólo en la Ciudad de México, anualmente se realizan 3.7 millones de llamadas de extorsión, de las cuales 7 mil diariamente provienen de centros penitenciarios a pesar de que en la mayoría se han instalado sistemas de bloqueo de teléfonos celulares.

Manifestó que a través de la iniciativa se complementa un vacío normativo que quedó pendiente desde la expedición de la norma federal en materia de telecomunicaciones, al tiempo que se vuelve obligatorio para la Fiscalía actuar en consecuencia bajo la implementación de una acción viable y tecnológicamente posible.

El diputado Favio Castellanos Polanco (Morena) presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Salud, a fin de establecer un marco regulatorio que garantice el uso seguro, efectivo y ético de la Inteligencia Artificial (IA) en el Sistema Nacional de Salud.

En el documento, turnado a la Comisión de Salud propone agregar la fracción VIII Quater al artículo 7º para señalar que corresponde a la Secretaría de Salud, fomentar el desarrollo de sistemas de IA en el ámbito de salud en condiciones de confiabilidad, precisión, privacidad, seguridad, calidad y eficacia terapéutica, garantizando la protección y tratamiento adecuado de los datos personales sensibles, tanto en medios físicos como digitales.

Asimismo, en una nueva fracción VIII Ter, estipula que corresponderá a esa dependencia desarrollar acciones para la protección y tratamiento de datos personales sensibles en el desarrollo y uso de sistemas de IA en el ámbito de la salud.

También agrega la fracción I Bis al artículo 6º para garantizar en los objetivos del Sistema Nacional de Salud la protección y el tratamiento adecuado de datos personales sensibles en posesión de los particulares y de sujetos obligados, tanto en medios físicos como digitales.

Añade en el artículo 17 Bis que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) deberá evaluar riesgos a la salud en particular sobre el uso de los sistemas de IA en el ámbito de la salud; en el artículo 103 Bis 3, respecto a los estudios sobre el genoma humano, señala que, en el manejo de la información, deberán protegerse los datos personales sensibles.

Adiciona el Título Quinto Ter. Inteligencia Artificial en la Salud, que contiene de los artículos 103 Bis 8, al 103 Bis 15, para estipular, entre otras cosas, que la IA en la salud se refiere a los sistemas basados en algoritmos digitales que imitan la inteligencia humana y pueden realizar tareas cognitivas de manera autónoma o asistida, mismos que están destinados a utilizarse en la salud.

La iniciativa del diputado Castellanos Polanco indica que, al ser una herramienta de apoyo, la IA no deben considerarse como reemplazo de los profesionales de la salud y que para su uso habrá una supervisión y toma de decisiones finales por parte de profesionales humanos capacitados.

Por otra parte, propone que la Secretaría promoverá la capacitación y educación adecuada sobre su uso ético y seguro y que la formación de recursos humanos facilite la adopción de la IA en el Sistema Nacional de Salud.

Respecto a los prestadores de servicios de salud, desarrolladores y proveedores de sistemas de inteligencia artificial, destinados al ámbito de la salud, estipula que deberán realizar el registro sanitario de sus sistemas ante la Secretaría de Salud, para garantizar su confiabilidad, precisión, privacidad, seguridad, calidad y eficacia terapéutica.

Los prestadores de servicios de salud, desarrolladores y proveedores de sistemas de IA destinados al ámbito de la salud, serán responsables, para todos los efectos legales, de los resultados generados por sus sistemas, así como de los resultados adversos originados por el uso de sus sistemas y prácticas que pongan en peligro la vida, salud y seguridad de los pacientes.

Asimismo, deberán garantizar la protección de datos personales sensibles de las personas durante todas las etapas de la investigación y utilización para fines médicos. Además, estipula que la Secretaría determinará en qué casos los sistemas representan un riesgo grave para la salud de las personas y procederá a su cancelación y suspensión de operaciones.

La diputada Olga Luz Espinosa Morales (PRD) propuso una iniciativa que reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política, para que el titular del Ejecutivo Federal no pueda objetar los nombramientos de las y los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que realice el Senado de la República.

