Categoría: Política

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó, en votación económica, cinco dictámenes con punto de acuerdo de la Segunda Comisión (Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública) que preside la diputada Carolina Beauregard Martínez (PAN), en los que se hacen exhortos en materia de migración al Gobierno Federal, gobiernos de estados fronterizos, dependencias federales y sistemas nacional y estatales DIF.

Al presentar los dictámenes, Beauregard Martínez expresó que éstos abordan temas como derechos humanos de los migrantes que transitan por nuestro territorio. Destacó la importancia de trabajar para disminuir y combatir la discriminación, violencia, explotación y corrupción que sufren éstos. Subrayó que se busca proteger los derechos humanos de niñas, niños, adolescentes y personas migrantes.

Durante la discusión, la diputada Judith Celina Tanori Córdova (PRD) se congratuló porque los dictámenes se sacaron por consenso. Sobre el tema de la desaparición forzada, comentó que las y los legisladores de la Comisión de Derechos Humanos trabajaron para combatir y mitigar este lastre, así como para establecer como delitos de lesa humanidad la desaparición forzada de personas y la cometida por particulares, para que tengan derecho a ser buscados y se determine su identificación.

Hirepan Maya Martínez, diputado de Morena, comentó que “el problema de la desaparición forzada “no se agravó con este gobierno; sin embargo, sí se ha ido avanzado solucionándolo poco a poco y hemos avanzado en muchos aspectos”. Consideró que no se puede lucrar con el dolor de las familias y madres.

En tanto, la diputada Martha Estela Romo Cuéllar (PAN) hizo hincapié en la crisis de desaparecidos que hay en México y que “tenemos un desaparecido cada 57 minutos”. Dijo que se debe asegurar a los ciudadanos que se va a hacer el trabajo de búsqueda y que los municipios trabajen en conjunto con los estados, y que se tenga le apoyo de gobierno federal.

La diputada Alma Carolina Viggiano Austria (PRI) reconoció el trabajo de las y los integrantes de la Segunda Comisión por los dictámenes aprobados, ya que buscan exigir respeto y seguridad para los connacionales y a quienes cruzan por el país. “Hoy México no tiene una política migratoria y desafortunadamente, respecto a los desaparecidos durante 2022, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas cita que cada día desparecen 26 personas y entre ellas muchas son migrantes, esta es la tragedia del país”.

El diputado Reginaldo Sandoval Flores (PT) apuntó que uno de los dictámenes exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Senado de la República para que se ratifique el Convenio 149 de la OIT sobre el personal de enfermería, “que vale la pena hacerle justicia”.

La diputada María Teresa Ochoa Mejía (MC) hizo un reconocimiento al trabajo realizado en la Comisión. Sin embargo, consideró que quedan pendientes como la solicitud de comparecencia de Hugo López Gatell en calidad de presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Salud Pública, para informar sobre la cancelación de 35 Normas Oficiales Mexicanas; también quedó pendiente la discusión sobre la educación de las niñas, niños y adolescentes, los nuevos libros de texto y el modelo de la nueva escuela mexicana.

El diputado Marcelino Castañeda Navarrete (PRD) subrayó que se presenta una variedad de dictámenes; sin embargo, dijo, se evade discutir los temas esenciales de México. Mencionó que, desde su grupo parlamentario, han hecho cuestionamientos y denunciado las contrariedades que sortea la población y se han quedado sin respuesta.

Dictámenes a puntos de acuerdo

El primero exhorta al Gobierno Federal, a través de las autoridades encargadas de la seguridad pública y a la Secretaría de Gobernación, mediante el Instituto Nacional de Migración, para salvaguardar y proteger los derechos humanos y garantías de seguridad de los migrantes, a quienes transitan por el territorio nacional, con el objetivo de disminuir la discriminación, violencia, explotación, con el fin de prevenir situaciones de corrupción en su trayecto por el país.

El segundo solicita a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y a los sistemas estatales DIF, que fortalezcan los instrumentos de atención de niñas, niños y adolescentes en situación de migración, independientemente de su nacionalidad o situación migratoria, con la implementación de políticas públicas, procedimientos, servicios y acciones de protección.

En el mismo punto de acuerdo, piden que dichas instancias impulsen una estrategia nacional que prevenga, disminuya y erradique cualquier forma de violencia en su contra de las personas migrantes, privilegiando la reunificación familiar, excepto cuando ésta sea contraria a su interés o voluntad.

