Mes: septiembre 2024

Tanto en México como a nivel global hemos presenciado una oleada de reformas constitucionales que han llevado a la creación de instituciones y agencias especializadas en el combate a la corrupción sin que el fenómeno haya disminuido, puesto que por el contrario, distintas mediciones dan cuenta de la “mala salud de la democracia a nivel global”, señalaron expertos en el marco del próximo 13º Seminario Internacional Combate a la Corrupción.

De esta forma, los especialistas indicaron que las recientes modificaciones a la Constitución en materia judicial y las iniciativas para desaparecer organismos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), dan cuenta que el debilitamiento a las instituciones y el fenómeno de la corrupción requieren ser vistos bajo una mirada crítica y multidisciplinaria desde sus diversos actores.

Ante ello, analistas, académicos y funcionarios que se reunieron en el 13º Seminario Internacional Combate a la Corrupción convocado por el Inai, el Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción (IIRCCC) de la Universidad de Guadalajara, la Red por la Rendición de Cuentas y aliados internacionales como la Universidad Autónoma de Madrid y la Fundación Friedrich Ebert, entre otros, mencionaron que en distintos países, los escándalos de corrupción han detonado poderosas movilizaciones que terminan sepultadas tras los reacomodos de las élites políticas y se han preservado prácticas que desvían a los gobiernos de sus mandatos.

SEMINARIO EN GUADALAJARA

El seminario, que se llevará a cabo entre hoy y mañana en el Auditorio Central del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la Universidad de Guadalajara, será inaugurado por Adrián Alcalá Méndez, comisionado presidente del Inai.

Para este evento, los ahí reunidos enfatizarán en que las consecuencias de la corrupción son múltiples, dado que erosiona la confianza interpersonal e institucional, debilita la calidad de las democracias, incrementa la violencia y profundiza las desigualdades fracturando el pacto social. Por ello, advierten que “repensar el fenómeno de la corrupción en un contexto de retroceso democrático es volver a empezar”.

Mientras que en una serie de paneles y conferencias se tratarán asuntos del combate a la corrupción, el acceso a la información, transparencia y derechos humanos.

El acceso a la información sobre la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, ha sido fundamental para que la sociedad vigile el actuar de autoridades e instituciones encargadas de investigar los hechos y exigir el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación del daño y la no repetición de violaciones graves a derechos humanos, indicó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), organismo que recordó seis resoluciones al respecto.

De acuerdo con un boletín, señaló que su postura es contribuir al esclarecimiento de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero.

La averiguación previa del caso a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR) había reservado la información por 12 años, pero en febrero de 2015, el Inai determinó que se debía elaborar y entregar una versión pública de la averiguación.

Declaraciones de personal militar. La información fue reservada por la PGR con el argumento de que formaba parte de una averiguación previa y su difusión afectaría las actividades de investigación. El Pleno del Inai determinó que, por ser un asunto de violaciones graves a los derechos humanos, se deben entregar versiones públicas de las 36 declaraciones de militares involucrados en los hechos.

Respecto a los informes de la Policía Federal, esta reservó los documentos de su actuación en el caso, argumentando que la información formaba parte de una averiguación previa y que su difusión pondría en riesgo las investigaciones. El Inai consideró que la sociedad debía conocer su participación en el caso y los obligó a entregar versión pública de las bitácoras de servicios y de radio elaboradas por elementos de la Policía Federal en Guerrero.

En otro punto, la Fiscalía General de la República (FGR) se negó a entregar información de las 83 órdenes de aprehensión dictadas por un juez del Estado de México. Por ello, el Inai le ordenó realizar una búsqueda exhaustiva y difundir una versión pública de esos requerimientos.

Mientras que en la participación de buzos de la Secretaría de Marina (Semar), como parte de las actuaciones de pesquisa de los restos de los 43 estudiantes en el río San Juan, en Guerrero. El Inai solicitó conocer toda la información generada a partir de tarjetas informativas.

