Categoría: Política

La diputada federal, María Rosete, presentó punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía General de la República y a sus homólogas de los 32 estados a realizar campañas de capacitación y sensibilización, enfocadas a su personal en materia de no revictimización, con la finalidad de garantizar que las víctimas de delitos sean tratadas con empatía, respeto, dignidad y estén en posibilidad de reunir los elementos para que el ilícito no quede impune.

Al respecto, la legisladora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), aseveró que la revictimización es problema alarmante en el sistema judicial y en la sociedad en general, toda vez que estigmatiza a quienes la sufren y es por eso que el Estado está obligado a tomar las medidas apropiadas, incluyendo leyes, para abolir o modificar prácticas que respalden la tolerancia de la violencia contra las personas.

En ese sentido, señaló que, si bien la revictimización es un problema que afecta a diversas personas, en diferentes contextos, lo cierto es que las mujeres han sido, históricamente, el sector más vulnerado en nuestra sociedad; reiteró que, pese al avance en la lucha por la igualdad de género, son ellas quienes siguen enfrentando un alto riesgo de sufrir violencia y abuso en su camino hacia la justicia.

Detalló que, a menudo, la recuperación de las agredidas es obstaculizada por actitudes y estructuras sociales que perpetúan la revictimización, causando que la mayoría prefiera no denunciar ante las autoridades, toda vez que prevalece el temor de ser vulneradas con comentarios realizados por servidores públicos, generando un sentimiento de violencia y poca protección debido a la falta de capacitación y sensibilización enfocada a la no revictimización.

“Es común que quienes están para auxiliar a las víctimas emitan comentarios inadecuados e incluso justifiquen los actos del agresor; dichas acciones son derivadas de una cultura de culpar a la víctima, ya que cuando una mujer denuncia un acto de violencia, a menudo se cuestiona su comportamiento e incluso las decisiones pasadas, perpetuando un ciclo de violencia y abuso”, denunció.

Por ello, la congresista por la Ciudad de México, sostuvo que el Estado tiene la obligación de cuidar que los procesos judiciales y posibles recuperaciones no se vean mermadas por falta de legislación, impartición de políticas y capacitaciones a los servidores por lo que, consideró fundamental que éstos tomen cursos de capacitación y sensibilización, a fin de salvaguardar los derechos de las víctimas.

La presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, diputada Irma Juan Carlos (Morena), afirmó que es necesario reflexionar sobre el legado de los pueblos y comunidades indígenas y reconocer las injusticas que han enfrentado a lo largo de la historia y que lamentablemente continúan en el país.

Durante el evento conmemorativo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, “Actualidad y perspectiva normativa, social y política de los Pueblos Indígenas en México”, señaló que los pueblos y comunidades indígenas enfrentan desafíos considerables como la discriminación, marginación, pobreza y pérdida de su tierra ancestral.

Recordó que desde la Cámara de Diputados se han realizado diversas reformas legislativas para que las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos obtengan los derechos que por siglos se les han negado; sin embargo, subrayó, hay pendientes todavía.

“Nos comprometemos a escuchar y atender las voces indígenas, respetar y proteger sus derechos y trabajar en la construcción de un mundo más inclusivo, equitativo y respetuoso con todas las culturas y formas de vida”.

Expresó que es necesario reconocer, honrar y celebrar la riqueza cultural, sabiduría ancestral y contribuciones invaluables de estas comunidades a nuestras sociedades y la humanidad, a tomar conciencia de la importancia de preservar y promover la diversidad cultural y lingüística que ofrecen y asegurar que sus conocimientos tradicionales sean valorados y protegidos.

Llamó a actuar en solidaridad y garantizar su acceso a servicios de educación, salud y participación activa en toma de decisiones que afectan a sus comunidades. “Abracemos la diversidad cultural como tesoro compartido. Juntas y juntos debemos trabajar para lograr igualdad de oportunidades, a fin de que se respeten y promuevan los derechos humanos de los pueblos indígenas de todo el mundo y, en particular, en nuestro país”.

Añadió que pese a los avances para reconocer a las comunidades afromexicanas, falta mucho para lograr la armonización legislativa. Destacó las acciones que desde el Gobierno Federal y organismos internacionales se emprenden para hacerles justicia y erradicar la discriminación. Añadió que “efectivamente hay una suplantación de identidad de años y han recibido prebendas, por lo que se debe seguir trabajando para acabar con ello”.

Participación de diputadas

La diputada Fabiola Rafael Dircio (PRD) afirmó que nada ha cambiado “y nos reunimos como cada año sin nada qué celebrar”. Señaló que es necesario transitar a una nueva realidad para las comunidades originarias, diferente a la de los escritorios de quienes detentan el poder, porque, dijo, aún estamos lejos de la libertad plena y el progreso que merecemos y por el que hemos luchado.