El tercero exhorta al Gobierno Federal y a los gobiernos de los estados fronterizos de norte para que fortalezcan los programas de atención y cuidado a la población migrante, garantizar el respeto y la protección de sus derechos humanos.

El cuarto punto de acuerdo solicita a las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación, que informen sobre las acciones que llevan a cabo para garantizar y salvaguardar la integridad y el respeto de los derechos humanos de las y los migrantes, así como de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que cruzan la frontera norte, tras la conclusión del “Título 42”, así como la estrategia a implementar ante la llegada de más personas  provenientes de Centroamérica y el Caribe con la entrada en vigor del llamado “Título 8.

Por último, el quinto punto de acuerdo exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a realizar las gestiones necesarias para promover la ratificación del Convenio 149 sobre el personal de enfermería, adoptado por la Sexagésima Tercera Conferencia Internacional de la Organización Internacional del Trabajo, en Ginebra, Suiza, el 21 de junio de 1977, así como al Senado de la República para que, ejerciendo su facultad exclusiva constitucional, considere su aprobación.

La Comisión Permanente aprobó, en votación económica, seis dictámenes con puntos de acuerdo de la Primera Comisión (Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia), que preside la senadora Mónica Fernández Balboa (Morena), en los que se exhorta a entidades federativas, congresos estatales, poderes judiciales de los estados, organismos estatales y órganos de procuración de justicia.

Al comenzar la discusión, el diputado Manuel Alejandro Robles Gómez (Morena) señaló que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) puede funcionar con el número de comisionados que tiene y “no va a haber más”. Afirmó que “los niños de este país van a tener los libros de texto en todas las aulas”.

Del PAN, la diputada Martha Estela Romo Cuéllar dijo que, como representante del Distrito 2 de Jalisco, con cabecera en Lagos de Moreno, “quiero mostrar mi respeto a la familia de los jóvenes desaparecidos de todos los Altos de Jalisco”. Señaló que “hoy tenemos el primer lugar de desaparecidos en Latinoamérica”. Por ello, consideró que la estrategia de seguridad debe ser diferente.

La diputada Carolina Beauregard Martínez (PAN) expresó que la violencia está desatada y en México todos se sienten inseguros debido a la incapacidad, omisión, falta de estrategia y empatía del gobierno. “En 2024 tenemos que rescatar al país de la pesadilla que está viviendo”.

Del PRI, la diputada Sue Ellen Bernal Bolnik mencionó que los dictámenes tocan una fibra sensible porque buscan terminar con la violencia de género en todas sus formas; sin embargo, aseguró que quedan muchos pendientes y puntos de acuerdos que se irán al archivero. “Dejamos una huella importante que debemos señalar, sí se discutió el tema de los comisionados del INAI, sí, claro que fue rechazado”.

El diputado Reginaldo Sandoval Flores (PT) dijo que apoya los dictámenes en materia paridad y perspectiva de género porque no se debe pasar por alto que este gobierno es el primero en la historia del país que tiene un gabinete paritario. En cuanto al maltrato animal, lamentó los ataques directos a perros, por lo que apoya que la fiscalía efectúe las investigaciones correspondientes de crueldad animal.

Para rectificación de hechos, hicieron uso de la palabra la diputada y los diputados Cecilia Márquez Alkadef Cortes, Hamlet García Almaguer (Morena) y Jorge Triana Tena (PAN).

Dictámenes

Uno exhorta a diversas autoridades del Estado de México para que sancionen el maltrato animal y realicen campañas de concientización sobre el trato digno y respetuoso hacia los animales.

Otro, pide a los congresos de Coahuila de Zaragoza, Querétaro, Tabasco y Tamaulipas, que armonicen su Constitución de conformidad con lo establecido por el artículo Cuarto Transitorio del decreto por el que se reforman los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política, en materia de paridad entre géneros, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2019.

En otro punto de acuerdo solicita a los poderes judiciales de las entidades federativas que actúen con estricto apego al principio de perspectiva de género, tomando en cuenta el protocolo para juzgar con perspectiva de género, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

También exhorta a los 32 congresos de las entidades federativas para que creen, fortalezcan u operen de manera adecuada las unidades para la igualdad de género, con el fin de avanzar en este tema.

