Mes: agosto 2023

La diputada Juanita Guerra Mena, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, puso a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, una iniciativa de reforma para cancelar las líneas telefónicas que son utilizadas para realizar llamadas de extorsión.

El proyecto de decreto busca modificar la Ley de la Fiscalía General de la República y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para robustecer la lucha en esta materia.

En primera instancia, expresó la diputada, se propone reformar el marco legal que rige a la FGR para que esta instancia de procuración de justicia requiera obligatoriamente y de manera mensual a los concesionarios, la cancelación de estas líneas telefónicas y del propio teléfono.

Además, continuó, se propone una adición a la ley de telecomunicaciones a efecto de que se proceda de inmediato en dar efecto a dichas cancelaciones y a la inhabilitación permanente de los equipos o dispositivos terminales móviles.

La diputada informó que en 2021 nuestro país registró una cifra récord de 9 mil 407 víctimas de extorsión, lo que representó un incremento en esta materia del 12,3 por ciento respecto al año anterior, cuando la cifra se situó en 8 mil 380 afectados, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Comentó los extorsionadores eligen como víctimas por igual a estudiantes, amas de casa o empresarios, debido en mucho a la falta de un mecanismo que obligue a las autoridades a coordinarse con los concesionarios para lograr la inutilización remota de números IMEI, y números telefónicos asignados a chips de prepago.

Expresó que las cifras oficiales visibilizan una realidad que apunta a ser, al menos, cien veces más grave, pues muchos de los casos no se denuncian ante la autoridad, al tiempo que el crimen organizado diversifica sus mecanismos mientras las víctimas se enfrentan a laberintos burocráticos y promesas de justicia.

Puntualizó que, sólo en la Ciudad de México, anualmente se realizan 3.7 millones de llamadas de extorsión, de las cuales 7 mil diariamente provienen de centros penitenciarios a pesar de que en la mayoría se han instalado sistemas de bloqueo de teléfonos celulares.

Manifestó que a través de la iniciativa se complementa un vacío normativo que quedó pendiente desde la expedición de la norma federal en materia de telecomunicaciones, al tiempo que se vuelve obligatorio para la Fiscalía actuar en consecuencia bajo la implementación de una acción viable y tecnológicamente posible.

El diputado Favio Castellanos Polanco (Morena) presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Salud, a fin de establecer un marco regulatorio que garantice el uso seguro, efectivo y ético de la Inteligencia Artificial (IA) en el Sistema Nacional de Salud.

En el documento, turnado a la Comisión de Salud propone agregar la fracción VIII Quater al artículo 7º para señalar que corresponde a la Secretaría de Salud, fomentar el desarrollo de sistemas de IA en el ámbito de salud en condiciones de confiabilidad, precisión, privacidad, seguridad, calidad y eficacia terapéutica, garantizando la protección y tratamiento adecuado de los datos personales sensibles, tanto en medios físicos como digitales.

Asimismo, en una nueva fracción VIII Ter, estipula que corresponderá a esa dependencia desarrollar acciones para la protección y tratamiento de datos personales sensibles en el desarrollo y uso de sistemas de IA en el ámbito de la salud.

También agrega la fracción I Bis al artículo 6º para garantizar en los objetivos del Sistema Nacional de Salud la protección y el tratamiento adecuado de datos personales sensibles en posesión de los particulares y de sujetos obligados, tanto en medios físicos como digitales.

Añade en el artículo 17 Bis que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) deberá evaluar riesgos a la salud en particular sobre el uso de los sistemas de IA en el ámbito de la salud; en el artículo 103 Bis 3, respecto a los estudios sobre el genoma humano, señala que, en el manejo de la información, deberán protegerse los datos personales sensibles.

Adiciona el Título Quinto Ter. Inteligencia Artificial en la Salud, que contiene de los artículos 103 Bis 8, al 103 Bis 15, para estipular, entre otras cosas, que la IA en la salud se refiere a los sistemas basados en algoritmos digitales que imitan la inteligencia humana y pueden realizar tareas cognitivas de manera autónoma o asistida, mismos que están destinados a utilizarse en la salud.

La iniciativa del diputado Castellanos Polanco indica que, al ser una herramienta de apoyo, la IA no deben considerarse como reemplazo de los profesionales de la salud y que para su uso habrá una supervisión y toma de decisiones finales por parte de profesionales humanos capacitados.

