Mes: junio 2023

“En las últimas décadas, en México se ha reducido un 62 por ciento la cobertura de los ecosistemas; además, el país emite más de 40.5 millones de toneladas de contaminantes a la atmósfera; el 73% de los cuerpos de agua se encuentran contaminados; y el 80% de las descargas se vierten directamente sin tratamiento previo”, alertó el diputado Armando Reyes Ledesma.

Ante ello, el integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) propuso solicitar al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizar programas de difusión y concientización para visibilizar la importancia del Día Mundial del Medio Ambiente.

El congresista por Baja California argumentó que, a pesar de los esfuerzos que ambientalistas mexicanos han realizado para defender los ecosistemas nacionales, la realidad es que aún no se registra un avance real, ni la disminución en la contaminación que las grandes empresas transnacionales ocasionan.

“Como diputados federales del Partido del Trabajo e integrantes de la Cuarta Transformación, tenemos la convicción de legislar a fin de disminuir, prevenir y revertir los nocivos daños que los gobiernos neoliberales causaron a los ecosistemas nacionales”, sostuvo.

Asimismo, añadió, es un hecho que al contribuir en el cuidado del medio ambiente podemos mejorar la calidad de nuestra vida al fomentar hábitos en lo individual y lo colectivo para contrarrestar el cambio climático.

“Es momento de promover medidas para detener el colapso de la biodiversidad. Debemos organizarnos para exigir la limpieza de los cuerpos de agua, se reverdezcan las ciudades, se haga un buen manejo de la basura; también requerimos de la colaboración de la Profepa para emprender campañas de divulgación, concientización e intercambio de conocimientos en materia ambiental”, concluyó el diputado del GPPT.

La diputada Mariela López Sosa (PAN) propuso una iniciativa que reforma el artículo 171 del Código Penal Federal, a fin de aumentar las sanciones penales a quien conduzca en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes.

La iniciativa plantea que se impondrá prisión de seis meses a cinco años, una multa de 80 a 160 Unidades de Medida y Actualización (UMA), la suspensión de 16 meses o hasta la revocación de la licencia de conductor y la obligatoriedad de asistir a clases sobre conducción segura y prevención de adicciones.

Actualmente, dicho artículo establece una pena de hasta de seis meses de prisión, multa hasta de 100 pesos y suspensión o pérdida del derecho a usar la licencia de manejador, al que que en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes cometa alguna infracción a los reglamentos de tránsito y circulación al manejar vehículos de motor, independientemente de la sanción que le corresponda si causa daño a las personas o las cosas.

La legisladora señala que su iniciativa tiene la finalidad de que se tomen acciones correctivas, preventivas y sanciones más severas como herramienta para disminuir en un primer momento esta situación y en un futuro alcanzar una tasa cero por incidentes de tráfico causados por el influjo del alcohol.

El documento indica que, respecto a los accidentes automovilísticos asociados al consumo de alcohol, el Estado los ha identificado como un problema de salud pública que afecta principalmente a personas de 20 a 39 años.

Por su parte, en la Asamblea General de las Naciones Unidas los países integrantes se han comprometido a reducir 50 por ciento el número de muertes por accidentes de tránsito; sin embargo, lamentablemente cada vez más personas conducen bajo los influjos del alcohol, lo que aumenta el riesgo de accidentes.

La propuesta, enviada a la Comisión de Justicia, señala que, en cuanto a los conductores de automóviles, si bien el fortalecimiento de medidas como el alcoholímetro inhibe el abuso en el consumo de bebidas alcohólicas, y la evidencia muestra que esta acción ha contribuido a disminuir 20 por ciento los accidentes de tránsito, no es suficiente y se debe seguir trabajando para alcanzar una tasa cero.

El alcohol es una sustancia que tiene efectos negativos en la funcionalidad del sistema nervioso y el cerebro, afectando el pensamiento, la capacidad de razonar y la coordinación muscular, habilidades esenciales para operar un vehículo de manera segura. A medida que los niveles de alcohol en el sistema de una persona aumentan, también se acrecientan los efectos negativos sobre su capacidad de coordinar y tomar decisiones.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y octubre de 2022 sumaron en el país un total de 11 mil 412 carpetas abiertas por muertes en accidentes de tráfico, 7.5 por ciento más en comparación con el mismo periodo de 2021, el año que hasta el momento ha tenido el mayor registro con 12 mil 975 casos en 12 meses completos. Cifras del año pasado reflejan un aumento de accidentes mortales de hasta el 40 por ciento en comparación con hace siete años.

Las leyes y sanciones por conducir en estado de ebriedad varían ampliamente en todo el mundo; sin embargo, en algunos países son más estrictas que en otros. Por ejemplo, en Australia, Nueva Zelanda y Canadá las sanciones por conducir bajo la influencia del alcohol pueden incluir multas muy elevadas, la suspensión o revocación de la licencia de conducir y, en algunos casos, la prisión.

El diputado Manuel Vázquez Arellano, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, señaló la importancia de que “la memoria histórica debe prevalecer en nuestra sociedad y nada mejor que a través de la educación”.