Otro exhorto es para que el Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia, el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y el Instituto Nacional de las Mujeres realicen un programa de prevención, detección y atención a la violencia vicaria en niñas, niños, jóvenes y mujeres de México.

Uno más solicita a la Fiscalía General de la República, así como a sus homólogas en las 32 entidades federativas, que promuevan campañas de capacitación y sensibilización en materia de no revictimización.

La diputada María José Sánchez Escobedo, del PRI, promueve una iniciativa para que la Secretaría de Cultura federal diseñe y ejecute políticas y programas que aseguren espacios físicos, exclusivos y de señalización que garanticen el acceso y libre desplazamiento de las personas en situación de discapacidad, en los recintos donde se realicen actividades culturales.

Su propuesta plantea reformar la fracción III del Artículo 26 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, misma que fue turnada a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados, para dictamen.

En su exposición de motivos, Sánchez Escobedo refiere que, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en México hay 6 millones 179 mil 890 personas con algún tipo de discapacidad, de las cuales 53 por ciento son mujeres y 47 por ciento hombres.

Destaca que las personas en situación de discapacidad han visto reducidas sus posibilidades de ocio, entre otros motivos, por la imposibilidad de acceder físicamente a los espacios culturales y sus servicios.

Subraya que socializar los derechos culturales es reducir la desigualdad de quienes sistemáticamente han sido excluidos del disfrute de actividades que ayudan a su desarrollo personal, por lo que para alcanzar estos objetivos se deberán tener presentes directrices, como accesibilidad e inclusión.

Abunda que en México existe una obstaculización a la integración de personas en situación de discapacidad y un contexto de vulnerabilidad, en relación a los centros culturales construidos, así como los servicios y generalmente no cuentan con una infraestructura completamente adaptada.

Tampoco existe el equipo necesario para la libre accesibilidad, lo que hace una tarea aún más difícil para las personas con discapacidad, de modo que no pueden obtener algún servicio en estos recintos.

En este contexto, señala que resulta fundamental tomar medidas pertinentes para asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios al público o de uso público tengan en todos los aspectos accesibilidad para las personas con discapacidad.

Asimismo, para que las personas con discapacidad tengan acceso a lugares donde se ofrezcan representaciones o servicios culturales, tales como teatros, museos, cines, bibliotecas y servicios turísticos, y en la medida de lo posible a monumentos y lugares de importancia cultural nacional.

Explica que la accesibilidad toma un papel fundamental debido a que es un derecho y una condición previa que permite vivir de forma independiente, ser incluido en la sociedad y participar plenamente en igualdad de condiciones y con dignidad en los diferentes espacios de la vida.

Considera necesario reconocer la importancia que tiene para las personas con discapacidad su autonomía, independencia personal y la libertad de tomar sus propias decisiones; sin embargo, apunta, han sido tratadas como objetos de protección, como seres que hay que cuidar, de los que había que hacerse cargo, en lugar de conceptualizarlas como sujetos de derecho y que deben tener desarrollo personal completo.

La diputada María de Jesús Páez Güereca, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), lamentó que, de acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), en México el 94.4% de las personas con discapacidad han sufrido algún tipo de discriminación.

“Además, el 60% de la población con discapacidad se encuentra en los niveles más bajos del ingreso de los hogares del país, lo que muestra la grave vulnerabilidad en que vive este grupo social”, recalcó.

La petista señaló que por años este sector ha enfrentado limitaciones y desventajas para acceder a la educación, al empleo, a la protección social, a la salud, a la cultura, a los medios de transporte, a la vida política, así como a ejercer otros derechos básicos. “Esta problemática se agudiza y profundiza ante la falta de espacios incluyentes que les permitan ser la voz de sus propias necesidades”.

Ante ello, la Secretaría de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara Baja propuso reformar la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a fin de que antes de la elaboración de leyes y políticas a favor de este sector, el Congreso de la Unión, los Congresos locales y la Legislatura de la Ciudad de México, celebre consultas para escuchar sus necesidades.

Recordó que actualmente la legislación aplicable, en específico la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, no establece de manera clara los mecanismos que garanticen el derecho de consulta a las personas con discapacidad sobre los temas y problemática que les afectan.

