Mes: agosto 2023

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Alfredo Femat Bañuelos, calificó de deleznable e inhumana la actuación de las autoridades migratorias estadounidenses, que instalaron boyas en el Río Bravo, por mandato del gobernador de Texas, Greg Abbott.

El integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) resaltó que la atención a los migrantes requiere de acciones con sentido humano, “cualquier solución que no contemple un intenso diálogo internacional y la colaboración activa de cada una de las partes está destinada al fracaso”.

Destacó que la medida de instalar obstáculos en el cauce del Río Bravo viola distintos tratados bilaterales en materia de agua, así como diversos tratados en materia de derechos humanos y protección migratoria; además de ser una acción absolutamente ilegal.

“Las políticas públicas no se construyen a partir del odio, la ignorancia y el racismo, sino desde la empatía, la inclusión y el bien común. México y Estados Unidos compartimos un espacio en común, así como aportaciones científicas, educativas y culturales que hoy se traduce también en una integración económica que representa cientos de miles de millones de dólares en beneficio de ambas partes”, detalló.

El congresista zacatecano argumentó que compartir la frontera con Estados Unidos implica establecer una relación con base en el respeto, el diálogo y la búsqueda de soluciones comunes; ante ello, informó que buscará que en breve pueda realizarse la reunión interparlamentaria entre congresistas de ambas naciones, a fin de abordar temas de mutuo interés.

“La tarea es buscar soluciones de manera conjunta, mediante el diálogo, la cooperación y el entendimiento, a fin de atender el fenómeno migratorio con una visión de respeto a los derechos humanos”, concluyó.

La Secretaría General de la Cámara de Diputados, a través de la Unidad de Capacitación y Formación Permanente, organizó la conferencia magistral “Reflexiones sobre la importancia de una burocracia pública efectiva”, impartida por el doctor Fernando Nieto Morales, experto en organización del sector público y profesor-investigador del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México.

Al hacer la presentación de la conferencia, que se llevó a cabo de manera virtual, León Aceves Díaz de León, director general de la Unidad de Capacitación y Formación Permanente, señaló que las sociedades exigen cada vez más bienes y servicios públicos de calidad, pero a su vez tienen en mala estima al aparato burocrático, y en ese sentido, se cuestionó sobre los retos que hay para tener una burocracia efectiva para la solución de los problemas sociales y garantía de los derechos de las personas.

Asimismo, inquirió sobre cuál debe ser el perfil que deben tener quienes trabajan en el gobierno y si el servicio de carrera puede traducirse en que las burocracias cuenten con elementos profesionales.

Sobre este asunto apuntó que el servicio profesional de carrera era una asignatura pendiente desde al menos 20 años, a pesar de los importantes beneficios que puede implicar este servicio, y la Cámara de Diputados trabaja en ello y su importancia.

Mencionó que la burocracia es un tema que ha estado y está presente en corrientes de pensamiento, en las ciencias administrativas, políticas y económicas. Señaló que se llega a considerar que los aparatos administrativos representan todos los males, y, prácticamente, sin utilidad para las sociedades.

La profesionalización del empleo público, condición de éxito en cualquier democracia

Al impartir la conferencia, Fernando Nieto Morales argumentó que con la profesionalización del empleo en el sector público estamos ante un cambio cultural que trastoca los equilibrios del poder. No obstante, este esquema es una condición de éxito en cualquier democracia. “Las burocracias profesionales son un elemento vital para la existencia de un gobierno que hace lo que esperamos y queremos que haga”.

En un país como México donde han caído consistentemente los indicadores relativos a la satisfacción de la democracia (procesos electorales y sus resultados, actuación de partidos políticos, atención a las necesidades sociales, entre otros), es importante la existencia de burocracias profesionales, es decir, cuerpos administrativos en el sector público, donde se entiendan los propósitos y responsabilidades de las organizaciones públicas para cumplirlas mejor y de forma productiva.

Dijo que se debe identificar a la profesionalización como una política articulada en sus medios y deliberada, no improvisada. Ajustar las estrategias, en función del cambio de paradigmas y necesidades que atiende el quehacer público. “Este esquema se opone a la lógica del sistema de botín que, hasta ahora, impera en México, al evitar que la organización del empleo público se defina a partir de quien gane el poder”.