La diputada Fátima Almendra Cruz Peláez (PVEM) mencionó que la inclusión de los pueblos indígenas en los procesos de toma de decisiones a nivel local, nacional e internacional es esencial para construir una sociedad más justa y equitativa. Agregó que esta celebración no sólo trata de honrar el pasado, sino de abrazar el presente y visualizar un futuro más equitativo y libre de discriminación.

Por el PRI, la diputada Sayonara Vargas Rodríguez indicó que excluirlos de las políticas sería como condenarlos a la desaparición de su identidad como seres sociales; enfrentan pobreza, violaciones a sus garantías individuales, rezago educativo y falta de oportunidades a su desarrollo social. México tiene una brecha social, económica y cultural entre la población indígena y la no indígena.

De MC, la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía se pronunció por garantizar y refrendar los derechos de las comunidades indígenas para superar las condiciones de marginación, pobreza, desigualdad y discriminación.  Refirió que no se debe permitir que se confunda el arte de estas comunidades con el sincretismo que empresas quieren explotar para tener ganancias que no reflejan beneficio a los pueblos originarios.

En representación de Morena, la diputada Celestina Castillo Secundino señaló que a pesar de lo logrado en la lucha para que a las y los indígenas se les reconozca y respete, aún hay personas no indígenas que se aprovechan de lo que les permite la ley en cuanto a los nombramientos de representación, por lo que solicitó que se atienda este tema.

Instituciones nacionales y organizaciones internacionales

Adelfo Regino Montes, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, indicó que de 2019 a 2022 se invirtieron más de 252 mil 190 millones de pesos a través del Anexo 10, con el fin de beneficiar a los cerca de 25 millones de personas indígenas, quienes constituyen el 20 por ciento de la población.

Añadió que para atender las demandas históricas de la población originaria y el rezago sistemático se impulsó un conjunto de programas y una inversión sin precedentes a través de los programas de bienestar, así como una atención especial para hacer efectivo el reconocimiento como sujetos de derecho público y garantizar sus derechos inalienables.

Jesús Peña Palacios, representante adjunto en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señaló que si bien en los últimos 30 años se han reconocido derechos de las personas y los pueblos indígenas y se ha hecho el esfuerzo para reparar las violaciones históricas a sus derechos humanos, queda pendiente trabajar a favor de la libre autodeterminación, el derecho al territorio y reconocer el papel de las mujeres indígenas. “Alentamos a la Cámara de Diputados a continuar impulsando las reformas pendientes”.

Añadió que en México los pueblos y comunidades indígenas enfrentan obstáculos para ejercer su derecho al territorio, por la extrema pobreza, violencia, falta de reconocimiento de sistemas normativos y acaparamiento; se han registrado violaciones como desapariciones y criminalización. El 40 por ciento de los casos de desplazamiento interno en México afecta a los pueblos indígenas; por ello, se debe adoptar un enfoque de interculturalidad en la atención a las personas desplazadas internamente.

Pedro Américo Furtado de Oliveira, director de la Oficina de País de la Organización Internacional del Trabajo para México y Cuba, reconoció que hay una deuda pendiente con los pueblos y comunidades originarios, por lo que se debe mantener el trabajo internacional para lograr reformas que reconozcan y protejan sus derechos.

Destacó la importancia de construir un México más social y promover el trabajo decente, el acceso al empleo y a la protección social, incluyendo pueblos y comunidades indígenas, mejorar sus condiciones de vida y trabajo, eliminar trabajo infantil e incluir a las mujeres indígenas en la toma de decisiones.

La directora general adjunta académica y de Políticas Lingüísticas del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), Rosa Almandina Cárdenas Demay, dijo que se debe garantizar los derechos lingüísticos, a fin de que sean atendidos en su lengua en ámbitos como la impartición de justicia, salud, educación y diseñar políticas diversificadas de acuerdo a las necesidades regionales para saldar la deuda histórica con esta población.

La presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Claudia Oliva Morales Reza, consideró que México vive tiempos de transformación importantes y trascendentales, por lo que la disposición del Poder Legislativo es necesaria para avanzar. Añadió que la normatividad y perspectiva social y política de los pueblos indígenas y comunidades afromexicanos debe ser respetuosa y con perspectiva cultural, y sus realidades escuchadas y atendidas, no interpretadas ni impuestas.

Precisó que la población indígena y afromexicana se ha convertido en uno de los sectores más vulnerables a la exclusión y discriminación sistemática, social y cultural; los efectos de ello son negativos y tiene que ver con la pérdida de derechos y desigualdad.

Con la finalidad de salvaguardar los derechos a la seguridad, a la privacidad, a la intimidad y a la integridad de todas las personas ante el creciente uso particular de los drones, la diputada María Eugenia Hernández Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa en materia de aviación civil.

En conferencia de prensa, la legisladora indicó que el uso de drones tiene gran utilidad social y económica al ampliar “las posibilidades de llevar a cabo actividades que conllevan un beneficio social relevante, en materia de salud, de investigación científica, de visualización de riesgos, de reconocimiento cartográfico, entre muchas otras”.