“Con estas modificaciones estaremos subsanando una grave falta legislativa. En el Partido del Trabajo estamos a favor de sacar del rezago y marginación a todos los sectores sociales que históricamente fueron olvidados. Continuaremos nuestra labor en pro de las personas con discapacidad”, sentenció.

La diputada Nelly Minerva Carrasco Godínez (Morena) planteó reformar la Ley de Migración con el objeto de establecer que la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas debe coadyuvar en las actividades de localización de personas migrantes nacionales o extranjeras.

La iniciativa, remitida a la Comisión de Asuntos Migratorios para su análisis, busca adicionar el artículo 30 Bis a dicho ordenamiento legal para señalar que corresponde a dicha Comisión “coadyuvar en la búsqueda y localización de personas migrantes nacionales y/o extranjeras en el país, independientemente de su situación migratoria en los términos que establece la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas”.

En la exposición de motivos, cita que quienes viajan solos se enfrentan a situaciones difíciles, ya que, en la mayoría de los casos no tienen manera de comunicarse con sus familiares; además, para los extranjeros la situación se complica porque no existen condiciones para que sus parientes puedan ingresar al país y reportar la desaparición de una persona.

Apunta que, aunque el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Secretaría de Gobernación sólo concentra datos oficiales, el trabajo de la sociedad civil organizada permite dimensionar la realidad a la que nos enfrentamos.

Ejemplo de ello, agrega Carrasco Godínez, el Servicio Jesuita a Migrantes informa que atendió mil 280 casos de personas desaparecidas y no localizadas de 2007 a 2022; mientras que el Movimiento Migrante Centroamericano calcula haber atendido a cerca de 80 mil casos.

Comenta que México es en un país de origen, tránsito y destino; no obstante, en los último cinco años se ha dado un flujo importante de manera masiva conocido como ‘caravanas’. En el 2020, el país ocupó el segundo lugar a nivel mundial de migrantes internacionales. Asimismo, “el año 2022 presentó el mayor número de eventos de personas en situación migratoria irregular jamás registrado, superando las cifras récord registradas en 2021”.

Agrega que la mayoría de quienes ingresan a México provienen de Venezuela, Honduras, Guatemala, Cuba, Nicaragua, Colombia, El Salvador y Ecuador. Destaca que en las caravanas viajan mujeres, niños, personas discapacitadas y personas mayores, que son población vulnerable ante la delincuencia organizada, y en el caso de las mujeres, corren el riesgo de ser secuestradas por las redes de trata sexual.

Comenta que las personas irregulares y los grupos del crimen organizado por lo general interactúan de dos formas: para facilitar el trayecto de éstos o para victimizarlos en el camino. Así, los migrantes pueden cooperar voluntariamente con los grupos del crimen organizado contratando ‘coyotes’, pagando una cierta cuota o trabajando para estos grupos durante su trayecto; además, se enfrentan al robo, extorsión, secuestro y trata.

Ante ello, la propuesta de la diputada Carrasco Godínez refiere que, sin importar la nacionalidad y estatus migratorio, es importante buscarlos y localizarlos porque ser migrante no es un delito, sino un sinónimo de derecho.

La diputada Olga Luz Espinosa Morales (PRD) propuso reformar el quinto párrafo del artículo 102, Apartado A, de la Constitución Política para trasladar al ámbito de la Fiscalía General de la Republica (FGR) la materia de los delitos ambientales.

La reforma busca adicionar a la FGR la competencia en materia ambiental, para quedar establecido que “contará, al menos, con las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales, ambientales y de combate a la corrupción, cuyos titulares serán nombrados y removidos libremente por el Fiscal General de la República”.

En su exposición de motivos, la legisladora señala que en la actualidad la materia de los delitos ambientales le corresponde a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), pero ésta “emite recomendaciones públicas, autónomas y no vinculatorias”, aun cuando el Código Penal Federal incluye delitos contra el ambiente y la gestión ambiental.

En el régimen transitorio se establece que la Federación contará con un año, a partir de la entrada en vigor de la reforma, “para expedir las leyes que se requieran en el orden federal para la implementación de la fiscalía en materia ambiental”.

Agrega que, a la entrada en vigor de dichas leyes, “los recursos financieros y materiales, así como los trabajadores adscritos a la Profepa, se transferirán al organismo creado en los términos del presente decreto”.