La propuesta mdifica los artículos 6, 72 y 89. En este último, se deroga el párrafo XIX sobre las facultades y obligaciones del presidente, que actualmente señala: “Objetar los nombramientos de los comisionados del organismo garante que establece el artículo 6º de esta Constitución hechos por el Senado de la República, en los términos establecidos en esta Constitución y en la ley”.

Plantea que, una vez de aprobado el nombramiento, ocupará el cargo de comisionado o comisionada, además de que el Senado de la República lo publicará de inmediato en el Diario Oficial de la Federación.

Precisa que el Ejecutivo no podrá objetar los nombramientos que, con base en esta Constitución, aprueben las Cámaras del Congreso de la Unión.

El documento, turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales, menciona que en oficio de fecha 15 de marzo de 2023, el presidente de República objetó los nombramientos porque un ciudadano nombrado no estaba en la lista de las mejores calificaciones y porque trabajaba en la Consultoría Jurídica Legislativa en el Senado de la República, mientras que la otra persona fue objetada porque obtuvo 21 de 24 puntos posibles; ello, por encima de los factores que, de manera soberana, tomaron en cuenta los senadores para nombrar a esa persona.

Esto, explica la iniciativa de la diputada Espinosa Morales, resulta incomprensible por tratarse de una institución del Estado mexicano al cual una sola persona le tiene suspendida su vida pública, a pesar de que ésta, el INAI, no entra en la esfera de su competencia.

“Al día de hoy, el INAI informó que ya son más de 6 mil recursos de revisión los que el Pleno no ha podido atender por falta de quorum; además, señala que se está viviendo una crisis ante la falta de designación de tres comisionados faltantes, de los cuales, dos objetó el presidente de la República”, detalla.

Advierte que hoy es nuevamente vigente un paisaje partidista monocromático, con un partido disciplinado y sujeto a la voluntad presidencial, que ostenta mayoría en las cámaras del Poder Legislativo, cuenta con ministros afines en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y controla la mayoría de las gobernaturas en las entidades federativas.

Menciona que, en México, el veto presidencial más común, había sido el de bolsillo, que se da cuando la Constitución no obligaba al Ejecutivo a promulgar o regresar en un plazo determinado el proyecto de ley aprobado en la asamblea.  En la práctica esto significa que el presidente puede “congelar” cierta iniciativa al “ignorar” que alguna vez le fue enviada”.

Puntualiza que la objeción presidencial de nombramientos por parte de alguna de las Cámaras del Poder Legislativo, como depositarios de la representación nacional, resulta una limitante al ejercicio soberano de debatir y acordar resoluciones, pasando por encima de 500 o 128 voluntades que de manera autónoma toman decisiones.

Espinosa Morales subraya que la condición de que estos nombramientos sean votados por dos tercios de los miembros presentes en las cámaras les dota de la legitimidad suficiente para ser ungidos como integrantes de un organismo con autonomía constitucional como el INAI.

“El caso del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, es evidente para justificar la eliminación de esa facultad. Es inconcebible que una persona pueda obstruir y detener la vida pública de un órgano emanado de la Constitución; no es posible en un Estado democrático y de derecho”, concluye.

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Alfredo Femat Bañuelos, calificó de deleznable e inhumana la actuación de las autoridades migratorias estadounidenses, que instalaron boyas en el Río Bravo, por mandato del gobernador de Texas, Greg Abbott.

El integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) resaltó que la atención a los migrantes requiere de acciones con sentido humano, “cualquier solución que no contemple un intenso diálogo internacional y la colaboración activa de cada una de las partes está destinada al fracaso”.

Destacó que la medida de instalar obstáculos en el cauce del Río Bravo viola distintos tratados bilaterales en materia de agua, así como diversos tratados en materia de derechos humanos y protección migratoria; además de ser una acción absolutamente ilegal.