Sostuvo que son aeronaves pilotadas a distancia por un control remoto y que sus ventajas “obedecen a que no son tan caros como un avión, reducen el riesgo humano de volar, tienen una menor contaminación, son operativos a distancia, son precisos, en ocasiones ayudan en la aplicación de la ley”.

Por ello, Hernández Pérez planteó la necesidad de tener una “regulación apropiada para garantizar que el uso de drones sea seguro, prevenir riesgos y hacerlos compatibles con el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas” debido a que también se utilizan para actividades ilícitas.

Y recalcó que su iniciativa propone reformar la Ley de Aviación Civil al introducir la definición de dron y establecer las obligaciones de los propietarios como: tener autorización o certificación por la Autoridad Aeronáutica, póliza de seguro, no invadir la privacidad de las personas, no interferir ni sobrevolar el espacio aéreo controlado y operar a la distancia y altura autorizados.

Puntualizó que se busca “contribuir a establecer una regulación responsable, garantizar la libertad y la imaginación en el uso de estos aparatos, procurando establecer un equilibrio entre libertad, riesgos y responsabilidad”.

Ante la importancia del tema, la diputada federal resaltó que también el Ejecutivo federal envió una iniciativa para regular el uso de drones desde el punto de vista del combate a la delincuencia y propone reformar el Código Penal Federal y a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para establecer sanciones de hasta 60 años de prisión a quienes utilicen drones con fines ilícitos o para transportar explosivos.

Diputados de la Fracción Parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados reiteraron el respaldo al proyecto de la Nueva Escuela Mexicana y su confianza en la familia de textos gratuitos, pues argumentaron que con estas herramientas se busca forma estudiantes de pensamiento crítico.

Los diputados Azael Santiago Chepi y Hamlet García Almaguer rechazaron determinantemente que estos textos estén diseñados para ideologizar a los educados en el comunismo, manifestaciones que calificaron de excesivas y obtusas.

Al respecto, Santiago Chepi declaró a los medios de comunicación que los libros de texto son una herramienta para los docentes frente a grupo, que no conforman la totalidad de la enseñanza que se emite en el aula, y que adecuan, no solo los libros, también muchas otras herramientas de acuerdo al espacio de enseñanza.

Ejemplo de ello, dijo, es Oaxaca que con sus 570 municipios el aprendizaje no puede ser el mismo, fenómeno que se replica, explicó, en todo el país, “todos aprendemos de manera diferente”.

Bajo esta tesitura, el diputado indicó que el centro de los nuevos libros de texto son los proyectos escolares, con los que se combate el viejo sistema educativo anclado en la memoria, y se prioriza un aprendizaje significativo, donde los alumnos puedan desarrollar un pensamiento crítico, con conocimientos universales.

Además, agregó que desde la Cámara de Diputados se avala la labor de la Secretaría de Educación Pública y de su titular, por lo que llamó, a las voces opositoras a revisar los textos y perfeccionar el proyecto sin politizar el tema, como lo han hecho hasta ahora.

Mientras que, el diputado García Almaguer recordó que la acción de inconstitucionalidad que se ha anunciado por parte de la oposición no es procedente, pues esta figura jurídica se aplica a leyes, no a contenidos.

En este escenario, el legislador apuntó que es bueno el debate y se tendrá que dirimir entre los amparos de los padres de familia que quieren que se distribuyan los libros de texto y los que se oponen.

Ante las dificultades que representa que las madres en periodo de lactancia trasladen leche materna durante viajes en avión, la diputada del Partido del Trabajo (PT), Lilia Aguilar Gil, propuso reformar la Ley de Aviación Civil a fin de que las madres puedan transportar este líquido dentro de su equipaje de mano.

La legisladora explicó que cuando una mujer requiere viajar se enfrenta a las revisiones en los puntos de control de los aeropuertos, en los cuales el personal, además de carecer de información, obligan a las madres a deshacerse de la leche materna que guardan en su equipaje de mano; e incluso le aplican líquidos, como parte de los protocolos de seguridad, que terminan por contaminarla y hacerla inservible para su consumo.

“El prohibir que la madre transporte leche materna transgrede de manera importante los derechos humanos de esta y del menor, lo cual constituye un acto de discriminación pues, a pesar de los protocolos, la incompetencia del equipo de seguridad termina por hacer imposible el traslado del líquido, incluso cumpliendo con las medidas de seguridad impuestas”, enfatizó la diputada petista.

Aguilar Gil explicó que a pesar de que existe una norma que permite el transporte de líquidos superiores a los 100 ml cuando se trate de pasajeros con necesidades dietéticas especiales, tales como alimentos y bebidas para bebé, es nula la capacitación del personal que aplica los controles de seguridad en los aeropuertos.

Por ello, la propuesta plantea que las madres puedan también transportar dispositivos necesarios para la extracción de la leche materna, independientemente de que viajen con sus hijos lactantes, siempre y cuando se ajusten a los límites o dimensiones permitidas y a las disposiciones y protocolos de inspección que emita la Agencia Federal de Aviación Civil.