Por otra parte, propone que la Secretaría promoverá la capacitación y educación adecuada sobre su uso ético y seguro y que la formación de recursos humanos facilite la adopción de la IA en el Sistema Nacional de Salud.

Respecto a los prestadores de servicios de salud, desarrolladores y proveedores de sistemas de inteligencia artificial, destinados al ámbito de la salud, estipula que deberán realizar el registro sanitario de sus sistemas ante la Secretaría de Salud, para garantizar su confiabilidad, precisión, privacidad, seguridad, calidad y eficacia terapéutica.

Los prestadores de servicios de salud, desarrolladores y proveedores de sistemas de IA destinados al ámbito de la salud, serán responsables, para todos los efectos legales, de los resultados generados por sus sistemas, así como de los resultados adversos originados por el uso de sus sistemas y prácticas que pongan en peligro la vida, salud y seguridad de los pacientes.

Asimismo, deberán garantizar la protección de datos personales sensibles de las personas durante todas las etapas de la investigación y utilización para fines médicos. Además, estipula que la Secretaría determinará en qué casos los sistemas representan un riesgo grave para la salud de las personas y procederá a su cancelación y suspensión de operaciones.

La diputada Olga Luz Espinosa Morales (PRD) propuso una iniciativa que reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política, para que el titular del Ejecutivo Federal no pueda objetar los nombramientos de las y los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que realice el Senado de la República.

La propuesta mdifica los artículos 6, 72 y 89. En este último, se deroga el párrafo XIX sobre las facultades y obligaciones del presidente, que actualmente señala: “Objetar los nombramientos de los comisionados del organismo garante que establece el artículo 6º de esta Constitución hechos por el Senado de la República, en los términos establecidos en esta Constitución y en la ley”.

Plantea que, una vez de aprobado el nombramiento, ocupará el cargo de comisionado o comisionada, además de que el Senado de la República lo publicará de inmediato en el Diario Oficial de la Federación.

Precisa que el Ejecutivo no podrá objetar los nombramientos que, con base en esta Constitución, aprueben las Cámaras del Congreso de la Unión.

El documento, turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales, menciona que en oficio de fecha 15 de marzo de 2023, el presidente de República objetó los nombramientos porque un ciudadano nombrado no estaba en la lista de las mejores calificaciones y porque trabajaba en la Consultoría Jurídica Legislativa en el Senado de la República, mientras que la otra persona fue objetada porque obtuvo 21 de 24 puntos posibles; ello, por encima de los factores que, de manera soberana, tomaron en cuenta los senadores para nombrar a esa persona.

Esto, explica la iniciativa de la diputada Espinosa Morales, resulta incomprensible por tratarse de una institución del Estado mexicano al cual una sola persona le tiene suspendida su vida pública, a pesar de que ésta, el INAI, no entra en la esfera de su competencia.

“Al día de hoy, el INAI informó que ya son más de 6 mil recursos de revisión los que el Pleno no ha podido atender por falta de quorum; además, señala que se está viviendo una crisis ante la falta de designación de tres comisionados faltantes, de los cuales, dos objetó el presidente de la República”, detalla.

Advierte que hoy es nuevamente vigente un paisaje partidista monocromático, con un partido disciplinado y sujeto a la voluntad presidencial, que ostenta mayoría en las cámaras del Poder Legislativo, cuenta con ministros afines en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y controla la mayoría de las gobernaturas en las entidades federativas.

Menciona que, en México, el veto presidencial más común, había sido el de bolsillo, que se da cuando la Constitución no obligaba al Ejecutivo a promulgar o regresar en un plazo determinado el proyecto de ley aprobado en la asamblea.  En la práctica esto significa que el presidente puede “congelar” cierta iniciativa al “ignorar” que alguna vez le fue enviada”.

Puntualiza que la objeción presidencial de nombramientos por parte de alguna de las Cámaras del Poder Legislativo, como depositarios de la representación nacional, resulta una limitante al ejercicio soberano de debatir y acordar resoluciones, pasando por encima de 500 o 128 voluntades que de manera autónoma toman decisiones.

Espinosa Morales subraya que la condición de que estos nombramientos sean votados por dos tercios de los miembros presentes en las cámaras les dota de la legitimidad suficiente para ser ungidos como integrantes de un organismo con autonomía constitucional como el INAI.

“El caso del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, es evidente para justificar la eliminación de esa facultad. Es inconcebible que una persona pueda obstruir y detener la vida pública de un órgano emanado de la Constitución; no es posible en un Estado democrático y de derecho”, concluye.