Mes: abril 2022

La Asociación Civil Artículo 19, alertó que, desde sus conferencias matutinas, el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha dedicado a difundir datos falsos y a cancelar el acceso a la información, lo que no solo atenta contra el derecho a la información de los ciudadanos, sino que pone en riesgo la integridad de las y los periodistas.

En su informe 2021 titulado “Negación”, la organización señaló que el presidente no solo descalifica, ataca, estigmatiza sino que además aporta datos que no son verdaderos.

Consideró que a pesar de esta negación, el ejercicio de la libertad de expresión no tiene mejores condiciones que antes del 2018.

Al respecto, destacó que en lo que va del actual sexenio se han acumulado 33 asesinatos de periodistas (hasta marzo de 2022) y la desaparición de dos más, siendo “el periodo más violento contra la prensa del que se tenga registro”, más aún que sus antecesores, Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, en los que en los mismos periodos ocurrieron 19 y 26 homicidios de comunicadores respectivamente.

Si se compara el número de agresiones documentadas contra la prensa en los tres primeros años del gobierno de Peña Nieto con lo que va del mandato de Andrés Manuel López Obrador, estas han incrementado en 85%. Tan solo en 2021, Artículo 19 documentó 644 ataques contra periodistas, es decir, uno cada 14 horas.

El aumento de la violencia en el último trienio, detalla la organización, está directamente vinculado a las omisiones de las autoridades, ya que, “por un lado, no rechazan la violencia contra la prensa y, por el otro, utilizan el poder público para agredir y censurar”, puntualizan.

Durante 2021 las agresiones más comunes contra la prensa fueron:

• Intimidación, con 199 casos (30.95%)
• Las amenazas, con 96 casos (14.91%),
• El uso ilegítimo del poder público, 64 veces (9.94%).

Estos tres tipos de ataques representan el 55.8% del total registrado.

Sobre el uso ilegítimo del poder público a través de hostigamientos judiciales, para lo que se puede recurrir a la normativa electoral, civil o penal, han aumentado año con año. Mientras en 2015, Artículo 19 documentó solo un caso de hostigamiento judicial, en 2016 se documentaron 13. Para 2019, ya eran 21 casos y en 2020 escalaron a 39 casos.

“En 2021 se documentaron 40, de los cuales 18 fueron demandas en materia electoral, ocho penales, ocho administrativas y seis civiles”.

Además, en 2021 por primera vez se registraron ataques contra la prensa en las 32 entidades del país.

La Ciudad de México con 100 ataques (15.53%); Guerrero con 52 (8.07%); Puebla con 46 (7.14%); Baja California con 44 (6.83%), y Yucatán con 39 (6.06%), son las entidades en donde más agresiones se registraron. En conjunto, estas entidades concentran el 43.63% de los atentados contra la prensa.

El reporte también señala la utilización facciosa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para defender personas funcionarias señaladas de violar derechos humanos de periodistas.

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la ministra Loretta Ortiz Ahlf no está impedida para participar en la discusión y resolución de tres impugnaciones impuestas contra la Ley de la Industria Eléctrica.

Por mayoría, el Pleno desestimó el impedimento planteado por senadores de opciones que promovieron una acción de inconstitucionalidad.

En este sentido, la oposición planteó que Ortiz Ahlf podría tener un conflicto de interés por haber sido diputada de Morena, partido que impulsa la Ley Eléctrica.

De los ministros, Alberto Pérez Dayán y Norma Lucía Piña Hernández consideraron que Ortiz tendría que excusarse del debate por su postura pública sobre el tema.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) eliminó el control que tenía el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los ahorros de la administración pública. Con lo cual ya no podrá ejercer su uso de manera discrecional.

Ante el Pleno de la Corte, la mayoría de nueve ministros votó a favor de la propuesta de Norma Lucía Piña Hernández que establece que esta facultad conferida al Ejecutivo federal en la Ley Federal de Austeridad Republicana implica que la Cámara de Diputados renuncie a su facultad exclusiva de determinar el destino y el monto del gasto público federal.