Señaló que se debe cambiar el foco del ingreso hacia el desarrollo profesional de las personas que trabajan en el servicio público; el objetivo central debe ser generar garantías creíbles de igualdad de oportunidades con base en el mérito para los servidores públicos de carrera, y finalmente el diseño de la política de profesionalización debe considerar la importancia de la lealtad en México, en lugar de ignorarla o pretender que no existe.

Con base en lo anterior, el académico sostuvo que la profesionalización puede mejorar la efectividad de la burocracia, reducir la arbitrariedad y la corrupción, y favorecer el desarrollo del país, toda vez que, sin un servicio público profesional, es poco probable que se solucionen muchos de los problemas públicos que más preocupan hoy en el país.

Al inaugurar el Parlamento Abierto: Autoproducción de Vivienda, la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), aseguró que con la llegada de la Cuarta Transformación y su visión más humanista para gobernar, se suscribió en la Constitución Política el derecho a una vivienda adecuada, con lo que dejó de ser vista como mera mercancía.

Durante este foro, que se realiza en Michoacán, la presidenta de la Comisión de Vivienda en la Cámara Baja enfatizó que la lucha por lograr la autoproducción de vivienda se ha dado por años, derivado de que en el pasado la edificación de inmuebles conllevaba intereses de diversas índoles y se tenía la idea de ofrecerla terminada a la gente, con lo que se convirtió en negocio de unos cuantos.

“La reforma al artículo cuarto constitucional estableció que fuera un derecho humano; personal, no familiar; incluimos el concepto de adecuada, que representa siete mediciones que son totalmente alcanzables e indispensables para la creación de políticas públicas”, detalló.

Legisladora por Chihuahua agregó que, con estas modificaciones, tanto las instituciones públicas federales y locales de vivienda como las empresas privadas que deseen construir deberán cubrir estas características, porque durante décadas se dieron un sinfín de abusos, al cobijo de que los inmuebles sólo eran vistos como mercancía y negocio de unos cuantos.

“Sin duda, tenemos que llegar a un nuevo pacto, de cómo debe ser este derecho a la vivienda, el cual debe ponderar que sea alcanzable para los ciudadanos y es nuestra responsabilidad como diputados hacerlo, por eso estamos realizando estos foros”, concluyó.

El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, presentó las conclusiones del Foro para la Prevención y Combate a la Trata de Personas en las que, enfatizó, se pasa de la visibilización y reflexión a la acción con una estrategia integral de acciones concretas para erradicar este delito.

En este marco, el diputado expresó que este tema será primordial en la agenda del Grupo Parlamentario, por lo que hacen suyas estas acciones contra un delito que afecta principalmente a niñas, niños y mujeres y es una de las violaciones más atroces de los derechos humanos.

“Es un fenómeno muy difundido que se agrava cada vez más, que se ve facilitado por las prácticas discriminatorias contra la mujer e impulsado por la cruel indiferencia ante el sufrimiento humano de parte de los que explotan los servicios que las víctimas están obligadas a prestar”, declaró.

Este plan, dijo, implica la colaboración de autoridades y organizaciones en todo el país.

En primera instancia, manifestó, se deben realizar mesas de diálogo con los Congresos los locales, con el propósito de armonizar sus leyes con el andamiaje legal federal y cerrar filas desde el ámbito legislativo contra la trata.

Señaló también la necesidad de avanzar en la revisión de los códigos penales en las entidades federativas y de los respectivos procedimientos en materia penal.

Además, añadió, se debe emprender una revisión integral que logre armonizar las leyes mexicanas con los acuerdos internacionales signados por México contra la trata, como es el caso del Protocolo de Palermo.

También se debe mantener la visible el delito para que sea denunciado, a través de la campaña Hoja Blanca, con un plan de acción que impulse la lucha a nivel nacional.

Asimismo, entablar relaciones de amistad y colaboración con jueces, a fin de coadyuvar con la Corte, a través de las denuncias de casos que den pie a la erradicación del delito.

Asimismo, incentivar la participación de los gobiernos estatales, en tanto que es una realidad que “hay estados que son de paso, pero también que son origen del problema”, sostuvo el diputado federal.

Ignacio Mier reafirmó el compromiso del Grupo Parlamentario y recordó que ya la diputada Lidia Pérez Bárcenas, presentó iniciativa de reforma a los artículos 85 y 89 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata, y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, remitida a la Comisión de Justicia.

