Mes: agosto 2023

De cara al análisis y discusión del Paquete Económico 2024 en la Cámara de Diputados, el Grupo Parlamentario de Morena hará una revisión minuciosa al gasto que ejerce el Poder Judicial, ya que, de manera inicial, se han detectado gastos innecesarios que van de los 15 a los 25 mil millones de pesos, adelantó el coordinador parlamentario, Ignacio Mier Velazco.

Dentro de este rubro de gastos superfluos, hay una partida de 3 mil millones de pesos destinados a reparaciones de domicilios particulares de ministros y jueces de distrito, explicó el legislador por Puebla.

Nacho Mier comentó que esto no tiene qué ver con el gasto de los recursos destinados al desarrollo del objetivo que tiene el Poder Judicial, que es realmente garantizar la administración de justicia en México de un millón 200 mil asuntos que ellos revisan, lo que destinan para todo lo que tiene que ver con los juzgados, con los trámites, las secretarías, en fin, todo lo que tiene que ver con la judicatura federal, la operación y la garantía del cumplimiento del propósito constitucional de garantizar justicia pronta y expedita.

“Tienen excesos por cerca de 25 mil millones de pesos y vamos a hacer una revisión puntual de ese dinero que representa todo el gasto que no tiene que ver con el cumplimiento de sus objetivos”, expuso.

Agregó que en este recurso se incluyen los 3 mil millones de pesos que tienen en un fideicomiso para la reparación de sus casas personales, “no casas de justicia, sino sus domicilios personales. Incluye ahí la revisión de 14 escoltas que tienen, los carros blindados cada uno, cada uno de los integrantes y que se extiende en algunos casos para algunos jueces y magistrados de distrito”.

El legislador señaló que también se revisarán los organismos constitucionalmente autónomos sobre los recursos que no tienen relación directa para el cumplimiento del propósito por el cual fueron creados.

“Deben entender que la era de los privilegios se acabó, que la prioridad de la Cuarta Transformación es el combate a la pobreza y la desigualdad, los resultados están a la vista, 9 millones de pobres menos en el país gracias a la política de austeridad, el combate a la corrupción, manejo responsable de la economía y el uso del Presupuesto como la política pública más importante de distribución del ingreso. Hay que acabar con la burocracia dorada que se niega a desaparecer en el Poder Judicial”, concluyó.

María del Rocío Corona Nakamura, diputada del PVEM, planteó modificar el párrafo decimoquinto del artículo 4o de la Constitución Política con el objeto de reducir de 68 a 65 años la edad para recibir por parte del Estado una pensión no contributiva.

La iniciativa, remitida a la comisión de Puntos Constitucionales para su análisis, y a la de Atención a Grupos Vulnerables para opinión, señala que son acreedoras de este beneficio las personas mayores de “65 años o más de edad, mexicanas por nacimiento o naturalización con domicilio en la República Mexicana”.

En la exposición de motivos señala que el gobierno ha mejorado sustancialmente las condiciones de vida de los adultos mayores, prueba de ello es que en mayo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que agregó en el artículo cuarto Constitucional un párrafo que establece que las personas mayores de 68 años tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos que fije la ley.

Por ello, precisa, el objetivo de la reforma es armonizar la edad establecida en el texto constitucional para recibir este tipo de apoyo a partir de los 68 años de edad, a la estipulada actualmente en el programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores del Gobierno Federal, que es a los 65 años de edad.

Además, agrega, ha aplicado a nivel nacional, el Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que apoya de manera universal a mujeres y hombres mayores de 65 años en todo el país, con el fin de contribuir a su bienestar a través de la entrega de una pensión no contributiva que permita el acceso a la protección social.

Gracias a este programa se apoya de manera directa a 11 millones 56 mil 534 adultos que reciben una pensión de 4 mil 812.50 pesos de manera bimestral, menciona.

La iniciativa de la diputada Corona Nakamura afirma que con la reforma se beneficiará, ayudará y motivará a los adultos mayores en la conquista y acceso a mejores oportunidades de vida, desarrollo y movilidad.

Refiere que no se puede asumir este esfuerzo como una propuesta de forma, sino más bien como la atención a una deuda pendiente y añeja de la sociedad con este sector. “No se deben cerrar los ojos, ni cruzar los brazos en cuanto a apoyarlos, cuidarlos y protegerlos”.

Para que el Banco de México regule las comisiones y tasas de interés, activas y pasivas, así como cualquier otro concepto de cobro de las operaciones celebradas por las entidades financieras con clientes, el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (PRI) planteó reformar los artículos 26 de la Ley del Banco de México y 48 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito.

La iniciativa, enviada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, propone que las comisiones se calculen en función del costo del servicio proporcionado y por el porcentaje del monto de la transacción que las origine, y que el Banco de México autorice en disposiciones de carácter general los montos máximos para cada tipo de comisión.