“Las políticas públicas no se construyen a partir del odio, la ignorancia y el racismo, sino desde la empatía, la inclusión y el bien común. México y Estados Unidos compartimos un espacio en común, así como aportaciones científicas, educativas y culturales que hoy se traduce también en una integración económica que representa cientos de miles de millones de dólares en beneficio de ambas partes”, detalló.

El congresista zacatecano argumentó que compartir la frontera con Estados Unidos implica establecer una relación con base en el respeto, el diálogo y la búsqueda de soluciones comunes; ante ello, informó que buscará que en breve pueda realizarse la reunión interparlamentaria entre congresistas de ambas naciones, a fin de abordar temas de mutuo interés.

“La tarea es buscar soluciones de manera conjunta, mediante el diálogo, la cooperación y el entendimiento, a fin de atender el fenómeno migratorio con una visión de respeto a los derechos humanos”, concluyó.

La Secretaría General de la Cámara de Diputados, a través de la Unidad de Capacitación y Formación Permanente, organizó la conferencia magistral “Reflexiones sobre la importancia de una burocracia pública efectiva”, impartida por el doctor Fernando Nieto Morales, experto en organización del sector público y profesor-investigador del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México.

Al hacer la presentación de la conferencia, que se llevó a cabo de manera virtual, León Aceves Díaz de León, director general de la Unidad de Capacitación y Formación Permanente, señaló que las sociedades exigen cada vez más bienes y servicios públicos de calidad, pero a su vez tienen en mala estima al aparato burocrático, y en ese sentido, se cuestionó sobre los retos que hay para tener una burocracia efectiva para la solución de los problemas sociales y garantía de los derechos de las personas.

Asimismo, inquirió sobre cuál debe ser el perfil que deben tener quienes trabajan en el gobierno y si el servicio de carrera puede traducirse en que las burocracias cuenten con elementos profesionales.

Sobre este asunto apuntó que el servicio profesional de carrera era una asignatura pendiente desde al menos 20 años, a pesar de los importantes beneficios que puede implicar este servicio, y la Cámara de Diputados trabaja en ello y su importancia.

Mencionó que la burocracia es un tema que ha estado y está presente en corrientes de pensamiento, en las ciencias administrativas, políticas y económicas. Señaló que se llega a considerar que los aparatos administrativos representan todos los males, y, prácticamente, sin utilidad para las sociedades.

La profesionalización del empleo público, condición de éxito en cualquier democracia

Al impartir la conferencia, Fernando Nieto Morales argumentó que con la profesionalización del empleo en el sector público estamos ante un cambio cultural que trastoca los equilibrios del poder. No obstante, este esquema es una condición de éxito en cualquier democracia. “Las burocracias profesionales son un elemento vital para la existencia de un gobierno que hace lo que esperamos y queremos que haga”.

En un país como México donde han caído consistentemente los indicadores relativos a la satisfacción de la democracia (procesos electorales y sus resultados, actuación de partidos políticos, atención a las necesidades sociales, entre otros), es importante la existencia de burocracias profesionales, es decir, cuerpos administrativos en el sector público, donde se entiendan los propósitos y responsabilidades de las organizaciones públicas para cumplirlas mejor y de forma productiva.

Dijo que se debe identificar a la profesionalización como una política articulada en sus medios y deliberada, no improvisada. Ajustar las estrategias, en función del cambio de paradigmas y necesidades que atiende el quehacer público. “Este esquema se opone a la lógica del sistema de botín que, hasta ahora, impera en México, al evitar que la organización del empleo público se defina a partir de quien gane el poder”.

Señaló que se debe cambiar el foco del ingreso hacia el desarrollo profesional de las personas que trabajan en el servicio público; el objetivo central debe ser generar garantías creíbles de igualdad de oportunidades con base en el mérito para los servidores públicos de carrera, y finalmente el diseño de la política de profesionalización debe considerar la importancia de la lealtad en México, en lugar de ignorarla o pretender que no existe.

Con base en lo anterior, el académico sostuvo que la profesionalización puede mejorar la efectividad de la burocracia, reducir la arbitrariedad y la corrupción, y favorecer el desarrollo del país, toda vez que, sin un servicio público profesional, es poco probable que se solucionen muchos de los problemas públicos que más preocupan hoy en el país.