Puntualizó que esta iniciativa se incluirá a la agenda legislativa de Morena para el siguiente periodo ordinario de sesiones.

“Seamos solidarios en esta causa porque es una causa que vale la pena, es una causa que es por nuestro país, pero también es por la humanidad“, declaró.

A fin de dar a conocer las funciones legislativas de suma importancia para el rumbo de México, la diputada Olimpia Tamara Girón Hernández, integrante del grupo parlamentario de Morena, organizó el Foro Conozcamos nuestra Cámara de Diputados, en donde participaron distintas instituciones educativas.

Al inaugurar el foro, la legisladora destacó no sólo la labor de las y los diputados, sino también la del personal encargado de la operación y difusión de los trabajos en la casa del pueblo, entre ellos, resguardo, camarógrafos, fotógrafos, reporteros, asesores, apoyo técnico e intendencia.

“La Cámara de Diputados implica un trabajo, un esfuerzo que pocas veces es reconocido y es de vital interés para mí que ustedes sepan y compartan este quehacer legislativo”, apuntó Girón Hernández.

Por lo anterior, señaló que para hacer posible la labor de las diputadas y los diputados a fin de incidir en la normatividad federal en beneficio de la sociedad, el trabajo de los centros de estudio es fundamental.

El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), indicó su director, el maestro Ildefonso Morales Velázquez, tiene el objetivo de prestar los servicios de apoyo técnico y la información analítica requerida para el cumplimiento de las funciones de la Cámara de manera objetiva, apartidista, imparcial y oportuna.

Al respecto, la diputada comentó: “Ellos analizan de qué forma vamos a obtener ingresos y cómo los vamos a gastar y cómo va a incidir en la vida de todos nosotros (…) Determinan la vida pública de este país”.

Por su parte la doctora Alejandra Núñez Aguilar, encargada de la Dirección General del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA), explicó que el organismo proporciona servicios de apoyo técnico e información analítica en materia, requerida por las y los legisladores y promueve la colaboración con otras instituciones académicas nacionales e internacionales.

Finalmente, la diputada Girón Hernández aseguró que la sociedad en su conjunto puede aportar para lograr cambios positivos en el país.

El diputado Omar Enrique Castañeda González (MC) impulsa una iniciativa que plantea reformar el artículo 73 de la Ley General de Salud, para establecer que los servicios y programas en materia de salud mental y adicciones deberán privilegiar la atención oportuna de las personas desde el primer nivel de atención.

Asimismo, para señalar que los hospitales generales deberán atender a toda persona solicitante sin excepción y de ser necesario, inmediatamente remitir con la o el especialista para la valoración y emisión del diagnóstico correspondiente.

La iniciativa busca, además, estipular que la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos estatales, en coordinación con las autoridades competentes en cada materia, de forma prioritaria fomentarán y apoyarán el desarrollo de equipos permanentes de respuesta inmediata para situaciones de crisis, capacitados en técnicas para atenuar el escalamiento de crisis.

La propuesta, enviada a la Comisión de Salud para dictamen, indica que el rezago histórico en la atención de salud mental, tanto público como privado, aunado al estigma que tiene la población para atender los trastornos de salud mental, los determinantes socioeconómicos en países en desarrollo (pobreza, desempleo, vivienda, educación, salud) y recientemente la pandemia por Covid-19, han disparado la incidencia de trastornos de salud mental.

El diputado Castañeda González asegura que con esta iniciativa se accederá a una atención prioritaria en materia de salud mental ante las acciones y servicios de Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con las autoridades competentes.

En su argumentación, refiere que el Programa de Acción Específico de Salud Mental y Adicciones 2020-2024 de la Secretaría de Salud —vinculado al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3: “De Salud y Bienestar” — tiene el objetivo general de mejorar el bienestar mental de la población, a través de servicios de salud mental oportunos y de calidad, basados en la Atención Primaria en la Salud Integral.

Agrega que los tres objetivos prioritarios del programa son: uno, consolidar la rectoría en salud mental y adicciones en el modelo de atención primaria de salud integral con un enfoque comunitario, intercultural, derechos humanos, perspectiva de género y sensible al ciclo de vida; dos, ampliar los servicios de salud mental y adicciones en el Sistema Nacional de Salud; y tres, garantizar el acceso de la población a servicios integrales de atención en salud mental y adicciones.