“La leche materna es el primer alimento natural que le proporciona a un bebé la energía y nutrientes que necesita durante los primeros meses de vida. Consideramos que es necesario impulsar medidas legislativas que fomenten la lactancia materna y que permitan que el traslado de leche materna no represente una dificultad para las madres en periodo de lactancia”, finalizó la diputada del PT.

Con el objetivo de tipificar como delito las amenazas en que pudieran incurrir las y los servidores públicos, al utilizarlas para inhibir las denuncias que pudieran presentarse por diversas conductas relacionados a la corrupción, la diputada del PRD, Elizabeth Pérez Valdez impulsa una iniciativa para reformar el Código Penal Federal.

Propone adicionar un párrafo cuarto al artículo 282 de este ordenamiento jurídico, a fin de establecer que “se aumente la pena hasta en una mitad cuando el delito (amenazas) sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones”, es decir, pasarán de cuatro a ocho años de prisión a seis a 12 años, en cada caso y de 100 a 300 días de multa a 150 y 450 días, respectivamente.

“Asimismo, se le impondrán, a las y los servidores públicos que incurran en amenazas, además de las penas señaladas, la destitución del empleo y se le inhabilitará de uno a diez años para desempeñar cargo o comisión públicos”, propone la iniciativa.

La legisladora Pérez Valdez señala que, de acuerdo con el Código Penal Federal vigente, los delitos previstos en este artículo se perseguirán por querella, con excepción del establecido en el párrafo anterior que se perseguirá de oficio.

La diputada federal por la Ciudad de México destacó que tipificar esta conducta delictiva de las y los servidores públicos es fundamental, porque su combate fortalece las instituciones y evita los vicios en la gestión pública.

Destacó que es indispensable combatir toda forma de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas, así como los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio, como lo es del delito de “amenazas”.

Pérez Valdez precisó que la presente iniciativa constituye un avance esencial para cumplir los compromisos firmados, ratificados y asumidos por México, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción, que señalan el compromiso de crear, mantener y fortalecer las normas para el correcto y adecuado cumplimiento del servicio público.

Resaltó que “es nuestra obligación dar certeza para que las y los ciudadanos puedan acudir a cualquier institución o servidor público sabiendo que cumplirán con la obligación que les fue encomendada y que, de no ser así, podrán acudir a las instancias adecuadas para ejercer su derecho”.

En la exposición de motivos, refiere que el Código de Ética de la Administración Pública Federal, Capítulo II de los Principios del Servicio Público, artículo 5, relativo a los Derechos Humanos, resalta que todas las personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión en las dependencias y entidades, conforme a sus atribuciones y sin excepción, deben promover, respetar, proteger y garantizar la dignidad de todas las personas.

Para lo cual, las personas servidoras públicas deben evitar conductas como el menoscabar la dignidad de las personas y cualquier tipo de discriminación.

La propuesta se remitió a la Comisión de Justicia para su análisis y dictamen.

El diputado Omar Enrique Castañeda González (MC) promueve una iniciativa de reforma a la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Mipyme), para apoyar a las y los jóvenes en la creación de este tipo de sociedad y garantizarles el acceso al financiamiento público y privado.

El proyecto de decreto plantea adicionar un inciso “e” a la fracción II del artículo 4 y reformar el último párrafo del artículo 11 de dicha ley.

La propuesta, turnada a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados, destaca como objetivo establecer dentro de dicho ordenamiento legal, las condiciones necesarias para la creación, establecimiento y fortalecimiento de Mipymes por parte de personas jóvenes.

En la exposición de motivos, Castañeda González afirma que la falta de apoyo a las personas jóvenes para la creación de micro, pequeñas y medianas empresas, es una problemática que obstaculiza el desarrollo económico y el emprendimiento juvenil, siendo el financiamiento una de las principales barreras para ellos.

Agrega que la falta de políticas y programas específicos dirigidos para apoyar a los jóvenes emprendedores, dificulta su capacidad para establecer y hacer crecer sus empresas, al igual que la falta de incentivos fiscales, la burocracia excesiva y la falta de redes de apoyo adecuadas.

Estas problemáticas combinadas, añade, hacen que las y los jóvenes emprendedores enfrenten desafíos significativos para crear y consolidar sus empresas, por lo que es fundamental abordar estas dificultades a través de políticas y programas que promuevan el acceso a financiamiento, capacitación empresarial y apoyo institucional, con los que se fomentará un ambiente propicio para el emprendimiento juvenil y se impulsará el crecimiento económico a largo plazo.

Con base en lo anterior, asegura que las micro, pequeñas y medianas empresas constituyen un soporte importante de la economía mexicana; de ahí la importancia de apoyar el emprendimiento juvenil para fomentar el crecimiento económico, la innovación y el desarrollo social.

