Mes: junio 2023

El diputado Mauricio Cantú González (Morena) propuso establecer en la ley que la Secretaría de Educación Pública (SEP) debe promover el hábito de la lectura desde la educación básica, facilitando libros y temas adecuados a la edad y entorno de los estudiantes.

Para ello, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa que reforma la fracción I del artículo 10 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, la cual se remitió a la Comisión de Educación para su análisis y dictamen.

Es evidente, expone el documento, que esta práctica va en declive, por lo que uno de los principales retos que enfrenta el país en esta materia es lograr que las niñas y los niños encuentren placer en el libro y forjen dicho hábito.

Puntualiza que a pesar de los esfuerzos que ha hecho el gobierno, ésta no es una actividad cotidiana; además, el desinterés por la lectura tiene su origen en el entorno familiar y revela una falta de cultura.

Añade que las tabletas, computadoras y videojuegos han desplazado a los libros, lo que genera que este sector se incline y se interese más por los avances tecnológicos dejando de lado la práctica de la lectura.

La propuesta subraya que la lectura ayuda a desarrollar habilidades comunicativas, así como el lenguaje; es una herramienta esencial para formar ciudadanos críticos, participativos y, en consecuencia, una sociedad más democrática.

Considera vital facilitar libros adecuados a la edad y entorno, así como temas de interés con el fin de lograr que la niñez se inicie en el mundo de la lectura, porque, afirma, obligarlo a leer cosas ajenas a su realidad es un error.

La iniciativa de Cantú González destaca la importancia de promover este hábito de forma congruente con el entorno y edad porque sólo así se logrará acabar con el rezago de lectores, al fomentar la lectura en todos los espacios posibles y acercar a la niñez y juventud a las bibliotecas, talleres de lectura y ciclos literarios, entre otras actividades.

La diputada Dionicia Vázquez García alertó que México ocupa el tercer lugar en maltrato animal en América Latina. Además, diversos estudios destacan que existe una fuerte relación entre la violencia hacia las mascotas y la violencia doméstica, por eso urge aumentar y homologar las penas para castigar estos actos.

La integrante del Partido del Trabajo (PT) argumentó que a pesar de que en cada estado existe una legislación para sancionar estos hechos, la necesidad de una reforma a nivel federal que intensifique las medidas punitivas para el maltrato animal es evidente.

“El fortalecimiento del Código Penal Federal en materia de crueldad hacia los animales de compañía es fundamental para establecer medidas de sanción más rigurosas y homogéneas en todo el país; por ello, propongo reformar esta normatividad, para imponer pena de uno a dos años de prisión a quien inflija daño físico, cause sufrimiento psicológico, abandone o muestre negligencia en el cuidado de un animal de compañía”, indicó.

Agregó que en los casos en que el maltrato resulte en la muerte del animal de compañía, la pena correspondiente se aumentará en una tercera parte en su mínimo y en su máximo y cuando la muerte sea provocada con crueldad, sadismo o de manera deliberada, la pena será de 7 a 15 años de prisión.

La parlamentaria mexiquense resaltó que la importancia de aumentar las penas por maltrato hacia los animales de compañía, no es un simple cambio en las sanciones, sino un llamado a la conciencia social y ética de la población y se envía el mensaje claro a la sociedad de que estas deleznables prácticas no serán toleradas.

“Al endurecer las penas por maltrato animal, damos un paso hacia una sociedad más justa. La crueldad hacia las mascotas puede indicar la existencia de otros crímenes violentos, por lo tanto, se debe tratar este delito con la seriedad que merece, ya que de esta forma también se pueden disuadir comportamientos antisociales”, sentenció.

“Necesario garantizar el acceso a una vida plena a todas las personas con discapacidad en México. A fin de lograrlo, se requiere incluir en la ley a los perros de apoyo emocional, para que puedan acceder a espacios públicos, comercios privados, instituciones y áreas de recreación, ya que actualmente los lugares donde se les permite estar es limitado”, lamentó la diputada Ana Laura Bernal Camarena.

La congresista sonorense explicó que el confinamiento que se dio por la pandemia por la Covid-19, derivó en gran parte de la población en episodios severos de depresión, ansiedad o psicosis; ante ello, diversos estudios concluyeron que existe un efecto terapéutico positivo con los perros de compañía; no obstante, la gente en ocasiones no puede acceder con ellos a diversas áreas.