Indica que no se podrán cobrar comisiones por cuentas de ahorro cualquiera que sea su denominación, apertura, depósitos, manejo de cuenta o por cualquier otro concepto, en cuenta básica de nómina o de ahorro, por no mantener un saldo mínimo promedio, por reposición en caso de desgaste, pérdida, extravío o renovación de tarjetas de débito asociadas a cuentas básicas de ahorro o de nómina.

Además, por retiros en efectivo en las ventanillas de sus sucursales y en cajeros automáticos operados por la misma institución, consulta de saldo en cajero o sucursal bancaria y por emisión de estado de cuenta de meses anteriores, domiciliación del pago de servicios a los proveedores que utilicen este mecanismo de pago. En cuentas, cualquiera que sea su denominación, y cuyo origen o apertura sea para el otorgamiento de programas sociales, y por cierre de la cuenta.

El diputado Moreira Valdez argumenta que la finalidad es evitar que los ahorradores que depositan su dinero en los bancos, así como los demás usuarios de las instituciones financieras, se vean obligados a pagar comisiones por el dinero que tienen depositado en sus cuentas de ahorro y nómina, o sufran por comisiones excesivas por otro tipo de operaciones.

Relata que los abusos de la banca comercial, generados por las excesivas tasas de interés y comisiones bancarias, que fueron denunciados en 2009, siguen siendo objeto de molestia y afectación para los usuarios del sistema financiero, en particular para los pequeños ahorradores y personas físicas, que carecen de alternativas para proteger sus ahorros ante el doble efecto negativo de la inflación y las elevadas comisiones que cobran los bancos.

Según la Condusef, en 2017 la banca comercial obtuvo un monto de 108 mil millones de pesos por cobro de comisiones netas, 8 por ciento más respecto a la cifra reportada en 2016. Además, en un comparativo publicado para los principales bancos de origen extranjero en México, el ingreso por comisiones en el país es mayor, entre un 5 y 19 por ciento, que el obtenido por la misma institución financiera en el extranjero

El Poder Legislativo, refiere, ha velado por garantizar, desde el texto constitucional, la existencia y permanencia de los programas sociales, por lo que toca ahora el establecer la exención del cobro de comisiones bancarias a un adulto mayor o joven, por ejemplo, cuando acuden a alguna institución de la banca comercial a realizar un retiro o consulta de saldo.

Por ello, el diputado del PRI considera necesario proteger a los usuarios de los servicios financieros y otorgar los elementos necesarios al Banco Central para que cumpla con la atribución de “regular las comisiones y cuotas de intercambio, así como otros aspectos relacionados con los servicios financieros y el otorgamiento de créditos”.

La diputada del Partido del Trabajo (PT), Magdalena Núñez Monreal, propuso reformas a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a fin de reducir la actual tasa general del IVA del 16 por ciento a sólo 10%; asimismo, con la modificación se eleva del 16% al 21% los bienes suntuarios o de lujo, como son los yates y embarcaciones navales usadas para fines de recreación o los vehículos automotores con valor superior a dos mil salarios mínimos diarios.

“Este aumento del 21 por ciento también aplicaría para aquellos productos o servicios que tienen impactos negativos sobre la salud humana, como las bebidas alcohólicas de todo tipo o los cigarrillos y demás productos de tabaco, incluyendo los sustitutos artificiales de los mismos”, detalló.

La congresista por la Ciudad de México urgió a impulsar un cambio en la política fiscal, en la ruta de aliviar la carga tributaria a las familias más pobres. “El IVA es un impuesto regresivo que castiga más, en términos absolutos, a los hogares o consumidores de menores ingresos, quienes pagan la misma tasa que los de ingresos más elevados, lo que crea una evidente inequidad social”.

La legisladora federal argumentó que con la disminución de este impuesto se ayudaría a reducir de inmediato la significativa inflación en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), permitiendo a la vez que los hogares mexicanos de todos los estratos sociales, pero especialmente los más pobres, disfruten de una mayor capacidad de compra.

Al respecto, la petista indicó que la experiencia internacional muestra que este tipo de ajustes fiscales es favorable y permite a ciertos sectores salir más rápido de la pobreza. “Diversos países, particularmente en el ámbito europeo, están reduciendo el IVA para enfrentar la inflación”.

Agregó que si bien se podría alegar que la reducción del IVA podría traerá consecuencias adversas a la recaudación tributaria, estos argumentos no se sostienen de forma general y absoluta, pues al contar con mayores ingresos los consumidores estarán en condiciones de adquirir más bienes y servicios, redundando así en el aumento de transacciones de compra-venta y por ende en mayor recaudación del IVA.

“Por otro lado, se justifica introducir un aumento a la tasa del IVA cuando se trate del consumo de aquellos bienes y servicios que está demostrado que acarrean perjuicios a la salud o que son bienes de lujo, que sólo los grupos más acomodados de la sociedad pueden comprar. Lo anterior elevará la recaudación tributaria, sin perjudicar a los hogares menos favorecidos”, concluyó.

La diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, lamentó que nuestro país ocupe el primer lugar en maltrato animal a nivel Latino América y sea la tercera nación donde más actos crueles e inhumanos se cometen contra estos seres alrededor del orbe.

En ese sentido, la parlamentaria alertó que en los últimos años, en México, se ha registrado un incremento acelerado en los índices de violencia en contra de los animales, lo que demuestra una seria descomposición social.

“Diversos estudios vinculan el maltrato animal como la antesala de conductas violentas que posteriormente se convertirán en agresiones de otra índole o en delitos más graves, la psicopatía se relaciona a la criminalidad y a las conductas antisociales”.

Ante ello, la legisladora federal propone declarar el 25 de junio de cada año como “Día Nacional Contra el Maltrato Animal”, con el propósito de visibilizar sus derechos y reconocer que se trata de seres sintientes que merecen total respeto.

“La tortura, mutilación, sacrificio y abandono de animales deben ser erradicadas de nuestro entorno social, es por eso que es importante darles promoción a sus derechos, a través de la celebración de un día nacional, que los represente y les garantice una vida plena en nuestro país”, agregó.

Al encontramos ante un fenómeno exponencial de transformación digital y socialmente complejo para predecir sus alcances, así como la inminente presencia de la Inteligencia Artificial (IA), la diputada María Eugenia Hernández Pérez presentó una reforma a la Constitución para establecer que toda persona goce del derecho a la protección de su privacidad y a la integridad de su mente y pensamiento.

La legisladora de Morena expuso que con ello se busca que el Estado promueva la investigación y desarrollo de la neurociencia y las tecnologías neuronales de manera ética y responsable, con el objetivo de proteger la integridad mental de los mexicanos y evitar cualquier forma de discriminación o vulneración de derechos basada en datos cerebrales.

La modificación al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos también plantea establecer mecanismos de supervisión y regulación para garantizar el cumplimiento de esta disposición, además de que promoverá la participación ciudadana en la toma de decisiones relacionadas con el uso y aplicación de tecnologías neuronales.

Hernández Pérez sostuvo que es importante que México legisle sobre Neuroderechos desde dos ejes fundamentales: la privacidad y la integridad y soberanía de las personas.

Sobre la privacidad, explicó, debe ser protegida rigurosamente en el contexto de la neurociencia y las tecnologías neuronales. Además de establecer salvaguardas legales para garantizar que los datos cerebrales recopilados sean tratados de manera confidencial y que el consentimiento informado sea un requisito para cualquier intervención en el cerebro de los individuos.

Manifestó que se deben establecer límites claros para el uso de tecnologías neuronales, garantizando que no se vulneren la autonomía y la voluntad de los individuos. Además de que es crucial promover la investigación y el desarrollo de la neurociencia de manera ética y responsable, sin poner en riesgo la dignidad y el bienestar de las personas.

La también secretaria de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación apuntó que la legislación debe salvaguardar el derecho de las personas a tomar decisiones informadas y conscientes sobre cualquier intervención cerebral y asegurar que el progreso científico se realice en beneficio de la sociedad y el individuo, con un enfoque centrado en el respeto a los derechos humanos.

Asimismo, se debe regular el acceso, uso y almacenamiento de los datos cerebrales, evitando cualquier forma de discriminación basada en esta información y promoviendo la transparencia en su manejo.

Afirmó que una propuesta legislativa en materia de neuroderechos deberá contemplar el reconocimiento explícito del derecho a la privacidad de los datos cerebrales de los ciudadanos.

La diputada federal detalló que estudiosos han compartido las propuestas más consensuadas sobre cómo enfrentarnos a los riesgos aparejados a la exploración del cerebro humano y la Inteligencia Artificial, desde en un marco regulatorio de derecho humanista, que reconozca cinco derechos humanos de reciente conceptualización: uno, derecho a la privacidad mental; dos, derecho a la identidad y autonomía personal; tres, derecho al libre albedrío y a la autodeterminación; cuatro, derecho al acceso equitativo a la aumentación cognitiva; y cinco, derecho a la protección de sesgos de algoritmos o procesos automatizados de toma de decisiones.

Argumentó que en América Latina “varios países de la región han reconocido la importancia de proteger los derechos fundamentales relacionados con la neurociencia y las tecnologías neuronales, y han tomado medidas para abordar esta cuestión de manera ética y responsable”.

Abundó que México no cuenta con una legislación específica en materia de Neuroderechos. Sin embargo, mencionó que en la Ley General de Salud y otras leyes relacionadas, existen disposiciones que protegen los derechos fundamentales de las personas en el contexto de la investigación médica y científica, incluyendo aquellos que puedan estar relacionados con el estudio del cerebro y las Neurotecnologías.