Al inaugurar el Parlamento Abierto: Autoproducción de Vivienda, la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), aseguró que con la llegada de la Cuarta Transformación y su visión más humanista para gobernar, se suscribió en la Constitución Política el derecho a una vivienda adecuada, con lo que dejó de ser vista como mera mercancía.

Durante este foro, que se realiza en Michoacán, la presidenta de la Comisión de Vivienda en la Cámara Baja enfatizó que la lucha por lograr la autoproducción de vivienda se ha dado por años, derivado de que en el pasado la edificación de inmuebles conllevaba intereses de diversas índoles y se tenía la idea de ofrecerla terminada a la gente, con lo que se convirtió en negocio de unos cuantos.

“La reforma al artículo cuarto constitucional estableció que fuera un derecho humano; personal, no familiar; incluimos el concepto de adecuada, que representa siete mediciones que son totalmente alcanzables e indispensables para la creación de políticas públicas”, detalló.

Legisladora por Chihuahua agregó que, con estas modificaciones, tanto las instituciones públicas federales y locales de vivienda como las empresas privadas que deseen construir deberán cubrir estas características, porque durante décadas se dieron un sinfín de abusos, al cobijo de que los inmuebles sólo eran vistos como mercancía y negocio de unos cuantos.

“Sin duda, tenemos que llegar a un nuevo pacto, de cómo debe ser este derecho a la vivienda, el cual debe ponderar que sea alcanzable para los ciudadanos y es nuestra responsabilidad como diputados hacerlo, por eso estamos realizando estos foros”, concluyó.

El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, presentó las conclusiones del Foro para la Prevención y Combate a la Trata de Personas en las que, enfatizó, se pasa de la visibilización y reflexión a la acción con una estrategia integral de acciones concretas para erradicar este delito.

En este marco, el diputado expresó que este tema será primordial en la agenda del Grupo Parlamentario, por lo que hacen suyas estas acciones contra un delito que afecta principalmente a niñas, niños y mujeres y es una de las violaciones más atroces de los derechos humanos.

“Es un fenómeno muy difundido que se agrava cada vez más, que se ve facilitado por las prácticas discriminatorias contra la mujer e impulsado por la cruel indiferencia ante el sufrimiento humano de parte de los que explotan los servicios que las víctimas están obligadas a prestar”, declaró.

Este plan, dijo, implica la colaboración de autoridades y organizaciones en todo el país.

En primera instancia, manifestó, se deben realizar mesas de diálogo con los Congresos los locales, con el propósito de armonizar sus leyes con el andamiaje legal federal y cerrar filas desde el ámbito legislativo contra la trata.

Señaló también la necesidad de avanzar en la revisión de los códigos penales en las entidades federativas y de los respectivos procedimientos en materia penal.

Además, añadió, se debe emprender una revisión integral que logre armonizar las leyes mexicanas con los acuerdos internacionales signados por México contra la trata, como es el caso del Protocolo de Palermo.

También se debe mantener la visible el delito para que sea denunciado, a través de la campaña Hoja Blanca, con un plan de acción que impulse la lucha a nivel nacional.

Asimismo, entablar relaciones de amistad y colaboración con jueces, a fin de coadyuvar con la Corte, a través de las denuncias de casos que den pie a la erradicación del delito.

Asimismo, incentivar la participación de los gobiernos estatales, en tanto que es una realidad que “hay estados que son de paso, pero también que son origen del problema”, sostuvo el diputado federal.

Ignacio Mier reafirmó el compromiso del Grupo Parlamentario y recordó que ya la diputada Lidia Pérez Bárcenas, presentó iniciativa de reforma a los artículos 85 y 89 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata, y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, remitida a la Comisión de Justicia.

Puntualizó que esta iniciativa se incluirá a la agenda legislativa de Morena para el siguiente periodo ordinario de sesiones.

“Seamos solidarios en esta causa porque es una causa que vale la pena, es una causa que es por nuestro país, pero también es por la humanidad“, declaró.