Mes: julio 2023

Con el fin de proteger a los usuarios de la sobreventa de boletos de las aerolíneas comerciales, el diputado Sergio Barrera Sepúlveda (MC) plantea reformar la Ley de Aviación Civil para establecer un límite en su emisión.

El legislador propone la adición del artículo 52 Ter a dicha ley, el cual señala que la expedición de boletos en exceso a la capacidad disponible de la aeronave se fijará en función del valor mínimo que resulte de los siguientes cálculos:

Uno, “sobre el cinco por ciento de la capacidad de la aeronave”. Dos, “el promedio del año inmediato anterior que resulte de la suma de cancelaciones de los usuarios a un destino, más los espacios vacíos que se hubieran registrado al destino y que hubiesen sido vendidos”.

Establece que, “para el cálculo del valor de la expedición de boletos en exceso a la capacidad disponible de la aeronave, las proveedoras de servicio aéreo informarán anualmente a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes la cantidad total de cancelaciones de los usuarios a un destino, así como de los espacios vacíos que se hubieran registrado dichos destinos y que hubiesen sido vendidos”.

La iniciativa, turnada a las comisiones de Comunicaciones y Transportes para dictamen, y a la de Economía, Comercio y Competitividad para opinión, afirma que actualmente la Ley de Aviación Civil no protege adecuadamente a los usuarios y uno de los problemas más graves es que se les permite sobrevender boletos sin límites claros.

Precisa que cuando se venden más boletos de los asientos que hay en el avión, a algunos pasajeros se les niega el acceso, lo cual resulta en afectaciones económicas de los usuarios, especialmente cuando viajan por trabajo o para visitar a familiares y amigos.

El documento refiere que la actual legislación contempla la obligación de las aerolíneas en el ofrecimiento de opciones que mitiguen las complicaciones causadas a los usuarios de sus servicios; sin embargo, se debe reformar la ley para proteger a los pasajeros de la sobreventa de boletos y establecer un límite dinámico en la cantidad de boletos que las aerolíneas pueden vender.

Este límite, indica la iniciativa, se basaría en una serie de factores, incluido el tamaño del avión, la cantidad de asientos que ya se vendieron y la tasa histórica de ausencias, lo cual permite establecer límites justos, tanto para las aerolíneas, como para los usuarios, en función de la cantidad real de cancelaciones y ausencias a destinos específicos.

Señalar un límite dinámico en la cantidad de boletos que las aerolíneas pueden vender permitiría garantizar que haya suficientes asientos para todos los pasajeros y se evitaría que se le niegue el acceso a un vuelo para llegar a su destino, concluye el documento.

El diputado Alberto Anaya Gutiérrez (PT) planteó reformar la Ley General de Salud, con el propósito de establecer que la aplicación de la ozonoterapia deberá ser realizada por una persona que cuente con los títulos profesionales o certificados de especialización expedidos y registrados legalmente por las autoridades educativas competentes.

Para ello, propone una iniciativa que modifica el artículo 79 de dicha legislación para adherir la ozonoterapia como una de las actividades profesionales, técnicas y auxiliares en el campo de la medicina.

En la exposición de motivos menciona que esta práctica es un acto médico y, como tal, debe ser realizado única y exclusivamente por un médico, odontólogo, veterinario y podólogo debidamente capacitado, con experiencia en las áreas de sus competencias.

Indica que, en el caso de una asistencia médica, la interacción directa con los pacientes será responsabilidad de los profesionales con conocimiento y experiencia en esta terapia y las enfermeras y los técnicos actuarán de acuerdo con las instrucciones del éstos.

El documento, que se analiza en la Comisión de Salud, señala que esta técnica se encuadra dentro de los métodos de las nuevas tecnologías que complementan, facilitan y optimizan los tratamientos convencionales, razón por la que se ha convertido en una herramienta más del arsenal terapéutico del médico.

Cita que la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México y la Asociación Mexicana de Ozonoterapia -encargada de difundir mediante cursos, congresos y simposios nacionales e internacionales las bases científicas y técnicas para la correcta aplicación terapéutica- lograron que esta práctica se incluya en la Ley General de Salud de la Ciudad de México.

Asimismo, hace un recuento sobre sus antecedentes a nivel nacional. Informa que el 1 de junio de 2021 se presentó una iniciativa para reformar la Ley de Salud para el Estado de Campeche, con el fin de regular la práctica de la ozonoterapia.

El 19 de diciembre de 2017, el Congreso del estado de Nuevo León aprobó el artículo 49 y el 98 Bis, ambos de la Ley Estatal de Salud, para incorporar el ozono. Refiere que el 28 de abril de 2021, el senador Alfonso Pascual Solórzano Fraga, propuso incluir el ozono en la Ley General de Salud.

Durante la reunión de la Tercera Comisión de la Permanente se discutió y aprobó un punto de acuerdo, presentado por la diputada federal Margarita García García, por el que se exhorta a las dependencias de los tres niveles de gobierno de los tres poderes de la Unión, que hagan del conocimiento público quienes hayan terminado con el outsourcing o subcontratación en el servicio de limpieza.