La ministra expuso que al delegar la facultad de determinar el destino y el monto del gasto público federal sobre el Ejecutivo, se frustra la función que la Constitución le atribuye a los diputados en exclusiva “en esta fase del ciclo presupuestario: ejercer un control democrático efectivo sobre el gasto público federal, autorizando el destino y monto específico del mismo”.

Cabe recordar que senadores de oposición interpusieron una acción de inconstitucionalidad ante la Corte desde 2019 en contra de la Ley de Austeridad para que el ejecutivo no tuviera control absoluto sobre los ahorros.

La agrupación Artículo-19 señala que desde las conferencias mañaneras del Presidente Andrés Manuel López Obrador estigmatiza y descalifica a los medios de comunicación y periodistas pese a mostrar información sobre temas de interés público, como el manejo de la pandemia y la vacunación, la reforma energética, el programa Gas Bienestar, las encuestas de popularidad, entre otros.

En el informe anual titulado “Negación”, la organización enfatiza que los señalamientos contra quienes ejercen el derecho a informar se agudizaron con la sección “Quién es Quién en las Mentiras” y que sea la cabeza del Estado quien defina los criterios bajo los cuales la prensa “miente o no” promueve la censura previa mediante el amedrentamiento, afectando así la pluralidad mediática.

Así lo manifestaron en el texto, la periodista Carmen Aristegui quien expresó que López Obrador no se percata que “sus agresiones y sus dichos pretenden denostar la trayectoria, la credibilidad y prestigio periodístico, los cuales son elementos fundamentales para ser periodista”.

En esa misma línea, Lourdes Mendoza, directora de Noticias en la Mira y columnista de El Financiero, reveló el impacto que para su profesión y su vida ser mencionada durante la conferencia matutina de López Obrador sobre el caso de corrupción de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, quien está demandado por la periodista por las declaraciones en su contra.

“Perdí la confianza, perdí la empatía por un presidente por el que voté. Esta experiencia nos ha marcado la vida a mí y a mi hija, pero así como he visto a muchos que nos les importan mis derechos o los derechos de una ciudadana, he visto a varios comprometidos en que pueda obtener justicia. No pido canonjías ni tratos ni favores especiales, sólo pido justicia, espero encontrarla. No la he alcanzado, pero no quitaré el dedo del renglón”, señaló Mendoza.

En entrevista con este portal, Mendoza lamentó que, a pesar de haber presentado su denuncia civil en agosto de 2020, contra el exdirector de Pemex, todavía no encuentra justicia.

“Que Lozoya se encuentre en la cárcel no me resarce el daño que me hizo. Se encuentra en la cárcel  por ser un delincuente confeso y por no aportar las pruebas para obtener el criterio de oportunidad, pero con eso yo no obtengo justicia”, sostuvo.

Lozoya Austin aseguró que, por órdenes del exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, compró y luego entregó una bolsa Chanel a Lourdes Mendoza con el supuesto fin de mantenerla “contenta” para que publicara opiniones favorables.

Cabe recordar que tras cinco años de investigaciones, la Fiscalía General de la República (FGR) concluyó que los sobornos por poco más de diez millones de dólares que la constructora Odebrecht pagó en México, fueron transferidos exclusivamente a Lozoya Austin, a través de empresas ligadas con su familia.

La organización señala que las declaraciones estigmatizadoras de las autoridades y personas servidoras públicas que califican y describen a la prensa como “fifí” y de élite, “no sólo generan un ambiente permisivo para la violencia en línea, sino que invisibilizan las situaciones de precariedad y las realidades que viven la mayoría de las y los periodistas, lo que, por tanto, los vulnera”.

Artículo-19 remarca que ser mencionado en las “mañaneras” implica lidiar con campañas de desprestigio a gran escala en cuestión de minutos: “Los mensajes de descalificación se replican cientos de veces en las redes sociales y las investigaciones e información de la prensa se ahogan en una lluvia de insultos que al final daña la credibilidad de los periodistas, la cual es esencial para el ejercicio de sus funciones”.