Por último, el informe de Estados Unidos. La Oficina de la Presidencia de la República, en respuesta a una solicitud de información, señaló que no contaba con el expediente entregado por la aquel entonces vicepresidenta Kamala Harris, al presidente Andrés Manuel López Obrador. Tras ello, el Inai ordenó hacer una nueva búsqueda de la información y entregar la versión pública del documento.

El acceso a la información sobre la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, ha sido fundamental para que la sociedad vigile el actuar de autoridades e instituciones encargadas de investigar los hechos y exigir el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación del daño y la no repetición de violaciones graves a derechos humanos, indicó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), organismo que recordó seis resoluciones al respecto.

De acuerdo con un boletín, señaló que su postura es contribuir al esclarecimiento de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero.

La averiguación previa del caso a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR) había reservado la información por 12 años, pero en febrero de 2015, el Inai determinó que se debía elaborar y entregar una versión pública de la averiguación.

Declaraciones de personal militar. La información fue reservada por la PGR con el argumento de que formaba parte de una averiguación previa y su difusión afectaría las actividades de investigación. El Pleno del Inai determinó que, por ser un asunto de violaciones graves a los derechos humanos, se deben entregar versiones públicas de las 36 declaraciones de militares involucrados en los hechos.

Respecto a los informes de la Policía Federal, esta reservó los documentos de su actuación en el caso, argumentando que la información formaba parte de una averiguación previa y que su difusión pondría en riesgo las investigaciones. El Inai consideró que la sociedad debía conocer su participación en el caso y los obligó a entregar versión pública de las bitácoras de servicios y de radio elaboradas por elementos de la Policía Federal en Guerrero.

En otro punto, la Fiscalía General de la República (FGR) se negó a entregar información de las 83 órdenes de aprehensión dictadas por un juez del Estado de México. Por ello, el Inai le ordenó realizar una búsqueda exhaustiva y difundir una versión pública de esos requerimientos.

Mientras que en la participación de buzos de la Secretaría de Marina (Semar), como parte de las actuaciones de pesquisa de los restos de los 43 estudiantes en el río San Juan, en Guerrero. El Inai solicitó conocer toda la información generada a partir de tarjetas informativas.

Por último, el informe de Estados Unidos. La Oficina de la Presidencia de la República, en respuesta a una solicitud de información, señaló que no contaba con el expediente entregado por la aquel entonces vicepresidenta Kamala Harris, al presidente Andrés Manuel López Obrador. Tras ello, el Inai ordenó hacer una nueva búsqueda de la información y entregar la versión pública del documento.

Mediante diversas acciones jurídicas, la bancada del PAN en el Senado prepara impugnaciones contra la reforma al Poder Judicial, avisó Guadalupe Murguía Gutiérrez, coordinadora del blanquiazul en dicho recinto.

“Luego de un amplio análisis, el Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional (GPPAN) decidió impugnar, mediante  acciones jurídicas, la forma y el fondo de la Reforma Judicial aprobada en el Senado”, refirió la legisladora en un boletín. 

De acuerdo con la senadora por Querétaro, entre las principales razones de procedimiento, se encuentra la violación de suspensiones de amparo de diversos juzgados federales que impedían su discusión y votación, así como la falta de oportunidad de las nuevas legislaturas de abrir foros y espacios de discusión que permitieran un estudio profundo de la reforma.

También expuso que durante la discusión en la Cámara de Diputados hubo un irregular cambio de sede, lo que derivó en falta de certeza para la votación de los legisladores, puesto que presumiblemente no se llevó a cabo conforme a la ley.

Para Murguía Gutiérrez, el aval de la reforma violentó los derechos de pueblos y comunidades indígenas, puesto que se realizaron modificaciones en sus normas electorales, sin realizarles una consulta con respecto al artículo 2 de la Constitución.

Sin dar fechas, la legisladora insistió en que el GPPAN procederá a la presentación de diversas acciones que en su momento se habrán de definir, a fin de solicitar la invalidez de la reforma judicial.