Los jóvenes emprendedores, señala Castañeda González en su iniciativa, aportan nuevas ideas, energía y perspectivas frescas a la economía, pues al crear micro, pequeñas y medianas empresas, generan empleo, estimulan la demanda de bienes y servicios, y contribuyen al crecimiento económico a nivel local y nacional.

El diputado federal indica que promover un entorno propicio para el emprendimiento juvenil mediante políticas, programas de capacitación, acceso a financiamiento y redes de apoyo adecuadas, es crucial para aprovechar todo el potencial y la creatividad de esta generación emprendedora.

Argumenta que los bancos y las instituciones financieras suelen tener requisitos estrictos que muchos jóvenes no pueden cumplir, como garantías o historiales crediticios, y esto hace que sea complicado acceder a recursos para iniciar o expandir un negocio, ya que muchos jóvenes carecen de la experiencia y los conocimientos necesarios para iniciar y gestionar adecuadamente un negocio.

La falta de orientación empresarial, capacitación y mentoría específica para jóvenes emprendedores limita su capacidad para desarrollar habilidades clave, como la planificación estratégica, la gestión financiera y el marketing, concluye el legislador.

Como parte del Parlamento Abierto “Hacia una vivienda digna adecuada”, que organiza la Comisión de Vivienda de forma regional, diputadas, diputados, funcionarios federales y locales, especialistas y sociedad civil participaron en el foro “Desarrollo urbano y derecho a la ciudad. Capítulo Monterrey, Nuevo León”.

El propósito fue analizar el desarrollo urbano en México, el crecimiento de la mancha urbana y nuevas prácticas de planeación, con el fin de arribar al ejercicio del derecho a la ciudad y a la vivienda, en congruencia con los compromisos derivados de la Agenda 2030.

Vivienda tiene que ser un elemento activo de la ciudad

La presidenta de este órgano legislativo, diputada Lilia Aguilar Gil (PT), expresó que estos ejercicios de Parlamento Abierto tienen relación con la reforma al artículo 4º constitucional, sobre adecuaciones de vivienda, pero hoy se pretender ampliar el derecho de las ciudades en beneficio de la población.

Mencionó que vincular el concepto de vivienda a los de ciudad y suelo, deriva de que “son derechos que están concatenados y uno es generador del otro; sin suelo no hay vivienda; la vivienda tiene que ser un elemento activo de la ciudad”.

Dijo que hace falta hablar de financiamiento y vivienda abandonada, principalmente en los centros de desarrollo industrial o en la frontera, donde se vuelven un gran problema, así como dejar las bases de la coordinación metropolitana y que existan proyectos mixtos de vivienda que abonen a hacer realidad la obligación del artículo 4º constitucional.

Atender a los más vulnerables

La diputada Olga Leticia Chávez Rojas (Morena) expuso que en los últimos años las ciudades están creciendo debido al fenómeno migratorio y quienes llegan al país se encuentran en situaciones difíciles al no tener un estatus legal ni dónde vivir, por lo que es urgente encontrar solución a esta problemática.

Rosalinda Domínguez Flores, diputada de Morena, se pronunció por eliminar estereotipos sociales que no abonan al desarrollo nacional. “Nos han vendido la idea de que el norte es desarrollo y el sur sólo es proveedor y fiesta”. Sostuvo que las obras de infraestructura en el sur sureste del país traerán muchos beneficios y llamó a los empresarios de Monterrey a ser parte de esos proyectos, porque “somos uno solo y debemos trabajar de la mano”.

También de Morena, el diputado Juan Pablo Sánchez Rodríguez manifestó que es necesario impulsar la creación de una nueva ley general de vivienda que aborde las problemáticas planteadas en este foro referentes a la planeación urbana municipal, atención de la población desplazada hacia las orillas de las grandes urbes del país, cuidado del agua y el medio ambiente, seguridad y movilidad.

Por el PRI, el diputado Reynel Rodríguez Muñoz mencionó que el tema requiere de todos y se deben replantear las formas de innovar las políticas públicas de desarrollo urbano, enfocadas a facilitar la adquisición de viviendas a los grupos más vulnerables de la población.

Kevin Angelo Aguilar Piña, diputado del PVEM, mencionó el caso de las y los jóvenes en su acceso a una vivienda o bien de los adultos mayores o personas en situación de vulnerabilidad que no pudieron o no pueden acceder a un crédito, dado a los innumerables requisitos y a que el 55 por ciento de las personas que trabajan son informales y paga renta.

Se atiende a colonias con mayor rezago

En su conferencia magistral “El desarrollo urbano. La arquitectura social”, el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer Falcón, expresó que toda política pública tiene que mejorar los procedimientos y ejecución de los programas. “No es lo mismo la planeación urbana en Monterrey, en el Estado de México o Tapachula, son diferentes contextos, necesidades y poblaciones distintas, pero sí es la misma necesidad de conformar un mejor futuro”.