Indicó que se ha tenido comunicación con algunos funcionarios de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y que en los libros de texto para sexto de primaria saldrá “algo alusivo a los movimientos o a los acontecimientos trágicos que ha vivido nuestro país”.

Al respecto, denunció que dentro de la SEP hay resistencias y “un conglomerado de organizaciones y asociaciones civiles se oponen porque tienen muchos intereses ahí”, tanto en la toma de decisiones como a nivel imprenta.

Por ello, Vázquez Arellano hizo un llamado a “la Secretaría de Educación Pública y a la Dirección de Recursos Materiales, a no ceder ante estas organizaciones que quieren evitar no sólo que acontecimientos como el de Ayotzinapa aparezcan en los libros de texto gratuitos sino ni siquiera quieren que los libros de texto se impriman tal y como los está planteando la SEP en la actualidad”.

Recordó que, como parte del proceso de transformación, el Congreso de la Unión aprobó en mayo de 2019 la reforma educativa planteada por el Ejecutivo federal de tener una Nueva Escuela Mexicana basada en la solidaridad, el desarrollo comunitario y la conciencia social.

Además, insistió en la necesidad de retratar con veracidad y pleno respeto a las víctimas, los episodios de violencia y crímenes de Estado cometidos en las últimas décadas.

El legislador mencionó que “aparecerán en el libros de texto de sexto grado de primaria alusiones a los acontecimientos siguientes: al asesinato de Rubén Jaramillo en 1963, el tema de Tlatelolco en 1978, la matanza de estudiantes; la masacre de Aguas Blancas en 1995 que por cierto este 28 de junio se conmemora un año más; la matanza de Acteal en diciembre de 1997; y también a los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, con los estudiantes, nuestros compañeros de Ayotzinapa el 26 de septiembre del 2014”.

De esta forma, todos pueden atestiguar lo que acontece en la sociedad y se consolida una educación con memoria social al incluir dichos temas en los libros de texto como en los materiales para las y los maestros.

La diputada federal, Shirley Vázquez Romero, presentó iniciativa que reforma la Ley General de Educación, en materia de alimentación y vida saludable para las y los educandos, toda vez que estas premisas traen numerosos beneficios para las niñas, niños, adolescentes y adultos jóvenes, por lo que es indispensable que las escuelas desempeñen un papel fundamental en el desarrollo de una vida saludable y la promoción de buenos hábitos alimenticios dentro de este sector de la sociedad.

Al respecto, la legisladora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) señaló que la modificación propuesta impulsará disposiciones de carácter general para prohibir los alimentos que dañen directamente la salud de las y los estudiantes y, al mismo tiempo, fomentará aquellos que contengan mayor valor nutritivo y que coadyuven en el mejoramiento en su calidad de vida.

En este sentido, la congresista por el estado de Sonora detalló que, con esta reforma, las cooperativas que funcionen con la participación de la comunidad educativa, tendrán el compromiso de inducir estilos de vida sanos y buenos hábitos alimenticios; y su operación será con apego a los lineamientos que establezca la Secretaría de Educación Pública y a las demás disposiciones aplicables.

Reiteró que el papel de las escuelas es primordial en cuanto a la sana alimentación, especialmente para aquellos estudiantes que no tienen acceso a alimentos adecuados dentro de sus hogares, por lo que, al ofrecer opciones saludables dentro del entorno escolar, se reduce la ingesta de productos procesados y poco saludables.

“Nuestro país tristemente ocupa el primer lugar en obesidad infantil, por ello, la importancia de la presente iniciativa; ya que, una alimentación saludable, baja en grasas saturadas y colesterol, y rica en frutas, verduras, granos enteros y grasas saludables, puede ayudar a mantener una buena salud cardiovascular. Esto reduce el riesgo de enfermedades cardíacas, hipertensión y otros problemas relacionados”, finalizó la diputada del GPPT.

El senador de Morena, Alejandro Armenta dio su respalda al llamado “Plan C”, para que Morena y sus aliados ganen la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, a fin de frenar los excesos en el Poder Judicial.

Armenta recordó que de acuerdo con el artículo 39 de la Constitución Política “todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.

Dijo que en este sentido, como legislador, respaldará la iniciativa presidencial para democratizar al Poder Judicial.

El respaldo al denominado “Plan C” del Presidente, agregó, “debe demostrarse con resultados y eficiencia, buscando consensos para frenar los excesos en el Poder Judicial, incluida la elección de jueces y ministros por el pueblo”.

Refirió que en el pasado mes de abril presentó la iniciativa para democratizar el Poder Judicial e impulsar la transparencia en el manejo de los recursos, bajo el principio de austeridad.

Pero, sobre todo, para que no se violente la Constitución, particularmente el artículo 127, que establece que ningún servidor público pueda ganar más que el Presidente de la Republica.

Los ministros ganan 600 mil pesos, es decir cuatro veces más, además de los extras en viáticos manejan un fideicomiso millonario de retiro”.

Armenta puntualizó que la justicia y la democracia no admiten el saqueo en contra de las y los mexicanos, por lo que “debe asegurarse que al ser elegidos los ministros y jueces obedezcan a los intereses del pueblo, no a los privados, en la aplicación de la justicia”.