En su exposición de motivos, la legisladora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), consideró que, la eliminación de este modelo de las dependencias gubernamentales, se da un paso más hacia adelante en el respeto de los derechos laborales de las y los trabajadores de nuestro país.

“Es necesario erradicar estas malas prácticas neoliberales que mermaron los derechos de la clase obrera durante tantos años, precarizaron sus salarios y les impidieron el acceso a prestaciones de ley y seguridad social, vulnerando su calidad de vida y la de sus familias, por lo que es indispensable realizar el diagnóstico en estas dependencias para regularizar al personal subcontratado”, sostuvo la congresista por el estado de Oaxaca.

Recordó que, una muestra de que este proceso se puede llevar a cabo está en la Cámara de Diputados ya que, desde la LXIV Legislatura, el personal de limpieza ya está contratado de manera directa y se quitaron a las empresas que los subcontrataba y que, en la actualidad, están registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, se duplicaron sus sueldos y tienen mayor estabilidad laboral.

“Es primordial vigilar que se respete la reforma, impulsada por el Partido del Trabajo, que beneficia a los trabajadores, al pasarlos de un entorno en que los intermediarios se quedaban con una buena parte de sus sueldos y llevarlos a un esquema de formalidad y respeto”, concluyó.

La diputada María del Carmen Pinete Vargas (PVEM) impulsa una iniciativa para sancionar quienes que no cumplan con su obligación de votar en elecciones, consultas populares y procesos de revocación de mandato.

El documento, enviado a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen, y a la Comisión de Reforma Política-Electoral para opinión, adiciona un párrafo a la fracción III del artículo 36 de la Constitución Política.

El texto de la adición dice: “La infracción a lo dispuesto en la presente fracción sin causa justificada se sancionará con la suspensión por un año de los efectos de la credencial para votar como medio de identificación personal o multa equivalente a diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización”.

En su régimen transitorio, la propuesta sugiere que, dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto, el Congreso de la Unión deberá hacer las adecuaciones necesarias a la legislación secundaria correspondiente a la justificación que en derecho se defina para la omisión del sufragio.

Apunta que el ejercicio del voto en las elecciones, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato, además de ser un derecho, es también una obligación de las y los ciudadanos del país, según lo establece el artículo 36 fracción III de la Carta Magna.

“A pesar de que desde hace años se han emprendido diferentes campañas de concientización por parte de las autoridades electorales federales y locales, los partidos políticos y las organizaciones no gubernamentales sobre la importancia de la participación ciudadana en los procesos electorales, aún falta mucho por hacer para elevar el porcentaje de electores que acuden a las urnas a cumplir con su obligación de votar”, añade.

La iniciativa de la diputada Pinete Vargas precisa que, si bien en la democracia un solo voto de diferencia es suficiente para ganar una elección, los datos en los comicios de 2022 y de 2023 muestran la renuencia de más de la mitad de las y los ciudadanos convocados a las urnas para ejercer lo que se considera en la Constitución como un derecho de la ciudadanía.

Menciona que en la actualidad se tienen contabilizados 27 países en los que, además de considerarse el voto como obligatorio, se cuenta con sanciones aparejadas a su inobservancia.

La diputada del PVEM destaca que el fortalecimiento continuo del régimen democrático en México, de la rendición de cuentas y de los mecanismos para dotar de mayor legitimidad a quienes resultan electos por el voto popular como gobernantes o representantes, transita sin duda alguna, por combatir el abstencionismo y elevar los niveles de participación ciudadana en las elecciones que se celebran para renovar los poderes.

Por ello, afirma que en sistemas democráticos modernos, en donde la legitimación en el acceso al poder es un asunto fundamental para la gobernanza, bien cabría reflexionar sobre la posibilidad de contar con un mecanismo para hacer realmente efectivo el cumplimiento de la obligación señalada en la Ley Fundamental de votar en las elecciones, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato, estableciendo consecuencias de carácter jurídico para aquellos que por desidia, desinterés o desconocimiento no acuden a las urnas cuando son convocados a ellas.

A través de una reforma de ley, la diputada Angélica Ivonne Cisneros Luján, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, busca modificar la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en materia de derecho humano a la lactancia materna.

Cisneros Luján señaló que el objetivo es fortalecer el vínculo entre la madre y los hijos, salvaguardar la salud de ambos y promover la alimentación exclusiva con leche materna durante los primeros seis meses de vida y complementaria hasta avanzado el segundo año.

“El propósito es armonizar la legislación laboral y de seguridad social con los estándares nacionales e internacionales en materia de protección a la maternidad y promoción de la lactancia materna como una medida de salud pública”, apuntó la presidenta de la Comisión de Seguridad Social.

La legisladora federal refirió que es a través de la modificación al artículo 170, fracción IV de la Ley Federal del Trabajo, que “se busca que las madres trabajadoras puedan tomar reposos adicionales de hasta dos años durante el período de lactancia. Para acceder a estos reposos después de los primeros seis meses, deben presentar una constancia médica que certifique que continúan amamantando a su hijo o hija”.