Consideró necesario impulsar constantemente la actualización de los programas municipales, estatales, regionales y metropolitanos, así como juntar la planeación, vivienda y equipamientos. El Programa de Mejoramiento Urbano, dijo, atiende las necesidades de equipamientos y espacios públicos en las colonias con mayor rezago; apostamos a la arquitectura en zonas con gran rezago social, entregamos apoyos de vivienda, escrituración e intervenimos en programas de registros y catastros.

Encontrar soluciones

El presidente municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, Miguel Treviño de Hoyos, señaló que el país está en un proceso de urbanización acelerada, cada vez más mexicanos viven en las ciudades; por ello, estamos obligados a poner la muestra de hacia dónde se deben mover las ciudades para que sean más sostenibles. “La tragedia de la ciudad es el vehículo; se requiere transporte público de calidad y una movilidad activa, peatonal y ciclista, así como tener hábitos relacionados con sustentabilidad”.

Javier Luis Navarro Velasco, secretario general de Gobierno del estado de Nuevo León, afirmó que los desafíos del desarrollo urbano, como la urbanización, el equilibrio entre preservación y patrimonio, innovación sostenible y la creación de espacios inclusivos, requieren un enfoque colaborativo y visionario: Señaló que las aportaciones del foro permitirán generar ideas y soluciones concretas para el bienestar y prosperidad de la comunidad.

El director general del Instituto de la Vivienda de Nuevo León, Eugenio Montiel Amoroso, afirmó que para lograr una vivienda adecuada para grupos en pobreza extrema se debe modificar la legislación federal porque ésta impide actuar; agregó que es necesario atender la falta de coordinación interinstitucional. “El reto es atender segmentos poblacionales con menores ingresos informales, y para ello, todos los gobiernos deben disponer de esquemas financieros que no aten a las instituciones al sistema bancario”.

Pablo de la Peña Sánchez, director de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, dijo que la amplia participación en el foro permitirá encontrar soluciones relevantes y sostenibles para abordar la problemática de la extensión y las soluciones para una mejor planeación de las ciudades. Agregó que las decisiones deben ser en función de las necesidades de la sociedad y la participación de la comunidad es vital para lograr una visión de largo plazo para las ciudades.

Lirio Elizabeth Rivera Calderón, directora general del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), aplaudió la participación de las legisladoras y los legisladores de todos los partidos, dado que el tema necesita voluntad política y poner por encima de cualquier interés a México; está la tarea de realizar la reforma constitucional del derecho a la ciudad, mantener simples los trámites, quitar estereotipos, trabajar el tema de migración, atender las necesidades de los jóvenes e impulsar planes de desarrollo municipal.

Panel A

En el Panel A “El quehacer municipal y estatal para garantizar el derecho a la ciudad”, el presidente municipal de General Escobedo, Nuevo León, Andrés Mijes Llovera, expresó que el Estado debe ser el ente regulador que apremie a los municipios para que continúen con la planeación de sus ciudades. “Lamentablemente hay municipios que no hicieron planeación y se volvieron ciudades dormitorio; la planeación de las ciudades tiene que pasar por el tamiz de la coordinación con el Estado, con la Federación y la voluntad política del gobernante”.

Carla Luisa Escoffié Duarte, directora del Centro de Derechos Humanos, consideró necesario atender la debilidad institucional municipal para aplicar el derecho a la ciudad y ver qué instrumentos tiene para aplicar sus propias políticas de vivienda. Planteó pensar en nuevas formas de organizar la ciudad e impulsar una política de vivienda social y fomentar una coordinación que logre equilibrios para lograr los objetivos con orden, sin que los municipios pierdan su capacidad de decisión.

El presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitano del Congreso de Nuevo León, diputado Waldo Fernández González (Morena), afirmó que se deben cambiar las reglas del juego democrático para formar mejores planes y proyectos que garanticen el derecho a la ciudad. “Es fundamental que desde el Congreso local se impulsen modificaciones a la Ley de Coordinación Municipal para que exista un órgano autónomo que sea ajeno a los vaivenes políticos”. Se pronunció por desarrollar un mecanismo que permita contar con organismos de planeación urbana a largo plazo.

José Antonio Torre Medina, director de Urbanismo Ciudadano del Tecnológico de Monterrey, afirmó que el problema en la materia deriva de una falta de colaboración; se debe ver a la ciudad como un ente mucho más complejo que necesita de mecanismos de coordinación que ayuden a mejorar la calidad de vida de la población; en la actualidad, las inversiones en infraestructura de movilidad en Nuevo León no generan el beneficio social para la cual fue diseñada, porque la población migro de ellas, es decir, hay una falta de planeación.

Panel B

Al iniciar el Panel B “La vivienda adecuada componente fundamental del desarrollo urbano y el derecho a la ciudad. Asignatura pendiente”, Francisco Javier Aguilar García, director general de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda de Sedatu, consideró necesario redistribuir las decisiones de subsidio, el financiamiento de vivienda y la focalización del territorio. “Nunca habrá ni un subsidio ni recurso suficiente, pero en el tema de coordinación ha habido avances importantes; hoy, las necesidades de vivienda y sus acciones asociadas a subsidios y financiamiento son integradas en la elaboración y actualización de los planes de desarrollo urbano”.