La diputada refiere que la iniciativa, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen, con opinión de la de Medio Ambiente y Recursos Naturales, es armónica con el objetivo de la Procuraduría de promover la creación de juzgados especializados en este tema, con lo que reconoce que la legislación vigente es insuficiente para acceder a la justicia”.

La propuesta señala que con el resultado de las investigaciones de la Profepa se integrarán los expedientes por delitos ambientales ante un juez, y “con ello la justicia ambiental saldrá de las simples recomendaciones no vinculatorias”.

Espinosa Morales explica que la justicia ambiental, como objeto de la Profepa, se inicia a partir de la denuncia popular y no de una denuncia que derive en la apertura de un expediente con fines de dar vista a un juez federal para la designación de una pena.

Apunta que “la política ambiental no se toma en serio” y es necesario hacerla una prioridad, pues la crisis climática global exige que los órdenes de gobierno definan políticas más ambiciosas y mejor implementadas, con resultados que puedan ser medibles, verificables y reportables.

Añade que el Programa de Procuración de Justicia Ambiental 2021-2024 prevé cuatro objetivos prioritarios, pero ninguno de ellos busca disminuir los delitos ambientales previstos en el Código Penal Federal para evitar daños a los ecosistemas del país.

Con el fin de proteger el derecho humano al trabajo y a la seguridad social de las personas, el diputado Alejandro Carvajal Hidalgo, integrante de Morena, presentó iniciativas para beneficiar a los trabajadores en materia de pensiones.

Manifestó que el derecho a la pensión es imprescriptible, es decir, no pierde vigencia y el trabajador y sus beneficiarios tienen derecho a recibir los recursos, ya sea de su cuenta individual del ISSSTE o de la subcuenta de retiro por cesantía en edad avanzada y vejez en el caso del IMSS.

Puntualizó que con sus iniciativas se armonizan dichos preceptos “por el simple hecho de que son recursos propios del trabajador que genera a través del tiempo y después de una larga vida laboral”.

Por ello, Carvajal Hidalgo señaló que tanto la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado como la Ley del Seguro Social plantean las prestaciones y recursos que constituyen derechos del trabajador y de sus beneficiarios, así como los mecanismos y lineamientos para garantizar los mismos.

Aseguró que “todas las autoridades están obligadas a respetar los derechos humanos de todos los ciudadanos, observando principios fundamentales inherentes a todas las personas y en su beneficio, no al contrario”.

En este sentido, el legislador planteó reformar los artículos 248 y 251 de la Ley del ISSSTE; y el artículo 302 de la Ley del IMSS.

Lo anterior, a fin de ampliar a 10 años el tiempo para que los trabajadores puedan exigir sus pensiones, sin necesidad de resolución judicial y que cada institución los podrá administrar hasta el reclamo del titular o de los beneficiarios, sin dejar de observar que dichos recursos no prescriben.

Y de que en el año previo al plazo, se informe al trabajador y a sus beneficiarios sobre el tiempo que ha transcurrido desde que el derecho era exigible, de tal forma que se pueda reclamar el recurso.

De esta manera, el diputado federal indicó que se “busca establecer un mecanismo para el cuidado de los recursos y que siempre estén vigentes a la hora de que se realice su reclamo, dejando a salvo el derecho de acceso a los mismos”.

La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, que preside el diputado Javier Joaquín López Casarín (PVEM), aprobó por unanimidad la opinión favorable respecto al Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022, primera entrega.

López Casarín informó que la opinión surgió de los argumentos de las diputadas Sayonara Vargas Rodríguez (PRI), Karla Verónica González Cruz (PAN) y Rocío Hernández Villanueva (Morena), así como del diputado Juan Carlos Romero Hicks (PAN).

La opinión reconoce que las observaciones y recomendaciones que realizó la Auditoría Superior de la Federación están encaminadas a impulsar la rendición de cuentas y mejorar los procesos administrativos y financieros que fueron auditados.

Asuntos generales

Por otra parte, el presidente de la Comisión dio a conocer que se solicitará una reunión con María Elena Álvarez-Buylla, directora del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnología (Conahcyt), con la finalidad de construir un diálogo para el análisis que se tiene que fortalecer a través de encuentros frecuentes, así como para atender la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, y las acciones que se han de seguir.