Además, expresó que con la modificación al artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la cual es reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, “que a petición de la mujer asegurada y con la autorización previa por escrito del médico del instituto correspondiente, se pueden transferir hasta dos semanas del período de descanso antes del parto para después del mismo”.

“Que las mujeres puedan trasladar hasta dos semanas de descanso previo al parto para después del mismo, a solicitud expresa y con autorización médica, para fomentar la relación madre e hijo y promover la lactancia materna”, indicó.

En conclusión, la propuesta busca que las mujeres puedan cambiar hasta dos semanas de descanso previo al parto para después del mismo, a solicitud expresa y con autorización médica, con el fin de fomentar la relación madre e hijo y promover la lactancia materna.

El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del grupo parlamentario de Morena y la diputada Julieta Kristal Vences Valencia, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género e integrante de la misma bancada, presentaron una iniciativa a fin de combatir la violencia institucional en contra de las mujeres.

Los legisladores de la bancada guinda plantearon considerar como una falta administrativa grave la violencia institucional, con lo que buscan promover que las autoridades actúen conforme a derecho para enfrentar la situación que viven las mujeres en México.

Para ello proponen integrar el artículo 58 bis a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y un segundo párrafo al artículo 20 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en dicha materia.

La violencia institucional, explicaron, se refiere a los actos u omisiones de las y los servidores públicos que discriminan, obstaculizan o impiden el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y del disfrute de políticas públicas en su beneficio.

“La violencia contra las mujeres es una de las principales problemáticas que aqueja a la sociedad mexicana”, lamentaron.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021, publicada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 7 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia al menos una vez a lo largo de su vida.

Aunado a ello, en los últimos siete años se ha incrementado en un 137 por ciento el número de feminicidios y se han registrado más de 350 mil llamadas al 911 para denunciar violencia familiar.

A pesar de lo anteriormente expuesto, las cifras de impunidad son muy altas: Datos del Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y Estatal 2022 del INEGI arrojó que en el país sólo el 8.3 por ciento de los casos relacionados con violencia de género son judicializados, lo que tiene que ver con el desempeño de las procuradurías y fiscalías, pues la probabilidad de que se denuncie y esclarezca un delito es apenas del 1.3 por ciento.

“Estos datos se encuentran estrechamente relacionados con la violencia institucional, ya que la percepción y falta de acceso a la justicia para las mujeres están conectadas con la obstaculización o dilación generadas por parte de las personas servidoras públicas”, señalan Mier y Vences en su iniciativa.

En el mismo tenor, manifestaron la importancia de señalar que la inacción por parte de las autoridades vulnera el derecho de las víctimas a la reparación integral del daño que incluye medidas de restitución y compensación.

“Se considera fundamental reformar el marco jurídico mexicano con la finalidad de robustecer las normas que regulan el actuar de las personas servidoras públicas que desempeñan actividades en materia de procuración de justicia, y que por actos u omisiones laceran el derecho de acceso a la justicia de las mujeres”, destacaron.

“En los últimos años, el aumento de casos de violencia filio-parental en México han ido en aumento, lamentablemente se trata de un fenómeno poco estudiado, debido a que no está tan visibilizado como otros actos de la violencia intrafamiliar, lo que impide que se tomen las medidas pertinentes para prevenir y sancionar dichas conductas”, alertó el diputado Brígido Ramiro Moreno Hernández.

El parlamentario por Coahuila explicó que la violencia filio-parental es aquella a través de la cual un hijo exhibe conductas de maltrato contra sus progenitores y se da generalmente cuando se trata de adultos mayores imposibilitados para ser independientes, ya sea por su avanzada edad, porque padecen alguna enfermedad crónica o viven con alguna discapacidad.

Abundó que actualmente no existe una disposición jurídica específica que permita, en primer término, reconocerla como una modalidad propia y autónoma de violencia y, en segundo lugar, que permita disponer acciones concretas para poder hacerle frente.

Ante ello, el integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) propone reformar el Código Penal Federal, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, para incorporar en la legislación nacional esta figura e imponer sanciones a quien ejerza este tipo de violencia.

“Comete el delito de violencia filio-parental quien ejerza toda forma de violencia física, psicológica y/o económica reiterada en contra de sus padres y/o madres o ascendientes directos en línea recta y se le impondrá de uno a seis años de prisión y perderá los derechos de herencia y donación por parte la víctima. Asimismo, se le sujetará a tratamiento psicológico especializado”, detalló.

Finalmente, Moreno Hernández comentó que las modificaciones a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, tienen carácter preventivo, debido a que plantea que cuando se encuentren involucrados menores de edad en este tipo de violencia, se privilegiarán las medidas dirigidas a la protección, que le permitan reintegrarse eficazmente a la familia y a la sociedad, teniendo como último recurso las medidas punitivas de internamiento y semi-internamiento previstas en la Ley.