El secretario de Movilidad y Planeación Urbana, del Gobierno de Nuevo León, indicó que es necesario que invertir en obras de infraestructura, transporte colectivo y público, y definir las zonas de crecimiento, concentrarlas cerca de la infraestructura de movilidad, educación, salud e hídrica, y de las empresas y los puestos de trabajo, además de zonas de suelo estratégico.

Roberto Ortiz Ramones, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda de Nuevo León, indicó que con el fin de asegurar que haya vivienda asequible en todos los segmentos de la población del área metropolitana de Monterrey, es necesario contar con reglas claras y duraderas que aseguren buenos proyectos de planeación.

La directora adjunta de Promoción de Negocios de la Sociedad Hipotecaria Federal, Wendy Nieva Pérez, dijo que se busca un mayor uso de materiales sostenibles, eficiencia en la construcción, reciclaje de materiales, para que las desarrolladoras tengan tasas más competitivas que las de la banca comercial.

El presidente del Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda A.C, Carlos Francisco Viñas Heredia, argumentó que más que buena voluntad política, se requiere cumplir con los retos; es vital que todo recurso venga etiquetado desde los presupuestos federales y exigirlo en lo estatal y municipal, así como emprender una actualización del marco jurídico urbano y de vivienda; además, el reto de la vivienda social es de todos, ante el abandono, invasión, crecimiento de la renta.

La Tercera Comisión de la Permanente (Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas) aprobó por unanimidad, en una sola votación, cinco exhortos a diferentes autoridades, relativos a programas sociales, informe sobre accidentes vehiculares registrados en los últimos dos años, gestión integral de los residuos sólidos urbanos, protección a los animales y garantía de movilidad en condiciones de seguridad y accesibilidad.

La presidenta de esta Comisión, diputada Alma Carolina Viggiano Austria (PRI), sostuvo que estos dictámenes con punto de acuerdo abordan temas fundamentales para la ciudadanía, al permitirles mejorar su calidad de vida y bienestar.

Aclaró que las y los legisladores no tienen la intención de molestar a las dependencias, sólo desean conocer las acciones respecto a los problemas que reclama la ciudadanía.

Ampliaciones presupuestales en programas sociales vigentes

Uno de los puntos de acuerdo exhorta a la secretarías de Bienestar y de Hacienda y Crédito Público para que, en ejercicio de sus atribuciones, sus anteproyectos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2024 contemplen ampliaciones presupuestales en programas sociales vigentes para fortalecer la mejora en educación, salud, laboral, productividad, ciencia, tecnología, así como el bienestar social, económico, medio ambiente, cultural y rural y la superación de carencias sociales.

Además, se pide a los gobiernos de las 32 entidades federativas que implementen nuevas políticas sociales y económicas, así como una ampliación de las vigentes en sus respectivos anteproyectos de presupuestos estatales para el ejercicio fiscal 2024, y revisen y evalúen las reglas de operación de políticas de desarrollo social estatales vigentes.

Al respecto, por el PVEM, el diputado Jorge Luis Llaven Abarca manifestó su apoyo a este punto de acuerdo, toda vez que el presupuesto humanista y con sentido social que se envía por parte del Ejecutivo ha permitido que estados como Chiapas tengan tres millones de beneficiarios de programas sociales, por lo que este tipo de política que apoya a los que menos tienen debe continuar.

La diputada Viggiano Austria celebró que haya programas sociales enfocados a las personas más vulnerables; sin embargo, añadió que se debe evaluar qué tanto ha mejorado la calidad de vida de la gente, por lo que propuso crear una coordinación entre los gobiernos estatales y municipales, así como la sociedad civil. “Está bien que se otorguen los apoyos de manera directa, pero debe haber mediciones, a fin de mejorar su ejecución”.

Del PT, el diputado Reginaldo Sandoval Flores expresó su apoyo al dictamen, pues a través de la redistribución del presupuesto y de los programas sociales se ha apoyado a los que menos tienen, sin distinción alguna, ya que ahora son derechos estipulados en la Constitución, los cuales llegan a 30 millones de hogares en el país, mejorando el ingreso de las familias.

Diagnóstico de las condiciones de la red carretera federal

Por unanimidad, también aprobaron el punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a presentar a la Cámara de Diputados un informe detallado que contenga el número de accidentes vehiculares ocurridos durante los últimos dos años en la red carretera federal y un diagnóstico integral de las condiciones de uso y mantenimiento.

Asimismo, debe considerar las reparaciones o rehabilitaciones que se están llevando a cabo en todas las vialidades del país, a efecto de conocer el estado físico que guardan y garantizar la seguridad de las personas que transitan por ellas. También solicitan revisar las tarifas que se cobran en las autopistas de peaje en función de la calidad de servicio que otorgan a los usuarios y evitar el cobro excesivo.