Ante este panorama, la integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) propuso reformar la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, con el objetivo de incluir a los perros de asistencia, a fin de asegurar el acceso de estos caninos en todo lugar, ya que éstos son de apoyo vital para muchas personas.

Abundó que actualmente el marco legal sólo contempla a los perros guía y a los animales de servicio como acompañantes válidos, dejando fuera a los caninos de terapia, de instalación y de apoyo emocional, los cuales generalmente brindan apoyo emocional a una persona con una condición de trastorno emocional, pero no tienen los mismos derechos de acceso público que uno de asistencia.

“Es por ello que reconocer a este tipo de perros de asistencia en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad asegurará el acceso de todo canino que sea de apoyo vital en cualquier lugar”, concluyó.

La diputada Taygete Irisay Rodríguez González (MC) promueve una iniciativa para que la atención materno-infantil considere la identificación y diagnóstico del VIH/Sida y de otras infecciones de transmisión sexual en mujeres embarazadas, con el propósito de brindar un servicio oportuno y evitar la transmisión por la vía perinatal.

El objetivo es lograr la eventual erradicación de la transmisión del VIH por dicha vía, agrega la propuesta de reforma a la fracción I Bis del artículo 61 de la Ley General de Salud, turnada a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para su estudio y dictamen.

Refiere que actualmente dicha fracción establece que la atención materno-infantil comprende “la atención de la transmisión del VIH/Sida y otras infecciones de transmisión sexual en mujeres embarazadas a fin de evitar la transmisión perinatal”

Sin embargo, la diputada considera que es ambiguo hablar de “la atención de la transmisión del VIH/Sida”, ya que, aunque implícitamente se deduce que la intención de dicho enunciado es mencionar las medidas de prevención de transmisión del VIH a través de su atención y detección oportuna, no queda especificado en el texto a qué tipo de atención se refiere.

Considera que para lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3.3 “Poner fin a las epidemias del Sida”, una de las claves es un firme compromiso del gobierno para erradicar la transmisión del VIH por vía perinatal y una de las formas es mediante una reforma a la Ley General de Salud, en donde se refuercen sus disposiciones acerca de la prevención del VIH.

En el caso de México, añadió, el decreto por el cual se creó el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable quiere decir que todos los objetivos de dicha agenda forman parte de la Ley Suprema Nacional, incluyendo el objetivo de erradicar la epidemia de VIH/Sida para el año 2030.

Por ello, es necesario armonizar las leyes nacionales con los compromisos adquiridos por el gobierno respecto a dicha Agenda; en este caso, corresponde a la Ley General de Salud garantizar el cumplimiento de ese objetivo.

Destacó que la lucha contra el VIH y el Sida ha demostrado cómo la humanidad, coordinada y organizada a través de los gobiernos nacionales y los poderes internacionales, es capaz de poner bajo control a un agente patógeno que de otro modo sería capaz de arrasar con toda la raza humana.

La Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, que preside la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (PRI), presentó el Atlas de Trabajo Infantil, en coordinación con la asociación Save the Children, el cual tiene como objetivo localizar los factores de esta problemática y servir como fundamento para la creación de leyes y el diseño de políticas públicas a favor de la infancia.

En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que se conmemora el 12 de junio, la legisladora expuso que este Atlas señala que el trabajo infantil se origina por diversos factores, realidades y contextos, los cuales están vinculados a la inseguridad y a la falta de oportunidades, así como a la migración.

Apuntó que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el año 2019 se registraron 3.3 millones de niñas, niños y adolescentes que realizan trabajo infantil, quienes en su mayoría comienzan a laborar entre los seis y ochos años.

De este total, indicó Herrera Anzaldo, el 26 por ciento no recibe percepción económica alguna y 95 por ciento de los adolescentes trabajan en el sector informal, mientras que más del 56 por ciento de las niñas y niños lo hacen con un familiar o desempeñando ocupaciones no permitidas y peligrosas.

Detalló que la mayor concentración del trabajo infantil se realiza en los sectores agropecuario, de servicios y comercio, y las entidades con mayor prevalencia son Chiapas, Oaxaca y Michoacán.

Por su parte, la diputada García Segura Marisol (Morena) afirmó que para erradicar el trabajo infantil se debe apostar por una reforma social y dotar de oportunidades a las personas que les permitan abatir todas las condiciones de rezago social.