El diputado del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, secretario de la Comisión dijo que el Conahcyt ha anunciado una política de postgrados que no tiene transparencia ni claridad en los criterios y categorizaciones, y este problema trasciende a la política pública e impacta a toda la educación superior, por lo que es urgente que acuda a informar sobre esta situación.

Del PT, la diputada Ana Karina Rojo Pimentel expuso que siempre se han tenido reuniones con la directora del Consejo en un marco de civilidad, por lo que demandó que si se va a tener otro encuentro que sea en el mismo tenor de respeto por parte de las diputadas y diputados de oposición.

El diputado Ignacio Loyola Vera, del PAN, integrante de dicha Comisión, solicitó que en el oficio de invitación que le enviará a la titular de Conahcyt, se le precise que deje las hostilidades a los científicos, ante las denuncias que se han vertido por parte de los mismos.

La diputada del PRI, Sayonara Vargas Rodríguez, se unió a esta petición, en el sentido de obtener las repuestas del Conahcyt solicitadas desde el año pasado, tras afirmar que se está pasando por un momento muy complicado con el tema de disminución de las becas, cuyo argumento proviene de la propia comunidad científica de las universidades de este país.

El diputado Mario Alberto Rodríguez (MC) apoyó la propuesta para que se cite a la titular de Conahcyt, toda vez que fue ella quien se comprometió a dar respuesta a las diversas preguntas que se le plantearon y a las que se suman, por ejemplo: ¿cuáles son los criterios que se van a aplicar dentro de la política educativa a nivel postgrado? ¿Cuáles son las áreas?, y que explique qué áreas son prioritarias para la llamada Agenda Nacional, entre otros temas.

Por Morena, la diputada María Eugenia Hernández Pérez afirmó que está por demás citar a que sea una reunión pacífica con la directora del Conahcyt, cuando siempre han sido respetuosas, por lo que la convocatoria a dicha reunión no es a nombre de todos los integrantes de la Comisión, sino de parte de unos cuantos legisladores, “por lo que no tendría a qué asistir a esa reunión”.

También de Morena, la diputada Judith Celina Tánori Córdova respaldó lo dicho por la diputada Hernández Pérez, al indicar que lo que se busca es que el beneficio del conocimiento humanístico y el científico repercuta en el desarrollo de tecnologías e innovación, y en una mejor vida para todos.

El diputado del PRI, Eduardo Enrique Murat Hinojosa, se pronunció por dar una respuesta a todo lo que se ha publicado respecto a los nuevos criterios sobre el tema de los postgrados y la nueva categorización que se está implementando.

Previamente, el diputado presidente refirió que el pasado 15 de agosto, durante los trabajos de la Comisión Permanente, las presidencias de las comisiones de Ciencia y Tecnología del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, hicieron entrega de un reconocimiento al doctor Enrique Luis Graue Wiechers, por su destacada labor como rector de la UNAM y, en particular, por sus aportaciones a la difusión de las humanidades, ciencia y tecnología e innovación.

El diputado Romero Hicks celebró el reconocimiento que se le hizo al rector de la UNAM, tras manifestar su deseo para que resuelva la sucesión rectoral en paz.

Convocan a participar en el Décimo Tercer Premio Nacional de Investigación y Opinión Pública

En el marco de la reunión de la Comisión, la maestra Ana Gabriela Núñez Pérez, directora de Estudios de Desarrollo Regional del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP), informó sobre la publicación de la convocatoria para participar en el Décimo Tercer Premio Nacional de Investigación y Opinión Pública, impulsado por la Cámara de Diputados.

Destacó que el premio se estructura con el objetivo de fomentar la generación y difusión de investigaciones y estudios en materia social, desarrollo regional sustentable, opinión pública y cualquier avance en materia de ciencia y tecnología, toda vez que las ciencias sociales también son una disciplina científica, y es menester seguir impulsando y fortaleciendo el desarrollo de investigación a nivel nacional.

El objetivo fundamental, dijo, es incentivar la producción de este tipo de investigaciones para aportar elementos que contribuyan al quehacer legislativo; con ello se buscan investigaciones sólidas, metodológicamente robustas y disciplinariamente científicas que permitan un panorama amplio sobre los temas que se reciben.