En este sentido, el diputado Román Cifuentes Negrete (PAN) señaló que este exhorto es primordial, ya que beneficia a los usuarios, transportistas y población en general al dar mayor certeza en la circulación de carreteras del país.

El diputado Sandoval Flores explicó que México cuenta con una red carretera con rezago considerable, por lo que este exhorto permitirá tener comunicación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, pues de acuerdo con datos del Anuario Estadístico de Colisiones en Carreteras Federales ocurrieron 11 mil 499 accidentes, donde perdieron la vida dos mil 722 personas y resultaron lesionadas cinco mil 40.

La diputada Viggiano Austria indicó que la infraestructura carretera está en condiciones desafortunadas y que por ello es fundamental que en el próximo Presupuesto se destinen recursos para su mantenimiento, especialmente en las regiones rurales.

Fortalecer acciones en la gestión integral de los residuos sólidos urbanos

El tercer exhorto plantea que los gobiernos de Nuevo León y San Luis Potosí, en coordinación con las autoridades municipales correspondientes, implementen y fortalezcan sus políticas y acciones para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, con la finalidad de prevenir, controlar y reducir la contaminación ambiental.

Pide que el gobierno neolonés, a través de la Secretaría del Medio Ambiente estatal, informe a la Comisión Permanente y a la sociedad la situación actual de los sitios de disposición final de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, así como de los tiraderos clandestinos o a cielo abierto que se encuentran en la entidad.

El diputado Sandoval Flores destacó que el manejo de los residuos requiere un tratamiento integral en una política conjunta a nivel federal, para evitar el uso de rellenos sanitarios y sitios no controlados que representan un riesgo para la salud de la población.

Protección y trato digno a los animales

El cuarto punto de acuerdo, acreditado por unanimidad, exhorta a los congresos locales de las 32 entidades federativas a que revisen y analicen y, en su caso, realicen las reformas pertinentes a sus legislaciones para la protección y trato digno a los animales.

Además, para que en el ámbito de sus atribuciones lleven a cabo las investigaciones necesarias con eficiencia y debida diligencia en los casos de maltrato animal, con la finalidad de garantizar la procuración e impartición de justicia.

También, para que fortalezcan las acciones, campañas y programas de concientización y sensibilización a la población sobre el trato digno y respetuoso a los animales y reconocerlos como seres sintientes, alentar una tenencia responsable de los animales de compañía y erradicar la discriminación de las personas usuarias de animales de asistencia física o emocional.

El diputado Llaven Abarca consideró que las procuradurías y fiscalías de las 32 entidades federativas deben realizar acciones que contribuyan a garantizar la procuración e impartición de justicia en los casos de maltrato animal, así como sensibilizar a la población sobre el trato digno y respetuoso a los animales, reconocerlos como seres sintientes y la importancia de la tenencia responsable.

En tanto, la diputada Viggiano Austria expuso que para combatir el maltrato animal se requiere construir una mejor sociedad que sepa cómo cuidar el medio ambiente y a los animales, pues ello permitirá tener un mejor país.

El diputado Sandoval Flores planteó la necesidad de que los tres órdenes de gobierno promuevan mecanismos que frenen el maltrato animal, ya que en México 25 millones de hogares reportan contar con mascotas, que ascienden a alrededor de 80 millones de animales domésticos.

Entre 2019 y 2020 se abrieron 2 mil 551 carpetas de investigación, de las cuales solo se consiguió la detención de 155 agresores y se dictaron 18 sentencias, es decir existe un índice de castigo a quienes causan violencia a los animales del .01 por ciento, añadió.

Garantizar el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad y accesibilidad

El quinto punto de acuerdo avalado reconoce al Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial por la aprobación de la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial 2023-2024, y exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) a que lo publique y difunda a la brevedad.

Ello, con el fin de garantizar el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad y accesibilidad para peatones, automovilistas, motociclistas y ciclistas, fomentar el adecuado uso de las vías de tránsito, mejorar la señalización vial y proporcionar servicios oportunos de emergencia y asistencia.

También para que la Sedatu, en colaboración con las entidades federativas y municipios, coordine e implemente programas de cultura vial a toda la población.

Igualmente, llama a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a reforzar las acciones encaminadas a garantizar que todos los vehículos de carga, pasaje, turismo, servicios auxiliares y transporte privado que transiten en caminos y puentes federales cumplan con la verificación técnica de sus condiciones físicas y mecánicas para mejorar la seguridad vial de todas las personas.

La diputada Viggiano Austria mencionó que el manejo de los residuos sólidos ha sido pésimo en la mayoría de las ciudades, por lo que propuso diseñar un mecanismo donde la sociedad participe y permita transparentar esta tarea.

A su vez, la diputada Judith Celina Tánori Córdova (Morena), secretaria de la Tercera Comisión de la Permanente, destacó el propósito de tener una mejor sociedad y dijo que se trabaja en ello “y vamos hacia allá, por eso la prioridad son los grupos más vulnerables”.