Mes: mayo 2023

El diputado federal, Ignacio Mier Velazco, expresó en entrevista que los conversatorios que inician la siguiente semana en San Lázaro, sobre el análisis de la reforma al Poder Judicial devuelven al pueblo de México el derecho a la información sobre una cuestión de la que han sido privados las y los mexicanos por anteriores administraciones.

Argumentó que, en el pasado, el pueblo no se enteraba de lo que hacían sus gobernantes, y estos, olvidaron que es el pueblo el que manda.

Por ello, señaló que lo que se quiere hacer es, “antes de preguntarles a las y los mexicanos, si ellos consideran que se debe de modificar la forma en la que se eligen a los ministros; antes de eso queremos explicarles, que sepan cómo se eligen los ministros, cuántos se eligen, qué es la Suprema Corte de Justicia”.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados comentó que el 70 por ciento de los mexicanos desconoce sobre el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, elemento que no solo acota su opinión, sino que restringe su derecho a la información.

Ante ello, señaló, “que la gente debe saber que la Suprema Corte de Justicia, los ministros, son los jefes de todos los magistrados y de todos los jueces”, para que el panorama sobre la impartición de justicia en el país no esté limitada, y se comprenda a cabalidad en verdadero engranaje de este órgano superior.

Mier Velazco recordó que de los tres poderes de los que se compone el Estado Mexicano, solo el Judicial no ha tenido una revisión sobre la forma en que se designan a los titulares del máximo órgano de justicia en México.

Finalmente, comentó que el propósito de estos espacios, es que durante los próximos 5 meses la población se entere de la propuesta y del funcionamiento del Poder Judicial, para que puedan con todas estas herramientas, opinar durante la consulta.

El diputado Ignacio Loyola Vera (PAN) presentó una iniciativa para expedir la Ley de Regulación Ética de la Inteligencia Artificial y la Robótica, cuyo objeto es regular y normar el uso de estas tecnologías con fines gubernamentales, económicos, comerciales, administrativos, comunicacionales y financieros, con apego a la ética y al derecho.

La propuesta, enviada a la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, con opinión de la de Presupuesto y Cuenta Pública, busca establecer lineamientos de políticas públicas en México para la regulación ética del uso de la Inteligencia Artificial (IA) y la Robótica dentro del territorio nacional.

La iniciativa, signada también por las diputadas y los diputados del PAN, plantea fomentar la creación de Normas Oficiales Mexicanas, basadas en principios éticos, para el buen uso de la IA y la Robótica en beneficio de la sociedad mexicana, siempre respetando los derechos humanos, la paridad entre los géneros, sin discriminación alguna por raza, origen étnico, religión, clase social o posición económica.

Crea el Consejo Mexicano de Ética para la Inteligencia Artificial y la Robótica como organismo público descentralizado, al servicio de los mexicanos; además, la Red Nacional de Estadística de Uso y Monitoreo de la Inteligencia Artificial y la Robótica y vincula a los organismos autónomos con la regulación de su uso en territorio nacional, y estipula que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía será el centro generador de información sobre el uso de la IA en el país.

En su exposición de motivos señala que es necesario comenzar a normar esta materia, pues en la actualidad las leyes no abordan a profundidad la regulación de la IA, concepto que gana terreno en todo el mundo, ante lo cual el reto es crear un marco legal y ético para su desarrollo, implementación y utilización.

Considera que la IA implica el uso de algoritmos y modelos matemáticos que procesan grandes cantidades de datos para tomar decisiones; realiza tareas que antes eran reservada a las personas, y su crecimiento “obliga a estar atentos para prevenir y analizar las posibles desventajas directas o indirectas que pueda generar su proliferación”.

La IA, precisa, presenta un acelerado y claro crecimiento en nuestro país sin regulación legal, dejando un vacío entre las leyes y su implementación.

Existe una preocupación internacional por la creación de normas y esquemas legales que proporcionen un marco regulatorio prudente y pertinente pues, considerando que es un sistema organizado para imitar la inteligencia humana y concentrar información, “su uso perverso no queda exento”, por lo que su posible utilización facciosa y manipulación constituyen un reto que se debe enfrentar.

La IA no es una moda, resalta; está en un proceso de evolución constante y no se debe perder de vista a los humanos como el centro del derecho, pues la máquina desplazará al hombre y no hay aún manera legal de detenerle. “Su desarrollo y uso en casi todos los sectores requiere urgentemente de un marco que establezca reglas claras”.

Estimó oportuno regularla desde ahora y no esperar que su utilización sea un comportamiento generalizado; “será demasiado tarde”.

La legislación propuesta consta de 19 artículos distribuidos en tres capítulos: I Disposiciones Generales, II Del Consejo Mexicano de Ética para la Inteligencia Artificial y la Robótica, y III De la Ética en el Desarrollo, Creación y Uso de la Inteligencia Artificial y la Robótica en los Estados Unidos Mexicanos, así como dos artículos Transitorios.

El diputado Juan Isaías Bertín Sandoval, de Morena, presentó una iniciativa que reforma el artículo 46 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 constitucional, para que ningún funcionario público pueda ser suspendido o cesado de su cargo sin que haya un acuerdo del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA).

La propuesta busca reformar la fracción V del artículo 46 de dicha legislación, a fin de establecer que el titular de la dependencia podrá suspender los efectos del nombramiento del trabajador hasta que el TFCA emita el acuerdo que determine la procedencia de la suspensión.

El documento, turnado a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, señala que se ha determinado que los trabajadores sólo podrán ser suspendidos o cesados por causa justificada.

Sin embargo, apunta, la Ley contiene un precepto que podría ser considerado contrario al ordenamiento constitucional y presentar antinomias en el mismo cuerpo normativo, ya que señala la posibilidad de que el titular de una dependencia pueda convenir con el sindicato correspondiente la suspensión de los efectos del nombramiento del trabajador que incurra en cualquiera de las causales de la fracción V del artículo 46.

“Esta situación deja en un escenario de indefensión al trabajador, ya que vulnera la garantía de seguridad en el trabajo y el derecho de audiencia que toda persona tiene ante una controversia laboral”, señala la iniciativa.

Explica que debe garantizarse una audiencia previa a la determinación de medidas como la suspensión del nombramiento del trabajador, a fin de dar certeza jurídica en la relación laboral.

El texto menciona que, de acuerdo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación /SCJN), al tenor del amparo en revisión 652/2014, “la discrecionalidad de la administración tiene límites infranqueables, siendo uno de ellos el respeto a los derechos humanos. Es importante que la actuación de la administración se encuentre regulada, y ésta no puede invocar el orden público para reducir discrecionalmente las garantías de los administrados. Por ejemplo, no puede la administración dictar actos administrativos sancionatorios sin otorgar a los sancionados la garantía del debido proceso…”.

Por lo anterior, resulta indispensable generar certeza jurídica para los trabajadores que son sometidos a un procedimiento disciplinario y/o de suspensión.

Esto, subraya, debido a que en varios casos se han presentado situaciones donde trabajadores al servicio del Estado han sido sometidos a procesos de separación y son suspendidos de sus funciones previo a que los tribunales dicten una sentencia, lo que les causa afectaciones personales y patrimoniales.