Señaló que se recibirán investigaciones en diferentes materias como desarrollo social, grupos vulnerables, vivienda, juventud, deporte, pobreza, tecnologías, seguridad pública y problemas urbanos, por lo que el primer lugar recibirá 100 mil pesos, el segundo 70 mil y el tercero 50 mil, y todas las obras ganadoras tendrán mención honorífica y se publicarán en un libro anual.

Impulsan proyecto de investigación legislativa para un futuro libre de combustibles fósiles

Por su parte, López Casarín indicó que algunos integrantes de la Comisión impulsan un proyecto de investigación legislativa en el marco de los trabajos denominados “Parlamentarios por un futuro libre de combustibles fósiles”, encabezados por el diputado Mario Rodríguez Carrillo (MC).

Al respecto, Rodríguez Carrillo dijo que diputados de diversos partidos realizan una investigación parlamentaria que tiene que ver con un proceso al cual “nos hemos incorporado con grupos parlamentarios del mundo y que tiene que ver con un futuro libre de combustibles fósiles y se lanzará a nivel global”.

Esta investigación, agregó, pretende aprovechar la influencia que tenemos como legisladores y legisladoras en el mundo, así como gestores dentro de los gobiernos, instituciones y corporaciones, para aumentar la posibilidad de transitar a un sistema energético alejado de los combustibles fósiles, pues hay coincidencia en que se deben reducir.

La diputada federal, Ana Karina Rojo Pimentel, presentó iniciativa, para declarar el 9 de mayo de cada año como “Día Nacional del Bienestar”, con el objetivo de reconocer este trascendental acto histórico de solidaridad, ya que es la fecha cuando se instauró un modelo del Estado de Bienestar en México.

Al respecto, la legisladora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), destacó que dicha estrategia, implementada por el gobierno de la Cuarta Transformación (4T), ha podido materializarse de manera progresiva por medio de programas sociales que garantizan el ejercicio pleno de los derechos humanos de los más desfavorecidos.

Insistió en que este modelo, garantiza plenamente los servicios fundamentales para todos, así como la protección, en lo individual y en lo colectivo, de los sectores más vulnerables de nuestra nación, factor característico de un Estado de Bienestar; agregó que este acto reformador representó las aspiraciones de un grupo históricamente olvidado.

La congresista destacó algunos programas, como la “Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores”, que garantiza una vejez digna y plena a mujeres y hombres de más de 65 años; la “Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente”, que busca la vigencia efectiva de los derechos de niñas, niños, jóvenes e indígenas con discapacidad permanente, así como eliminar la marginación, la discriminación y el racismo de las y los mexicanos con discapacidad.

De la misma forma, resaltó otros programas como “Sembrando Vida”, que tiene la finalidad de generar empleos, incentivar la autosuficiencia alimentaria, mejorar los ingresos de las y los pobladores y recuperar la cobertura forestal; “Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras”, que busca desarrollar nuevas condiciones que permitan el acceso a derechos sociales de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad por ausencia de uno o ambos padres.

“Estos programas reconocen demandas sociales y económicas, lo que obliga al Estado a disminuir las desventajas socioeconómicas y con ello, pueden contar con mayores oportunidades de acceder a bienes y servicios elementales para su subsistencia y poder reducir la brecha de desigualdad”, concluyó.

El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, integrante del grupo parlamentario de Morena y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, dio a conocer que, en el mes de septiembre, durante el próximo periodo ordinario de sesiones, llevará al Pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma constitucional a fin de evitar la existencia de un doble Congreso en 2024.

Indicó que aunado a su proyecto de dictamen para proponer las modificaciones al artículo 65 de la Constitución, en el mismo sentido se presentaron dos iniciativas más ante la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, una de ellas del diputado Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

“Todos coinciden que el artículo 65 se quede como estaba”, dijo y explicó que, como antes de las modificaciones de 2014, las legislaturas entrarían el primero de septiembre de cada tres años y sesionarían a partir del primero de septiembre, el primer periodo de cada uno de los tres años.

Agregó que existe un párrafo que especifica que con excepción del año en que entre en posesión el nuevo titular del Poder Ejecutivo, es decir, una vez cada seis años, ya que en este caso la legislatura se instalará el primero de agosto.

“Así dice actualmente la Constitución, está vigente ese artículo nuevo de la Constitución, esa reforma, pero todavía no se aplica, se aplicaría hasta el año que entra”, aclaró.