Sugirió adoptar a nivel federal el programa implementado en la Ciudad de México “Mi beca para empezar”, que es un apoyo a la economía familiar que reciben las y los estudiantes de escuelas públicas de nivel básico, y que coadyuva a frenar el trabajo infantil y las condiciones de vulnerabilidad.

A su vez, Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, diputada del PAN, afirmó que el trabajo infantil viene acompañado de muchos delitos e ilegalidad, por eso el 95 por ciento de los niños y niñas que trabaja en el país lo hace de manera informal. Consideró que, si se resuelve este problema, se logrará que este sector haga lo que corresponde: estudiar, aprender, jugar, divertirse y recibir amor.

En tanto, la diputada Olga Zulema Adams Pereyra (MC) consideró que, como legisladoras y legisladores, se tiene la obligación de garantizar que ninguna niña, niño y adolescente tenga que dejar la escuela por la necesidad de trabajar; de ahí que se deben fomentar políticas públicas para que la infancia llegue segura a las escuelas, pues la educación es lo único que nos puede ayudar a cambiar a México, por lo que es fundamental realizar todos los esfuerzos para que la educación sea gratuita, universal y de calidad.

Omar Nacib Estefan Fuentes, director General de Previsión Social de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social /STPS), dijo que esta publicación es importante porque expone la realidad del trabajo infantil en México. “Se requiere de la participación de todos los miembros de la sociedad para poder erradicar este mal, porque en México tenemos una tasa de 7.1 por ciento de menores en ocupaciones no permitidas”.

Mónica Valdez González, del Seminario de Investigación en Juventud de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dijo que en el Siglo XIX no se reconocía el trabajo infantil como hoy, ya que era normal que a los 15 años hubiera embarazos y matrimonios, así como inserciones a los mercados laborales. Destacó la importancia de definir a qué se le va a llamar trabajo infantil, “a lavar los platos todas las tardes en la casa, a cuidar a mis hermanas y hermanos, a mis abuelos. O como lo marca la ley, tenemos actividades riesgosas y peligrosas para la salud”.

Presentación del Atlas

Nancy Ramírez Hernández, directora de Incidencia Política y Temas Globales de Save the Children, explicó que este Atlas se presenta en el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil. “Agradezco a las diputadas por estar dispuestas a que se generen insumos para avanzar en la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes”.

Comentó que el estudio se hizo con la finalidad de llamar la atención y sensibilizar a la sociedad acerca de los diversos factores contextuales que representan riesgos para que las niñas y niños trabajen.

Asimismo, en aportar orientaciones para políticas públicas, estrategias y acciones que ayuden a modificar esas situaciones y condiciones inadecuadas en las que siguen creciendo millones de niñas, niños y adolescentes, así como los factores que los orillan a incorporarse prematuramente a las filas del trabajo.

Invitó a las y los legisladores a que conozcan, exploren y analicen este Atlas con una mirada enfocada en lograr acciones y soluciones integrales al trabajo infantil, tener en cuenta siempre los contextos de cada uno de los estados con medidas acordes a las realidades que viven las niñas y niños en la diversidad y heterogeneidad de nuestro país.

Recomendaciones

Miguel Ramírez Sandi, coordinador de Incidencia Política en Protección a la Niñez de Save the Children, llamó al Poder Legislativo a incluir los conceptos de trabajo infantil y actividades formativas en el marco jurídico, legislar en materia de inspección laboral en el sector informal e incluir la obligación expresa de dar de alta a las y los adolescentes trabajadores, en edad permitida, en la seguridad social. “Necesitamos atención de los niveles federal, estatal y municipal, sólo así se podrá eliminar el trabajo infantil”.

Recomendó fortalecer las inspecciones laborales enfocadas en la detección y canalización de casos que necesiten apoyo y atención de las procuradurías de protección a la infancia, promover campañas de difusión sobre los mecanismos de denuncia pública, garantizar la creación de trabajos dignos e implementar planes educativos que brinden primeras experiencias laborales.

También es importante, agregó, fortalecer los componentes de alimentación y horario extendido en los centros educativos, avanzar hacia la consolidación de un sistema nacional de cuidados, invertir en educación y capacitación continua para personas adultas de hogares con bajos niveles de escolaridad.

Finalmente, garantizar que las secretarías ejecutivas estatales y municipales del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) cuenten con recursos financieros, humanos y técnicos necesarios, así como fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional entre procuradurías y las áreas de inspección laboral.